¿Qué es la DCI y por qué es importante?

Por Cristina Sánchez

Servindi, 18 de junio, 2016.- Desde hace algunos años, diversas instituciones nacionales e internacionales han unido fuerzas para conservar los bosques de la Amazonía peruana a través de un enfoque de desarrollo sostenible. A raíz de esto, se vienen llevando algunas actividades y reuniones en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI). Pero, ¿qué contempla esta declaración?

Cómo empezó todo

Con más de la mitad del territorio cubierto por bosques, el Perú posee la segunda extensión de Amazonía en el mundo. También, tiene uno de los cinco bosques tropicales más grandes, biodiversos y mejor preservados del planeta. Asimismo, se calcula que dicho territorio alberga a más de 350 mil personas de pueblos indígenas, incluyendo poblaciones en aislamiento y no contactadas o en contacto inicial.

Pero toda esta diversidad y ecosistemas tropicales, conocidas como la Amazonía, se encuentran en riesgo debido al cambio climático y los altos índices de deforestación y degradación de su suelo. Se estima que anualmente se deforestan 118 mil hectáreas de bosque, lo cual contribuye a la emisión de gases efecto invernadero (GEI) y, por ende, a aumentar la temperatura del planeta.

Es por este motivo que se vienen realizando diversas iniciativas para conservar los bosques amazónicos y lograr un desarrollo sostenible de la región. Uno de ellos es la alianza establecida entre Noruega, Alemania y Perú con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de GEI que se producen en la Amazonía peruana.

Cabe resaltar que dichos países reconocen su participación en diversos convenios como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales N” 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, entre otros.

Es así que el 22 de septiembre del 2014, durante la Semana del Clima celebrada en Nueva York, el Gobierno del Reino de Noruega, el Gobierno Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Perú se comprometieron a luchar contra el cambio climático firmando un documento denominado Declaración Conjunta de Intención (DCI).

De las buenas intenciones a los hechos

“Vamos a pasar de buenas intenciones a hechos”, son algunas de las declaraciones que los firmantes hicieron. Esto debido a que, hasta la fecha, los compromisos establecidos en la mayoría de los convenios internacionales no habían sido respaldados con acciones concretas.

El documento contempla respetar los derechos y propósitos de las comunidades indígenas aumentando a 5 millones de hectáreas las áreas tituladas para ellos. También, incluir por lo menos 2 millones de hectáreas a manera de pago por las acciones de conservación. Por este motivo, gran parte de la donación está dirigida a facilitar la titulación de los territorios de comunidades indígenas de la región San Martín y Ucayali.

Asimismo, este documento selló el compromiso directo del Estado peruano en colaborar con la implementación de proyectos relacionados a REDD+ y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Todo esto, a través de su Programa Bosques y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

La DCI

La Declaración Conjunta de Intención tiene como principales objetivos contribuir a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, contribuir a lograr la meta de emisiones netas cero derivadas de la categoría de uso de suelo, cambio de uso de la tierra y bosques en el Perú para el 2021 y contribuir también a la meta nacional de reducir la deforestación en un 50 por ciento para el 2017; y finalmente, contribuir al desarrollo sostenible en sectores agrícolas, forestales, y minería ambientalmente adecuada en el Perú.

Para esto, el proyecto ha sido dividido en 3 fases:

En lo que respecta a la participación de los países firmantes, Noruega es la parte que se encargará del financiamiento del proyecto. Se ha establecido que la contribución será de 300 millones de USD, pudiendo ser utilizados solo 50 millones de USD durante la fase 1 y 2. De esta forma, queda establecido que el resto, 250 millones de USD, serán para la fase 3 que representan las contribuciones por reducción verificada de emisiones.

Cabe resaltar, que dichas contribuciones se encuentran sujetas a que el Gobierno peruano cumpla los objetivos de las fases 1 y 2. De ser así, dicho dinero podría ser entregado en el periodo de la fase 3, que va desde el 2017 hasta el 2020.

Por su parte, Alemania ya desarrolla actualmente una cooperación con el Perú en lo que respecta a temas climáticos, forestales y de desarrollo rural. Aún así, se puede considerar que en un futuro se sume como un ente financiador.

Finalmente, este compromiso también cuenta con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quien brindará asistencia técnica en lo que respecta a desarrollar un adecuado mecanismo fiduciario y financiero, alinear y asegurar consistencia a la hora de implementar el documento y apoyar en la creación de una plataforma de coordinación entre las agencias que trabajan el tema de REDD+ en Perú y la comunidad internacional.  

¿Qué es lo que se viene?

La primera fase, la de preparación, se desarrolló desde el año 2014 y, como se puede apreciar en el gráfico anterior, se ha concentrado en preparar las bases para una correcta implementación de las siguientes fases de la DCI.

Actualmente el proyecto se encuentra en la segunda fase, la de transformación y si bien ya se han realizado algunas actividades, el Gobierno peruano y el Programa Bosques aún se encuentra frente a un gran reto: diseñar la matriz e indicadores de esta fase.

Por esto, desde hace algunas semanas se han venido llevando a cabo reuniones con distintos grupos de interés como la sociedad civil, el sector privado y organizaciones indígenas. Esto con el objetivo de incluir sus sugerencias en la matriz. En esta fase se espera revertir algunas acciones que no contribuyen a la conservación de los bosques y establecer el escenario adecuado para implementar las salvaguardas.

Luego de cumplida esta fase, se espera implementar la tercera desde el año 2017, otorgando las contribuciones económicas hasta el año 2021. Se tiene claro que para llegar a esta fase es necesario lograr sinergia entre los grupos de interés y transformar la realidad ambiental de la región amazónica peruana.