Un juicio que puede develar cómo opera la ilegalidad maderera

Una probable acusación fiscal a raíz de la más grande inmovilización de madera de origen ilegal en el Perú podría iniciar un juicio revelador sobre cómo operan los intereses madereros en el aparato público y echar luz sobre algunos funcionarios detrás de la destitución del exdirector ejecutivo del Serfor.

Por Equipo de Investigación de Servindi

27 de junio, 2020.- En suspenso por la pandemia. El confinamiento decretado por el presidente Martín Vizcarra para frenar la expansión de la Covid-19 en el Perú afectó uno de los procesos judiciales más importantes sobre el comercio de madera ilegal en el país.

Se trata del caso Yacu Kallpa, la intervención del más grande cargamento de madera de presunto origen ilegal de la Amazonía peruana, que involucra a funcionarios y empresas madereras.

Según informó el diario Gestión en su edición del 17 de abril el fiscal Alberto Yusen Caraza Atoche, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), tendría dos opciones: archivar el caso o hacer “una acusación contra los más de 20 involucrados, principalmente funcionarios de la región Loreto”.

Se trata de las cuatro primeras investigaciones concluidas por el fiscal que incluyen el delito contra los bosques en la modalidad de tráfico ilegal de productos forestales y responsabilidad de funcionarios públicos por otorgamiento ilegal de derechos.

El diario detalló que, debido a su complejidad, la FEMA dividió el caso en 52 carpetas fiscales. De estas, 35 se encuentran en la FEMA Iquitos, a cargo del fiscal Caraza, 15 en Nauta y 2 en Alto Amazonas, en Loreto.
 

¿Cuál es la importancia emblemática del caso Yacu Kallpa?

Yacu Kallpa fue el nombre de una embarcación mediante la cual, en noviembre del 2015, un total de once compañías madereras intentaron exportar madera de presunto origen ilegal hacia México y Estados Unidos.

Los 1.312 metros cúbicos de madera, una cantidad equivalente a lo transportado por 60 camiones de carga pesada partieron desde la bahía de Iquitos, en el departamento de Loreto, pero una intervención -considerada hasta hoy como la más grande inmovilización de madera de origen ilegal realizada en el Perú- arruinaría los planes.

Un equipo especializado conformado por el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) y la Policía Nacional incautó en la “Operación Amazonas 2015”, el cargamento en la embarcación valorizado en 1.6 millones de soles.

Según revelaría luego Osinfor a través de un informe técnico, el 96% de la madera incautada en el Yacu Kallpa era de procedencia ilegal. El portal de investigación de OjoPúblico que revisó los informes del operativo, identificó que estas empresas “utilizaron documentos oficiales” con información falsa para comercializar el millonario cargamento.

estas empresas “utilizaron documentos oficiales” con información falsa para comercializar el millonario cargamento.

Entre las once empresas intervenidas en el operativo se encontraba Inversiones La Oroza, compañía que inició sus operaciones en el 2004, pero que entre el 2008 y el 2014 multiplicó por 10 veces sus exportaciones hacia EE. UU., pasando de enviar 199 a 1.912 toneladas de madera.

En setiembre de 2015, dos meses antes de la intervención, las autoridades del puerto de Houston (EE. UU.) inmovilizaron un cargamento de madera de su propiedad debido a la sospecha de su origen ilícito.

Fuente del gráfico: Global Witnes, en informe: "Compradores de buena fé": https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/compradores-de-buena-fe/

La reacción empresarial

Tras la incautación, la respuesta del sector industrial maderero fue inmediata. Sospechosamente, los estibadores del puerto de Iquitos se rehusaron a descargar la madera incautada del Yacu Kallpa. Exigían que la Fiscalía abone 730 mil soles por retirar la madera, un monto exorbitante, que estaba muy por encima del precio usual por dicho servicio.

Las calles de Iquitos fueron tomadas por manifestantes asociados con la industria maderera, quienes dirigieron la mayor parte de su ira hacia el Osinfor, presidido entonces por Rolando Navarro. Las movilizaciones bloqueaban las calles con grandes camiones y pancartas, se quemaban neumáticos y troncos en la vía pública.

Luego se convirtieron en marchas fúnebres en las que los manifestantes cargaban ataúdes vacíos cubiertos con nombres de funcionarios, incluyendo el de Navarro, que luego fueron quemados frente a la oficina del Osinfor.

Bajo el argumento de afectaciones a la actividad maderera debido a la aprobación del Decreto Legislativo 1220 —que declaró de interés nacional la lucha contra la tala ilegal y reguló la interdicción y el decomiso especial de madera cuando esta no tenga documentos que avalen su origen legal— se unieron a las protestas sectores madereros de Ucayali y Madre de Dios para exigir la derogatoria de dicho decreto, aunque el objetivo real era frenar las acciones del Osinfor.

La madrugada del 30 de noviembre de 2015 una mochila conteniendo bombas molotov provocó un incendio en la oficina del Osinfor en Pucallpa. Aunque no hubo heridos, el mensaje siniestro era claro.

¿Cómo respondieron las autoridades?

En enero de 2016, mientras el Osinfor verificaba el nivel de ilegalidad de la madera incautada en el Yacu Kallpa, y la Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Flor de María Vega, activaba acuerdos de cooperación y solicitaba el apoyo de la Interpol; una delegación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo se presentó ante el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el 13 de ese mismo mes.

Fabiola Muñoz Dodero, entonces directora ejecutiva de Serfor, actual ministra del Ambiente

Tal como recoge la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), los funcionarios, entre los que se encontraba Fabiola Muñoz Dodero, entonces directora ejecutiva de Serfor, calificaron en dicha reunión como “traición a la patria” las acciones de la fiscal Vega por exponer al Perú a sanciones internacionales. En paralelo, los representantes regionales y nacionales de la industria maderera exigían la destitución de Rolando Navarro.

Rolando Navarro Gómez del cargo de Presidente Ejecutivo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). Foto: Infobosques

La noche del 14 de enero, Rolando Navarro se enteró mediante información confidencial que el presidente de la República, Ollanta Humala, había firmado la resolución de su destitución. Sin respaldo del gobierno, Navarro comprendió que su salida era próxima. De inmediato, ordenó a su equipo de Alta Dirección el corte de la verificación de la madera ilegal del Yacu Kallpa para elevar un informe con los resultados hallados hasta ese momento.

El informe N° 001-2016-OSINFOR/01.1.1 fue enviado esa misma noche al despacho del viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez Vela, actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, con la recomendación de ser remitido a las instituciones gubernamentales competentes, entre ellas, el Serfor, a cargo de Fabiola Muñoz, actual ministra del Ambiente.

El documento detallaba los resultados de la “Operación Amazonas 2015” y confirmaba la ilegalidad, no solo de la madera incautada en noviembre de ese año, sino también de la madera inmovilizada en el puerto de Houston, Estados Unidos, desde setiembre pasado.

Esa sería la última acción pública de Navarro cuyo despido se oficializó al día siguiente, 15 de enero de 2016. A pesar de la destitución, las amenazas de muerte contra él y su familia no cesaron, por lo que decidió marcharse del Perú.

¿Qué ocurrió tras la destitución del jefe de Osinfor?

El informe del Osinfor confirmando los niveles de ilegalidad en la madera incautada en Iquitos (71.1%) y en la inmovilizada en Houston (89.5%) no impidió que un mes después, el 29 de febrero de 2016, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, envíe una carta Michael Froman, representante de Comercio de los EE. UU., alegando que la madera decomisada en Houston salió del país con los documentos en regla.

Según la EIA, la carta fue redactada originalmente por la entonces directora del Serfor, Fabiola Muñoz, y enviada al despacho de Silva a pedido del entonces ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites.

El argumento central fue que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto había reconocido el otorgamiento de los títulos habilitantes y la emisión de las Guías de Transporte Forestal (GTF), por lo que la madera incautada en Houston «cumplía con los requisitos formales previstos en el sistema legal peruano».

Lo que no se dijo en la carta, advierte la EIA, es que «tales documentos “válidos” estuvieron basados en información falsa producida ilegalmente por los operadores forestales y validada ilegalmente por las autoridades regionales». ¿En qué información se podría haber basado la entonces directora del Serfor, Fabiola Muñoz, para escribir la carta que envió al despacho de Silva?

¿En qué información se podría haber basado la entonces directora del Serfor, Fabiola Muñoz, para escribir la carta que envió al despacho de Silva?

Servindi identificó que en los archivos del Serfor figura el Informe N°069-2016-SERFOR/DGGSPFFS-DCGPFFS de fecha 18 de febrero de 2016, apenas once días antes de la carta remitida por Muñoz.

El documento fue elaborado a partir de reuniones con el Director Ejecutivo del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, con el Gerente Regional de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto y con los industriales madereros, dueños de la madera intervenida en Houston.

El documento precisa que el volumen de la madera inmovilizada en Houston ascendía a 3.589 metros cúbicos, perteneciente a seis empresas que habían logrado movilizar la madera con 89 Guías de Transporte Forestal (GTF).

Las GTF son documentos con carácter de Declaración Jurada que son requisito para movilizar un producto forestal maderable o no maderable desde el área de aprovechamiento hacia cualquier destino.
 

El informe elaborado por los ingenieros Rudy Ernesto Tapia Ruiz y Gian Carlo Pezo Ruiz concluye que entre las fechas en que se emitieron dichas GTF, del 16 de junio al 11 de agosto de 2015, «ninguna presentaba PAU o PAS, por lo que su otorgamiento se dio sin ningún problema al no tener restricción alguna para su emisión».

El problema, apunta la EIA, es que si estas GTF no registraban un Procedimiento Administrativo Único (PAU) o un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) es porque no habían sido reportadas al Osinfor y, por lo tanto, no recibieron a tiempo las visitas de supervisión correspondientes.

Llama la atención, por decir lo menos, el interés del Serfor de aquel entonces para insistir en el argumento de que los documentos estaban en regla, considerando que se trataba de un cargamento de madera que un mes antes, mediante el informe del Osinfor, ya había sido identificado como portador de madera con altos índices de ilegalidad.

Habla el director despedido del Osinfor

En diálogo con Servindi Rolando Navarro, el exdirector del Osinfor, valora la importancia del informe que emitió un día antes de que lo despidieran, documento donde confirma de manera contundente la ilegalidad de la madera incautada en Houston.

«Solo con esos informes de supervisión que emitió el Osinfor, el Serfor tenía para generar una alerta inmediata y anular todos esos contratos, que podrían haber quedado sin efecto, pero no lo hicieron. Lejos de eso, meses después, envían cartas diciendo que todos los documentos eran legales, pero nunca hablan de la procedencia del producto», puntualiza Navarro.

En efecto, la carta que la ministra Magali Silva envió a las autoridades norteamericanas justificando la madera ilegal, no fue la única.

Con el mismo argumento falaz de los “documentos en regla”, la entonces directora del Serfor, Fabiola Muñoz hizo lo mismo al remitir dos cartas el 8 de abril de 2016 al Director Portuario Adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., funcionario a cargo de la madera detenida en Houston.

Pese a estas diligencias inmotivadas, la madera permaneció inmovilizada en Houston varios meses. A inicios de 2017, la Oficina de Aduanas de los EE. UU. declaró que había arribado a un acuerdo extrajudicial con los importadores para destruir lo que aún se encontraba en el almacén de Houston, sin admisión de culpa por parte de los importadores, pero también sin excluir otras acciones legales. 

Los autores del informe del Serfor no han desaparecido y hoy, junio de 2020, se encuentran activos en la función pública. Rudy Tapia se desempeña como subdirector de la Sub Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre del Osinfor.

Por su parte Gian Carlo Pezo ejerce de especialista del Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, a cargo de la viceministra Paula Carrión Tello, que viene siendo cuestionada por promover y defender la reciente destitución irregular del director ejecutivo del Serfor, Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga.
 

Paula Carrión Tello, actual viceministra de Políticas Agrarias en una fotografía cuando era gerente de Agroexportaciones de ADEX. Fuente de la imagen: ADEX

¿Se repite la historia?

Tal como ocurrió con Rolando Navarro –quien fue cesado en el cargo de director de Osinfor tras oscuras presiones respaldadas por representantes regionales y nacionales del sector forestal– el 5 de junio de 2020, Día Internacional del Ambiente, fue abruptamente destituido Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, como director ejecutivo del Serfor.

A pesar de que fue elegido en enero de 2019 por un periodo de cinco años luego de ganar un concurso público de méritos en un procedimiento orientado a garantizar la autonomía e independencia de su gestión, fue destituido por una escueta resolución firmada por el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Agricultura Jorge Montenegro.

De nada valió que Gonzales-Zúñiga se hallara empeñado en materializar el Módulo de Control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (MC-SNIFFS), herramienta clave para ayudar a acreditar el origen legal de la madera peruana en el mercado nacional e internacional.

Nadie lo evaluó ni le pidió un informe, menos el Consejo Directivo de Serfor creado como un mecanismo de participación para la gestión forestal donde intervienen representantes de los pueblos indígenas y de instituciones de la sociedad civil.

El presidente Martín Vizcarra y Jorge Montenegro alegaron un escueto “pérdida de confianza” para pasar por encima de la gobernanza forestal.

Tras enterarse de su salida intempestiva, Gonzáles-Zúñiga brindó una entrevista a Servindi en la que denunció que lo habían retirado porque era “una piedra en el zapato que fastidiaba”, ya que tenía un compromiso para que los bosques “no solamente sean usados para fines maderables, sino para servicios ecosistémicos”.

• Te puede interesar: Caso Serfor: Historia de un despido arbitrario

Además, confesó que detrás de su salida estaban “los principales defensores de la ilegalidad en nuestro país” en el sector forestal.

Lo que llamó la atención de la destitución del exfuncionario es el respaldo inmediato a la decisión del Ejecutivo por parte de los gerentes forestales de Ucayali, Loreto y Madre de Dios.

El Equipo de Investigación de Servindi, documentó que los gerentes forestales de Ucayali, Marcial Pezo Armas, y Kenji Terán Piña de Loreto están inmersos en investigaciones por tráfico ilegal de productos forestales maderables y por responsabilidad funcional en agravio del Estado.

• Te puede interesar: Caso Serfor: ¿Quiénes respaldan la destitución del jefe de Serfor?

De otro lado, más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil, representadas en el Consejo Directivo del Serfor, suscribieron una declaración en la que califican la destitución de Gonzales-Zúñiga como un “quiebre de la institucionalidad del sector forestal peruano” por parte del Ejecutivo y afirman que se ha pasado “por encima de las funciones del Consejo Directivo, el cual no fue convocado ni informado previamente” de la remoción.

Para Rolando Navarro, la lección es concluyente: “si alguien que hace su trabajo incomoda algún interés o algo personal, inmediatamente hacen un cabildeo y te sacan y no garantizan nada de lo que se ha podido avanzar”.

“Hace muchos años, cuando me sacaron, dijeron ‘queremos una institución fuerte, pelear por la institucionalidad y que el proceso sea limpio, público y meritocrático’. Sin embargo, en el Serfor, tenemos un director ejecutivo de un año y cuatro meses, que ingresó por concurso público, pero lo sacan. ¿Dónde queda el discurso del Gobierno entonces?”, dijo Navarro a Servindi.

La acusación fiscal del caso Yacu Kallpa podría ser el inicio de un juicio revelador sobre cómo operan los intereses madereros ilegales en el aparato público y de paso echar luz sobre el rol de algunos funcionarios vinculados a las maquinaciones para la destitución del exdirector ejecutivo del Serfor.

Te puede interesar: