Por José De Echave
CooperAcción, 15 de diciembre, 2016.- El diputado canadiense John McKay, ha señalado que se estaría pensando crear un Ombudsman que tendría como misión central recibir quejas sobre el comportamiento de empresas de ese país que operan en cualquier parte del mundo. De esta manera, en principio los sectores que se sientan afectados por la actuación de las empresas canadienses podrían canalizar sus reclamos en ese país.
La creación de este espacio intentaría dar una respuesta a los graves problemas generados por empresas de ese país en diferentes regiones en el mundo. Como se sabe, varias empresas canadienses, sobre todo las vinculadas a actividades extractivas como la minería, han estado envueltas en serias controversias en Asia, África y en las Américas. En América Latina, entre los casos recientes, podemos citar el de Barrick y el derrame de cianuro en la mina Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina), el proyecto Pascua Lama en Chile; las demandas en contra de la empresa Hud Bay por casos de violación de derechos humanos en Guatemala, entre varios otros.
Por el momento se esperan mayores precisiones sobre cuáles serían las competencias de esta oficina y si se va a generar un marco verdaderamente vinculante para la rendición de cuentas de las empresas. Como lo señala la abogada canadiense Karyn Keenan, de la institución Above Ground, el pasado mes de noviembre una red de instituciones que promueven la rendición de cuentas de las empresas (CNCA por sus siglas en inglés), propuso un proyecto de ley para la creación de un ombudsman (http://cnca-rcrce.ca/campaigns-justice/ombudsperson/), que planteaba los siguientes aspectos:
- Total independencia del gobierno canadiense.
- Participación obligatoria de las empresas.
- La realización de investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas con un conjunto de estándares establecidos.
- Procesos transparentes, lo que comprende que los informes y las recomendaciones sean públicas.
- Seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones.
- Dejar abierta la posibilidad de crear un mecanismo para que las empresas pierden acceso a las múltiples formas de apoyo que brinda el gobierno canadiense en caso de no cumplir con las recomendaciones.
También se propone que el gobierno canadiense facilite a los afectados el acceso a las cortes de ese país. Habrá que ver si estas recomendaciones son tomadas en cuenta en la definición final de la misión del Ombudsman.
¿Qué efectos puede tener esta oficina para el Perú?
Desde la década del 90 del siglo pasado, las empresas canadienses comenzaron a llegar al Perú, llegando a jugar un rol muy importante en la puesta en marcha de proyectos de envergadura, la adquisición de unidades en producción a través del proceso de privatización y una intensa labor de exploración llevada adelante por sus empresas junior. Allí están los proyectos de Antamina, Pierina, Lagunas Norte, la compra de la refinería de zinc de Cajamarquilla, Constancia en Chumbivilcas, entre varios otros.
Sin embargo, en los últimos 15 años el protagonismo de la inversión minera canadiense en el Perú ha ido disminuyendo, básicamente por el proceso de fusiones y adquisiciones de empresas a nivel global -lo que provocó que varias firmas de ese país terminen siendo absorbidas por grandes conglomerados- y por la disminución de las actividades de las propias empresas junior, dedicadas a labores de exploración: cabe señalar que el 90% de las empresas mineras canadienses en el Perú son junior.
En la actualidad las principales empresas canadienses con presencia en el Perú, son Teck (Antamina), Barrick (Pierina y Lagunas Norte), Hud Bay (Constancia), Pan American Silver (Huarón y Quiruvilca), entre las unidades que se encuentran en producción. Otras como Bear Creak, Candente Copper en Lambayeque y Sulliden en Cajamarca, vienen desarrollando una intensa labor de exploración en el sur del Perú. Según la Cámara de Comercio de Canadá, el número de empresas mineras canadienses se redujo de 93 a 64 en los últimos años.
Como se puede apreciar en los gráficos siguientes, actualmente Canadá da cuenta de apenas el 4% del saldo de la inversión directa extranjera en el Perú, aunque ocupa el tercer lugar en la cartera estimada de proyectos en minería, con una inversión comprometida de US$ 9,877 millones (el 16.9% del total). Además, en las últimas décadas, el grueso de la inversión canadiense se ha dirigido al sector minero.
Varios de los emprendimientos de empresas canadienses en el Perú han estado envueltos en serios conflictos sociales: los casos de Tambogrande (Manhattan Minerals), Santa Ana (Bear Creak) y la propia situación que se vive en la zona de influencia de Constancia (Hud Bay), son algunos ejemplos de relaciones conflictivas que en diferentes momentos provocaron fuertes estallidos sociales.
Además, hay que señalar que la empresa Bear Creak ha iniciado un proceso de arbitraje en contra del Estado peruano, luego del conflicto por el proyecto Santa Ana en Puno: la demanda es por US$1,200 millones de dólares, al amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Habrá que observar cómo se termina de configurar esta nueva oficina del Ombudsman en Canadá y si por ejemplo será de utilidad para alguna población afectada por una empresa minera de ese país. Lo cierto es que este tipo de decisiones muestran que los conflictos en torno a la minería en el mundo continúan generando serias controversias y afectan derechos de poblaciones enteras. Al mismo tiempo se necesita seguir pensando en la construcción de verdaderos espacios que enfrenten y corrijan las flagrantes situaciones de inequidad.
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