Servindi, 8 de junio, 2020.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Janeth Apari y Renzo Anselmo
Mundo Indígena al 7 de junio de 2020
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Golpe a la institucionalidad ambiental en el Día del Ambiente. El despido arbitrario e ilegal de Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), ocasionó el rechazo inmediato de la opinión pública.
Su destitución es calificada de "atentado en contra de la institucionalidad y gobernanza del sector forestal" en un pronunciamiento de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas.
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) aclarar las razones para destituirlo cuando él llegó al cargo en mérito a un concurso público.
Su nombramiento por cinco años se efectuó para garantizar la independencia y continuidad en la gestión adecuada de los recursos forestales y de fauna silvestre.
Gonzales-Zúñiga trabajaba en acciones para la trazabilidad de la madera y se había convertido en una “piedra en el zapato” para las mafias que trafican con la madera de origen ilegal.
Moratoria forestal. Una moratoria de la actividad forestal maderera para garantizar la vida de los pueblos amazónicos y conservar la diversidad biológica formuló la organización indígena nacional Aidesep.
En una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra, señala que la reactivación forestal aceleraría el contagio en la población indígena, cuyos territorios ya están siendo amenazados.
Los taladores ilegales aprovechan la cuarentena para seguir activos con impunidad y con "la reactivación forestal tendrán la excusa para lavar sus actividades» debido al alto nivel de informalidad en el sector.
Proteger la biodiversidad. La Defensoría del Pueblo solicitó al Estado peruano fortalecer sus estrategias para luchar contra las actividades ilegales, como la pesca, minería y tala ilegal, la caza y tráfico ilegal de especies.
Para tal efecto, recomienda intensificar la fiscalización ambiental, fortalecer la persecución de estos delitos e implementar acciones para proteger la biodiversidad.
«Desastre y no solo emergencia sanitaria». El abogado y docente Antonio Peña considera importante activar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres ante el avance de la pandemia.
El Estado debe atender no solo a los infectados sino también a los "damnificados" ya que la pandemia "ha generado más pobreza, mayor desempleo y riesgos de subsistencia en algunos grupos sociales", sostiene Peña Jumpa.
Polémica sobre reconocimiento de «pueblos». Las organizaciones indígenas ORPIAN, CORPI y Fediqueq rechazaron la propuesta de reconocimiento de pueblos sustentada por el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).
Salomón Awananch, presidente de ORPIAN, afirmó que la propuesta de autoidentificación de pueblos y personalidad jurídica asesorada por el IIDS es peligrosa porque puede generar divisionismo y fragmentación.
Por tal motivo, ORPIAN, CORPI y el Gobierno Wampís presentaron a la Comisión de Pueblos del Congreso una propuesta distinta que corresponde a los procesos de autonomía de los pueblos.
Estos procesos comprenden a los pueblos amazónicos Awajún, Wampis, Chapra, Kandozi, Shawi, Shiwilu, Quechua del Pastaza y Kukama–Kukamiria.
Tratado de derechos humanos en materia ambiental. La Defensoría del Pueblo recomendó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso emitir un dictamen favorable al proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo de Escazú.
Escazú es el primer tratado de derechos humanos que protege y favorece los derechos a la información, participación, justicia y seguridad de las personas en materia ambiental.
Río Tigre pide auxilio. La comunidad kichwa Doce de Octubre, en el distrito del Tigre, protestó por el abandono del establecimiento de salud comunal, el cual debe atender a casi mil personas.
Rosa Dahua, apu de la comunidad, pidió "medicinas lo más pronto posible" así como "doctores, enfermeras". Indicó que no cuentan con mascarillas ni implementos médicos.
Rosa exige el cambio de categoría de la posta a centro de salud I-3, como se acordó con la DIRESA Loreto, para atender a la población afectada por la contaminación petrolera.
Comunidades de Requena piden auxilio. Las comunidades ubicadas en los ríos Ucayali, Puinahua y Tapiche pidieron auxilio ante la pandemia en la provincia Requena, informó radio La Voz de la Selva.
Varias de esas comunidades carecen de un centro de salud y los más cercanos están desabastecidos y operados solo por una enfermera u obstetra, sin apoyo ni equipos.
Los traslados hacia la ciudad de Requena pueden demorar hasta 6 horas desde distritos como Maquía, indicó la emisora radial.
Piden suspender pesca. Pescadores industriales y artesanales alertaron sobre la rápida propagación de la pandemia en el sector pesquero y piden suspender la temporada de pesca 2020 y la actividad industrial pesquera.
Consideran "irracional" la política de reactivación económica que para ellos está "desprovista de protocolos" y provista de un "excesivo afán rentista a favor del empresariado pesquero".
Desde el inicio de la temporada de pesca de anchoveta, ya van 118 pescadores contagiados en actividad y 5 fallecidos.
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