La audiencia de primera declaración sobre la detención de la periodista maya Anastasia Mejía se llevará a cabo este jueves 8 de octubre. La administración de justicia de Guatemala tendrá la responsabilidad de librar a la comunicadora indígena de la acusación de sedición y otros cargos o ser parte de la criminalización contra la libertad de expresión y los derechos humanos, que ella se dignó a ejercer y defender en su ejercicio periodístico.
Servindi, 6 de octubre, 2020.- El jueves 8 de octubre se realizará la audiencia de primera declaración sobre los cargos contra la periodista indígena guatemalteca Anastasia Mejía Tiriquiz, detenida por ejercer su profesión.
Su pronta libertad es una gran expectativa por parte de las comunidades ancestrales mayas –del cual Mejía es ajqu’ij (guía espiritual)–, organizaciones indígenas y organismos periodísticos del mundo.
Y es que ella está detenida arbitrariamente desde el 22 de setiembre solo por haber transmitido en directo y cubierto periodísticamente la protesta contra el alcalde municipal de Joyabaj, Florencio Carrascosa.
Este hecho ocurrió frente al ayuntamiento de Joyabaj en Quiché (Guatemala) el 24 de agosto. El pueblo local causó disturbios como forma de manifestación en contra de la gestión edil.
Sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio y robo agravados son los cargos injustificados del Ministerio Público contra Anastasia Mejía, quien en aquel día se limitó a informar el suceso.
Así como llamar a la calma durante la protesta que transmitió a través de Facebook, en Xolabaj TV –medio que dirige al igual que Xolabaj Radio–, y no en avivar la violencia.
En ese marco, la indignación nacional e internacional se acrecentó por tamaño atropello al evidenciarse que no hay delito alguno, sino más bien un atentado contra la libertad de expresión y el acceso a la información.
Así, diferentes colectivos extranjeros y de Guatemala han creado una campaña para que se le libre de los cargos y recupere su libertad ante la ilegalidad que está sufriendo.
Los hashtags #LibertadParaAnastasia y #LibertadDeExpresión se han emitido en las redes sociales, en apoyo a los derechos fundamentales que tiene Mejía en su rol de periodista.
Fuente: Twitter de Prensa Comunitari
No hay pruebas contra Anastasia Mejía
El equipo de Servindi conversó con Floridalma Aguilar, abogada de Anastasia Mejía, quien brindó algunos alcances sobre el caso.
Para la jurista, las acusaciones contra Anastasia se orientan por temas de discriminación de género, de cultura y de creencias, asociados en un contexto de revancha política por parte de Florencio Carrascosa.
Él tiene 13 años como burgomaestre de la municipalidad de Joyabaj y le quedan otros tres años más. Ha acumulado distintas denuncias y solicitudes de antejuicio por su gestión.
Entre las peticiones de antejuicio figura la presentada por Anastasia en el 2017. La detención contra esta se trataría de una represalia, indica un artículo en Plaza Pública.
Anastasia Mejía realiza un periodismo comprometido contra la corrupción desde hace décadas. Su labor de informar con la verdad parece perturbar al alcalde de Joyabaj y a su equipo municipal.
Así, Aguilar enfatiza que su patrocinada está presa en la cárcel de mujeres de Quetzaltenango por un trasfondo político y de corrupción vinculado a Carrascosa.
“Exigimos la pronta liberación de Anastasia porque no hay pruebas que la acusen”, señala con firmeza Floridalma Aguilar.
La especialista recalca que Mejía solo realizaba su trabajo de informar con verdad, en su lengua nativa quiché y en español.
Además de otros detenidos acusados por los disturbios del 24 de agosto, también fue detenida Petrona Siy Castro (68), presidenta de la Asociación de Comerciantes del municipio de Joyabaj.
A la señora también se le acusa de los mismos cargos que presenta la periodista maya. Igualmente, las organizaciones nativas piden su pronta liberación.
Fuente: Facebook de Consejo de Pueblos K’iche
Criminalización a periodistas comunitarios de Guatemala
El caso de Anastasia Mejía no es aislado al fenómeno de criminalización que hay en Guatemala contra los comunicadores y periodistas, sobre todo a nivel departamental.
Y en particular contra los defensores de los derechos humanos. Un mal que se registra en los últimos años, así refiere el informe del Centro Civitas Guatemala.
Esta criminalización apunta especialmente contra operadores de radios comunitarias, como el que dirige Anastasia, y del cual, en parte, es impulsada por empresarios privados que desarrollan proyectos cuestionados en los pueblos indígenas.
No es ajeno decir que grupos de poder administran medios de comunicación en la región o, al menos, ponen sus intereses en agenda.
La Alianza de Organizaciones y Consejos de Ajq’ijab de Guatemala hace hincapié sobre este tipo de criminalización respecto a la situación de Mejía:
“Algunos medios de comunicación, como Radio Sonora, un medio corporativo, se unieron a la criminalización contra Anastasia Mejía, acusándola, además, de dirigir una radio pirata”.
Esta práctica en contra de la libertad de información y comunicación comunitaria forma parte de la criminalización sistemática del que son víctimas las defensoras y los defensores de derechos humanos, explica la Alianza.
Asimismo, atentan contra las expresiones de los líderes mayas asociados con su accionar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su territorio.
La Alianza de Organizaciones y Consejos de Ajq’ijab ratifica que estos actos de criminalización provienen de la empresa privada, pero también del Estado de Guatemala y de las autoridades locales.
Esperemos que en la audiencia se libre de las acusaciones a Anastasia, quien tiene 46 años y es madre de 2 hijos, y no se continúe respaldando los abusos de poder.
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#Guatemala: Rechazan represión y exigen libertad de comunicadoras indígenas → https://t.co/YLTN2X6wCz
Organizaciones demandan justicia para frenar la ola de violencia contra comunicadoras indígenas. La libertad de expresión es un derecho que no debe ser condenado. pic.twitter.com/qW4wicB9YE
— Servindi (@Servindi) September 25, 2020
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