Iniciativa contra Ley 30723, promotora de carreteras en Ucayali y considerada peligrosa para pueblos no contactados, es impulsada por congresista indígena Tania Pariona. En su lugar se propone declarar de prioridad e interés nacional la protección de las áreas naturales protegidas y los derechos de los PIACI en Ucayali y Madre de Dios.
Servindi, 2 de febrero, 2018.- Ante la aprobación de la Ley Nº 30723, promotora de las carreteras en la amazónica región de Ucayali, y considerada atentatoria contra los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), la respuesta para frenar este cometido no se hizo esperar.
Así, el Proyecto de Ley Nª 2354 para la derogatoria de la Ley Nº 30723 propone declarar de prioridad e interés nacional la protección de las áreas naturales protegidas y los derechos de los PIACI en Ucayali y Madre de Dios.
“La protección a los PIACI es urgente porque, por su situación de aislamiento, no han desarrollado su sistema inmunológico, por lo que el contacto foráneo que traería la construcción de carreteras podría generarles graves enfermedades, epidemias y causar la muerte", expresó la congresista Tania Pariona, impulsora de la iniciativa.
De esta forma la legisadora de Nuevo Perú remarcó la vulnerabilidad extrema de estas poblaciones ante la posibilidad de abrir accesos que atraviesen sus territorios, y también agregó que "por este motivo, esta Ley [Ley Nº 30723] impedirá sus prácticas de subsistencia como la búsqueda de alimentos”.
En ese sentido, el Proyecto de Ley Nª 2354 a su vez plantea que los Gobiernos Regionales de Ucayali, Madre de Dios y Ministerio de Cultura elaboren una estrategia para proteger de los PIACI que habitan las Reservas Indígenas Isconahua, Murunahua, Mascho Piro y Reservas Territoriales Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, Nanti y otras.
De otro lado, la Ley Nº 30723 –promulgada el 15 de enero por el presidente del Congreso Luis Galarreta– declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en el departamento de Ucayali.
Asimismo, dicha ley se aprobó sin la opinión de los organismos técnicos y políticos competentes, ignorando las advertencias formuladas oportunamente.
Así, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Defensoría del Pueblo opinaron desfavorablemente a la referida norma.
Añadir nuevo comentario