Existe un fuerte lobby para convertir al hidrógeno verde en un commodity al servicio de los intereses de los países centrales. Es decir, se lo promueve para una transición energética corporativa, que solo plantea en reemplazar los combustibles fósiles por otros energéticos con cualidades similares sin cuestionar la naturaleza energívora del capitalismo.
Por Hernan Scandizzo y Leonardo Salgado*
Resumen Latinoamericano,18 de octubre, 2022.- La utilización de los hidrocarburos como energético puede ser rastreado muy lejos en la historia de la humanidad, sin embargo, su uso masivo se extendió a lo largo del siglo XX y fue clave para el desarrollo capitalista, incluso para la globalización. Su elevada tasa de rendimiento energético y las posibilidades que brinda de almacenamiento y transporte, lo colocaron en ese lugar destacado, sobre todo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, a medida que se agotan los yacimientos de más fácil extracción, se avanza sobre formaciones geológicas más complejas (esquistos y arenas compactas, yacimientos en aguas ultraprofundas, etc.), que demandan mayores inversiones para la extracción de gas y petróleo, con un rendimiento energético menos favorable (eso sin contar que se incrementan también los riesgos ambientales, sociales y laborales, los cuales quedan fuera de los cálculos corporativos).
Por otra parte, el calentamiento global, como expresión de la actual crisis civilizatoria, ubica en el centro del problema a la combustión de fósiles (carbón, petróleo y gas) como el principal causante de la crisis climática.
La invasión de Rusia a Ucrania puso en pausa las metas gubernamentales y corporativas de paulatino abandono de los combustibles fósiles para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, el conflicto armado no detuvo la búsqueda de un energético para reemplazar a los hidrocarburos, por el contrario, también forma parte de la disputa por reconfigurar la geopolítica de la energía. En la transición a otras fuentes se plantea avanzar en la electrificación del sector energético, pero no todo es electrificable, y es ahí donde, se piensa en el hidrógeno (H2) como vector para almacenar energía. Un hidrógeno que, debido a la emergencia climática, debería ser obtenido de manera limpia.
Extractivismo ‘bueno’
A pesar de ser el elemento más común en la naturaleza, el hidrógeno no existe en estado libre en nuestro planeta, hay que obtenerlo por diferentes vías: a partir del reformado del gas natural produciendo emisiones de CO2 (hidrógeno gris), o capturando y almacenando esas emisiones (hidrógeno azul), o a partir de la electrólisis del agua, sin emisiones de CO2 si se utilizan energías renovables (hidrógeno verde). El elemento es siempre el mismo (de hecho, es incoloro), lo que varía es el modo de producirlo.
De máxima, la apuesta corporativa frente a la actual crisis energética es utilizar el hidrógeno en un amplio rango de usos, desde calor industrial y residencial hasta movilidad. Actualmente, más del 90 % de las casi 90 millones de toneladas de hidrógeno que se producen anualmente en el mundo se obtienen a partir del gas natural sin captura del CO2 emitido (hidrógeno gris), y prácticamente todo se destina a la producción de fertilizantes, refinación del petróleo y otros usos industriales.
La infraestructura que se requiere para generar la cantidad de energía necesaria para la producción del hidrógeno verde que el Norte Global supuestamente demandará en los próximos años, es decir, parques eólicos, granjas fotovoltaicas, centrales hidroeléctricas, etc., es a escala mega, y requiere la ocupación de enormes superficies. Los países del Norte Global saben que no podrán generarla en sus propios territorios, es por esto que en los últimos años un número importante de empresas y gobiernos han vuelto la mirada hacia los países del Sur Global, sobre todo hacia aquellos que poseen condiciones geográficas óptimas (buenos vientos, buena radiación solar y disponibilidad de agua, preferentemente dulce).
En el mismo sentido, la escala en la que se impulsa a la producción de hidrógeno verde requiere la profundización de la megaminería para proveerse, sobre todo, de aquellos metales y materiales necesarios para la infraestructura de captación de esas energías (cobre, oro, plata, platino, tierras raras, etc.). Nuevamente, los países del Sur Global son quienes garantizarían los minerales que las corporaciones demandarán. Paradójicamente, esta vía verde supone incrementar el uso de los combustibles fósiles que se pretende reemplazar. Tanto la minería, como la construcción, instalación y mantenimiento de toda la infraestructura en renovables, en la actualidad, es impensable sin la utilización de combustibles fósiles.
¿Verde o Azul?
La posición del gobierno nacional con respecto al hidrógeno verde no es clara. Reconoce la oportunidad de una importante demanda futura de hidrógeno, pero parece apostar por la producción de todos los tipos. La propia Agencia Internacional de la Energía, en su documento Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, anticipa que para el 2030 el mundo demandará unas 140 millones de toneladas de hidrógeno “bajo en carbono”, del cual un poco menos de la mitad será azul. Como dijimos, el hidrógeno azul se obtiene a partir del gas metano, pero capturando y almacenando el CO2 emitido, un método que no posee antecedentes exitosos en ningún lugar del mundo.
El desacuerdo en torno al peso que debería tener el hidrógeno azul en una estrategia nacional es seguramente una de las razones por la que Gobierno y empresas no han podido avanzar en la sanción de una ley de promoción del hidrógeno. Detrás de esa presunta negativa del gobierno a volcarse 100 % al hidrógeno verde, se encontrarían las compañías petroleras, deseosas de prolongar la vida del negocio de los combustibles fósiles. El hidrógeno azul aparece como una vía complementaria para inyectar en los mercados las grandes reservas de gas de Vaca Muerta y de los yacimientos costa afuera de la cuenca Austral.
Con relación a los proyectos de ley presentados a la fecha en el Congreso de la Nación, se encuentran iniciativas para la promoción del hidrógeno sin distinción de colores, como el de la diputada fueguina Rosana Bertone (Frente de Todos), que propone prorrogar por 15 años los beneficios previstos en la Ley 26.123 de Promoción del Hidrógeno, sancionada en 2006, y suma beneficios para emprendimientos que efectúe la empresa estatal IEASA. En tanto, el senador rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) promueve la creación de un Instituto para la Promoción del Estudio y Uso del Hidrógeno.
El proyecto del senador Agustín Torres (Integración y Desarrollo Chubutense), por su parte, promueve el desarrollo de la tecnología, la producción y el uso del hidrógeno de origen renovable como combustible y vector de energía y como insumo para procesos químicos e industriales. En la misma dirección, la iniciativa del diputado pampeano Martín Maquieyra (PRO), plantea que el Estado nacional dé asistencia técnica para propiciar la viabilidad de los proyectos de producción de hidrógeno verde. Además de los beneficios otorgados por la ley 26.123, incorpora arancel 0% para la compra de equipos importados que no se fabriquen en el país y que no puedan ser reemplazados; líneas de crédito con tasas preferenciales y que por el plazo de un año el gobierno nacional se haga cargo del 50% de las contribuciones patronales de las personas directamente afectadas al proyecto.
Por último, el proyecto del diputado Gustavo Menna (UCR) de Chubut, orientado a la promoción del hidrógeno renovable (o sea verde, aunque también se hace mención al hidrógeno “bajo en emisiones”), contempla estabilidad fiscal por un término de 20 años y toda una serie de beneficios impositivos y exenciones arancelarias. Para la elaboración del proyecto, el diputado chubutense dice haber tomado en cuenta los aportes del Consorcio H2Ar, aunque este consorcio promueve el hidrógeno en general, sin distinción de colores, en sintonía con los deseos del lobby petrolero.
En efecto, en la publicación Resúmenes de Resultados 2021 las empresas y sectores oficiales nucleados en el Consorcio H2Ar sostienen “el hidrógeno producido por reformado de gas natural con captura de emisiones (hidrógeno azul) aparece como una oportunidad para posicionar al país como exportador de moléculas limpias en forma temprana, mientras que se desarrolla la cadena del hidrógeno producido por electrólisis utilizando renovables”. En otras palabras: hay que empezar con el azul hasta que madure el verde.
Fostercue, la nave insignia
En Argentina hay varios proyectos de producción de hidrógeno verde, el más conocido es el de la multinacional Fortescue Future Industries (FFI), subsidiaria de la minera australiana Fortescue Metals, propiedad del magnate Andrew Forrest. La intención de FFI de desarrollar este proyecto fue anunciada por el presidente Alberto Fernández en la 26 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, llevada a cabo en Glasgow (Escocia), en noviembre de 2021. El Gobierno habló en ese momento de una inversión de 8.400 millones de dólares y la creación de unos 60 mil empleos directos e indirectos, números que la multinacional nunca confirmó, al menos públicamente.
A nivel global, FFI viene realizando convenios de dos tipos. Uno para producción de hidrógeno verde con los gobiernos de países del Sur Global, como Jordania, Djibouti, Papúa y Nueva Guinea, República Democrática del Congo y Brasil (con el estado del Ceará, uno de los más empobrecidos de ese país). Y otro para la distribución de ese hidrógeno con empresas con presencia en países del Norte Global, como Firstgas, en Nueva Zelandia, E.ON, en Alemania, o Ryze Hydrogen, en Reino Unido.
Con nuestro país, FFI suscribió un convenio del primer tipo. En agosto de 2021, la empresa firmó una carta de intención con la provincia de Río Negro y el gobierno nacional para la instalación de un complejo industrial en cercanías de la localidad de Sierra Grande, sobre la costa atlántica. La provincia reservó para la ubicación de ese complejo un área de 650 ha correspondientes a una zona franca. Allí FFI instalaría un número no precisado de electrolizadores, una planta de producción de amoníaco, una planta desaladora y un puerto de aguas profundas en el sector conocido como Punta Colorada. El complejo industrial obtendría la energía mediante uno o más parques eólicos ubicados, en un principio, en la meseta de Somuncura, un área natural protegida (ANP) de gran valor natural y cultural, y espiritual para las comunidades originarias que la habitan (y que no fueron consultadas por el gobierno provincial, en clara violación del Convenio 169 de la OIT).
A principios de 2022, FFI presentó formalmente su iniciativa, la cual fue aprobada por el Ejecutivo rionegrino y declarada de interés público provincial por la Legislatura. También la Legislatura afectó al proyecto un total de 625 mil ha de tierras fiscales por el término de 50 años, prorrogables por otros 25 (Art. 4. Ley 5560). En esas tierras, ubicadas dentro del ANP, se instalaría la infraestructura requerida por el proyecto para la generación y transporte de energía eléctrica (parques eólicos, líneas de transmisión, etc.).
En la ley 5560, sancionada el 20 de abril de 2022, se brindan algunas precisiones sobre la iniciativa presentada por la empresa. Se menciona allí una primera etapa, para fines de 2026, con capacidad de producción de 40 mil toneladas anuales de hidrógeno verde y 270 mil toneladas anuales de amoníaco verde. Y una última fase, a fines de 2038, con una capacidad de producción de 1,36 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde y 7,48 millones de toneladas de amoníaco verde. Obviamente, esa producción requerirá de enormes cantidades de energía, al igual que de ingentes cantidades de agua desalinizada. Sólo la producción de esas 1,36 millones de toneladas de hidrógeno demandaría, aproximadamente, un tercio del total de la energía eléctrica consumida en Argentina en 2021.
queda muy claro que todo el hidrógeno producido será exportado (en principio utilizando el amoníaco como vector) a los países del Norte Global, con la tibia excusa de que en el país no existe un mercado interno
De la lectura del proyecto de FFI y de las declaraciones de funcionarios del gobierno y de la propia empresa queda muy claro que todo el hidrógeno producido será exportado (en principio utilizando el amoníaco como vector) a los países del Norte Global, con la tibia excusa de que en el país no existe un mercado interno. Esto último es falso, ya que anualmente se producen cientos de miles de toneladas de hidrógeno a partir del gas natural (hidrógeno gris), casi exclusivamente con fines industriales (sobre todo en petroquímica).
La Cámara Argentina de Energías Renovables (CAdER), en un documento reciente, señala: “Actualmente Argentina utiliza más de 400.000 toneladas anuales de hidrógeno para distintos procesos industriales que bien podrían ser del tipo ‘verde’ para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además aumentar la eficiencia de sus ciclos de producción.” Definitivamente, la descarbonización de la matriz energética nacional y provincial no está entre los objetivos del proyecto de FFI.
Principales impactos socioambientales que plantea el proyecto de FFI
- Sobre los derechos de las comunidades de Pueblos Originarios. El anuncio de la instalación de uno o más parques eólicos en territorio mapuche tehuelche ya ha generado rechazo. Esa zona es habitada por más de 30 comunidades originarias, las cuales no han sido consultadas sobre el proyecto.
- Planta de amoníaco. El transporte de hidrógeno plantea una serie de problemas técnicos. De allí que la opción que se baraja es hacerlo utilizando amoníaco como vector. Para ello, el proyecto de FFI contempla la instalación, en el mismo predio cedido por el gobierno, sobre la costa atlántica, de una planta de producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde y de nitrógeno atmosférico. El amoníaco es altamente tóxico y corrosivo, y una planta para producirlo es potencialmente muy dañina para los ecosistemas marino costeros y las poblaciones aledañas.
- Parques eólicos: La cantidad de molinos a instalar es incierta, se habla de 400, 800 y hasta de 1600. De todas formas, es claro que impactarán en la población que habita la meseta, como ya ocurrió en otros lugares, dado que implica, de base, un cambio en el uso del suelo. Por cada turbina de 5MW se cuentan 50 toneladas de material de aspas. De modo que, para un parque de 400 molinos, se requerirán unas 20 mil toneladas de un material muy difícil de reciclar, lo que supone un serio problema con el que deberá enfrentarse al terminar la vida útil del parque, dentro de 20 o 25 años.
- Planta desaladora: El principal impacto ambiental de la desalinización del agua de mar es la generación de salmuera, un residuo que normalmente es volcado al mar. La salmuera posee una salinidad de hasta dos veces superior a la del agua marina y suele llevar consigo una concentración de ciertos metales, como cobre, cromo, níquel, hierro y molibdeno, en concentraciones superiores a las que se encuentran en el medio marino. También trazas de metales provenientes de la corrosión de las instalaciones de la planta y distintas sustancias químicas utilizadas en el proceso de desalinización.
La escala del proyecto de FFI supone la producción de enormes cantidades de salmuera. El volcado en las aguas del Golfo San Matías de toda esa salmuera producirá sin duda impactos ambientales de gran magnitud, sobre todo por tratarse de un ambiente oceanográficamente sensible, y por efectuarse en un punto ubicado entre dos áreas naturales protegidas: Puerto Lobos, al sur (de jurisdicción provincial), e Islote Lobos, al norte (nacional). Cabe destacar que inmediatamente al norte de la zona proyectada para el emplazamiento del complejo industrial se encuentra Playas Doradas, uno de los balnearios más visitados y con mayor proyección de la provincia. También en Sierra Grande – Punta Colorada YPF pretende instalar un puerto para la exportación de crudo, lo que demandaría la realización de una evaluación integral de ambos proyectos por los impactos sinérgicos en el golfo.
A principios de julio se conoció que FFI reorientaría el proyecto, puso en pausa la instalación de las torres de medición de vientos en el área de la meseta de Somuncura, previa al emplazamiento de los parques eólicos, hasta tanto se modifique el plan de manejo del área natural protegida. Una decisión que, sin duda, es el resultado de la lucha de las comunidades originarias y de numerosas organizaciones ambientalistas en oposición al proyecto. Además, en medios periodísticos, trascendió que los parques eólicos podrían ser instalados en los alrededores de Sierra Grande y en campos que FFI compró en el noreste de Chubut.
Otros proyectos en el país
Tierra del Fuego. En junio el gobierno fueguino presentó su plan estratégico para la producción de hidrógeno verde, contando con la ventaja del Régimen de Promoción Económica del que goza la provincia. La firma estadounidense MMEX Resources Corporation anunció una inversión de 500 millones de dólares en un proyecto que contempla la producción de hidrógeno verde a partir de energía eólica y su transporte en forma de amoníaco. Prevé la construcción de un parque de 300 MW en Río Grande, el que se desarrollaría mediante un acuerdo tecnológico con Siemens Energy. No hay información sobre la fuente de agua desde la que se abastecerá para la electrólisis. La fecha prevista para iniciar la producción es 2025. Como provincia productora de gas, Tierra del Fuego también aspira a producir hidrógeno azul.
Buenos Aires. En octubre de 2021, la compañía energética estatal Integración Energética Argentina (IEASA) anunció que está desarrollando un proyecto con el Instituto Fraunhofer de Alemania para producir hidrógeno y amoníaco verdes en Bahía Blanca, con el doble objetivo de abastecer al Polo Petroquímico y exportar. El plan contempla la instalación de un parque eólico de 200 MW y un electrolizador. Cabe destacar que el Instituto Fraunhofer también tiene intenciones de exportar hidrogeno verde a Alemania desde Río Negro. El informe que este instituto elaboró para el gobierno rionegrino en 2021 aún forma parte del Plan Estratégico Hidrógeno Verde Río Negro.
Jujuy. La provincia norteña pretende producir, en una primera fase, unas 3 mil toneladas anuales y llegar, en fases siguientes, a las 400 mil toneladas anuales de hidrógeno verde, utilizando energía de su parque solar fotovoltaico Cauchari. El proyecto apunta a la exportación pero también al consumo local, incluso a la minería de litio. Para ello se pretenden afectar unas 10 mil ha en la Puna. La exportación sería por el océano Pacífico, a través del puerto de Antofagasta (Chile), utilizando gasoductos, aunque no se descarta el despacho de hidrógeno envasado a través de los puertos de Rosario y Buenos Aires. Un tema que llama la atención por su ausencia en la información que circula es el del agua. ¿De dónde se extraerá el agua para la producción del hidrógeno verde jujeño? Muy probablemente del subsuelo, de reservas de agua fósil.
No es el hidrógeno, es el modelo
El hidrógeno, eventualmente, podrá jugar un rol en la transición energética justa y popular, sobre todo en ciertos sectores, como la producción de fertilizantes o incluso la movilidad de vehículos pesados o la navegación. Como plantea Gabriela Cabaña Alvear,
“la exploración del hidrógeno debería ir de la mano de una planificación para un descenso en la disponibilidad y consumo de energía, de un modo que no empeore, sino que mejore el bienestar de las mayorías. Bajo esta perspectiva, hablar del proyecto del hidrógeno requiere enfrentar, en toda su complejidad, el fin de la civilización fósil de crecimiento económico ilimitado.” (https://opsur.org.ar/2022/06/23/las-mil-promesas-del-hidrogeno-verde/)
Sin embargo, existe un fuerte lobby para convertir al hidrógeno verde en un commodity al servicio de los intereses de los países centrales. Es decir, se lo promueve para una transición energética corporativa, que solo plantea en reemplazar los combustibles fósiles por otros energéticos con cualidades similares sin cuestionar la naturaleza energívora del capitalismo. En esa sintonía están los diferentes proyectos que se anunciaron en Argentina, de los cuales FFI es la nave insignia.
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* Leonardo Salgado es de la Universidad Nacional de Río Negro. CONICET, y Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
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