Por: Ronald Ordoñez
Noticias Ser, 28 de abril, 2019.- Desde el último jueves la empresa minera Yanacocha ha venido difundiendo un comunicado sobre un peritaje en el marco del proceso civil contra la familia Chaupe Acuña, avivando nuevamente la polémica en torno a los casos judiciales que en los que ambas partes vienen litigando. Esto ocurre mientras ambas partes esperan al próximo 3 de mayo, fecha en la que la Corte Suprema dará a conocer la sentencia luego de la revisión del recurso de casación presentado por Yanacocha, en el proceso penal que dio la razón a la familia.
El comunicado hace referencia al peritaje realizado por orden del Juzgado Mixto de Celendín en el marco de uno de los procesos civiles que mantiene Yanacocha con la familia Chaupe Acuña, para determinar la ubicación del predio en litigio, así como quienes y desde cuándo se encuentran en posesión. De este modo, en una de sus conclusiones se señala que:
“No se puede determinar sobre base técnica o científica la ubicación del predio mencionado en el Certificado de posesión de fecha 16 de enero de 1994, otorgado a Jaime Chaupe Lozano y Máxima Acuña Atalaya (…) El certificado de posesión carece de coordenadas o de otros datos que permitan concluir científicamente que el predio se ubica en el lugar que indica la señora Acuña, y que no existe en el expediente judicial ningún otro documento público u oficial que avale la versión de dicha señora”.
Minera Yanacocha a través de su comunicado ha dejado en evidencia la conformidad con los resultados, describiendo que: “Los resultados del informe reflejan que las más de 10 defensas posesorias realizadas pacíficamente por la empresa en los últimos dos años, se han hecho en el marco de la ley. Además, que el área y perímetros verificados por los peritos coinciden con el título de propiedad de Yanacocha. También concluye que la posesión del terreno la ejerce Yanacocha, que no existen actos posesorios de la familia Chaupe”. Del mismo modo, se hace referencia a una de las conclusiones de los peritos que tiene ver con el comportamiento de la familia y en el que se afirma que se tratan de “actos perturbatorios” en el terreno en litigio.
Al respecto, la ONG Grufides, desde donde se brinda la asesoría legal a la familia Chaupe, ha respondido con otro comunicado, criticando la conclusión de los peritos al referirse a “actos perturbatorios” o ejercicio de posesión, pues no serían objeto del peritaje y tampoco para discusión en el proceso civil, que solo evalúa el tema de la propiedad. Asimismo, se aclara que los resultados del peritaje fueron compartidos recientemente y que se realizarán las observaciones correspondientes.
Posteriormente, la abogada de la familia, Mirtha Vásquez, ha manifestado que el peritaje no cumple con los objetivos planteados al no identificar el predio de la familia Chaupe por no existir información técnica como coordenadas: “En ese año (1994) era imposible que se establezcan coordenadas, pero el objetivo era que precisamente, ante la ausencia de ubicación, pudieran identificar”, dijo en entrevista con medios locales, agregando que con el comunicado de la empresa se buscaría distorsionar la información: “La empresa ha salido con este comunicado dando la sensación de que se les ha dado la razón y eso es mentira. No es un pronunciamiento de ningún juez. Es una prueba de las tantas que se van a ver en el proceso”, dijo.
Finalmente, Mirtha Vásquez también ha cuestionado que los peritos señalen que la familia ha estado incurriendo en actos perturbatorios: “No es materia del proceso civil y deben ceñirse a la delimitación de las propiedades. No es un proceso penal”, remarcó.
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