El viernes 3 de diciembre tanto el Ministerio de Salud como la Dirección Regional de Salud de Loreto deben informar al Juez de Iquitos si han cumplido con la sentencia de Cuninico.
Por Juan Carlos Ruiz Molleda*
1 de diciembre, 2021.- El viernes 3 de diciembre a las 9 a. m. en el 2.º Juzgado Civil de la Corte de Justicia de Loreto se realizará la audiencia de seguimiento de ejecución de la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte de Justicia de Loreto.
Las comunidades exigen que se tomen muestras a las 2 mil personas pertenecientes a las cuatro comunidades afectadas por el derrame: Cuninico, Santa Rosa, San Francisco y Nueva Esperanza.
Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Direccion Regional de Salud de Loreto (Diresa Loreto) solo ha tomado muestras de sangre a 600 personas de las cuatro comunidades afectadas, y cree que ya cumplió con su trabajo.
El MINSA y la Diresa Loreto no pueden visitar de un momento a otro a las comunidades sin avisar. Deben coordinar previamente con los apus su viaje a la zona para que las comunidades se preparen y los puedan recibir.
Los comuneros tienen que hacer chacra, ir a pescar o viajar. No es posible que lleguen los funcionarios del sector Salud sin avisar y deje a la mayoría sin tomarles sus muestras respectivas.
En la audiencia primero informará el MINSA y la Diresa Loreto. Luego, harán uso de la palabra los apus de las cuatro comunidades y una madre indígena por cada comunidad, para dar su versión sobre la demora en la ejecución de la sentencia.
Para quienes deseen profundizar en el tema compartimos el enlace a algunos documentos esenciales:
1. Plan de Salud elaborado por Diresa Loreto, pero que fue reelaborado con las comunidades por orden del Juez a petición de las comunidades nativas:
2. Enlace a la audiencia anterior de seguimiento a la ejecución de sentencia:
3. Sentencia de la Sala de Loreto que confirma la sentencia de primera instancia:
4. Testimonio de Loyra de la Comunidad Nativa de San Francisco
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*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado de la PUCP, con especialización en derecho constitucional y Coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL) y especialista en derechos de los pueblos indígenas.
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