Por Elizabeth Gómez Alcorta*
Página 12, 23 de setiembre, 2017.- Cuarenta y nueve días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado representan cuarenta y nueve días de disputar la verdad de los hechos.
Los cambios de posición y de discursos esgrimidos por el gobierno, que se manifiestan a través de diferentes funcionarios y son amplificados por los principales medios de comunicación, muestran que la verdad está en un claro terreno de disputa.
Podemos hacer un breve repaso que revele esta afirmación: i) Santiago Maldonado no estaba en la lof en Resistencia Depto. de Cushamen; ii) habría estado comprando algo en una estación de servicio en Entre Ríos, y fue visto por un camionero; iii) habría estado en Mendoza; iv) habría muerto por lo menos una semana antes del 1 de agosto, en virtud de un cuchillazo que le dio el puestero; v) -que se deriva de la anterior- Santiago habría sido parte de la RAM; vi) habría estado en Tierra del Fuego; vii) el operativo represivo contó con la orden del juez Otranto; viii) el operativo ingresó al territorio comunitario en razón de las piedras que recibieron los gendarmes en la Ruta 40; ix) ingresaron solo siete gendarmes; x) los gendarmes no estaban armados; xi) los gendarmes no se acercaron al río; xii) no hubo ninguna orden ni comunicación con responsables políticos en aquel momento; xiii) El jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, pasaba de casualidad por la zona y solo paró a saludar a los gendarmes.
Con el correr de los días, las afirmaciones hechas ante los medios, la Cámara de Senadores o los organismos de derechos humanos se fueron cayendo una a una. Y tras cada caída, se fue levantando otra perversa enunciación.
Santiago no estaba en Entre Ríos, a pesar de que exista un pueblo en el que todos se le parecen; y tampoco estaba en ninguno de los otros lugares en los que se los quiso situar; estaba donde se dijo desde el primer día. Resultó difícil que los miembros de la comunidad prestaran declaración testimonial frente a la amenaza pública –que además tuvo su palmaria evidencia de cumplimiento– de Noceti, relativa a que se estaba investigando la identidad de todos los miembros de la comunidad en pos de meterlos presos (averiguar qué juez y en qué causa se los está investigando es materia pendiente aún); sin embargo, ello se logró.
Por otro lado, una importante cantidad de periodistas comprometidos tomaron contacto con personas que habían están con Santiago los días previos a su desaparición o que lo vieron el día de los hechos en la comunidad. También aparecieron videos e imágenes que lo ubican en el lugar de la represión. Finalmente, el ADN del cuchillo del puestero dio negativo y, así, cayó la coartada de que el joven no estaba en la lof el día del operativo represivo.
Ya sabemos que se lavaron las camionetas, que eso dice -aparentemente- el reglamento y que no hay que tirar por la ventana a ningún gendarme. El Ministerio de Seguridad entregó las listas con la nómina de los supuestos agentes que estuvieron presentes aquel día, el 8 y el 15 de agosto; pero, a partir de las declaraciones testimoniales de los gendarmes, parece que en ellas no están todos aquellos que participaron. Luego, la versión de que solo ingresaron siete de ellos, también se derrumbó y se transformaron en 15 o 20, los que se habrían acercado al río, arrojado piedras y disparado balas. Incluso, según la declaración de una enfermera que atendió al agente herido en la cara por una piedra, quien afirmó que lo atendió adentro de la comunidad y no en la ruta, debemos declinar también la razón que habilitó la actuación por flagrancia –ya que en el camino también se había derrumbado la versión de la existencia de la orden judicial–.
Entonces, Santiago estaba donde se dijo que había estado, corrió hacia el río, y, en principio pudo haber sido herido por gendarmes que ingresaron al territorio comunitario sin orden judicial y sin razón legal que lo autorizara. Hasta aquí, los datos que se han ido obteniendo.
Fue necesario un urgente cambio de estrategia discursiva frente al conjunto de revelaciones, sumado a que el gobierno contó con antelación con el resultado de las pericias sobre los setenta teléfonos secuestrados de los agentes de la fuerza de seguridad y pudo conocer algunos intercambios que referían a que una piedra fue lanzada por un gendarme hacia una persona en el operativo; lo que devino en la construcción de la versión del exceso del gendarme solitario. El ministro de Justicia comunicó que los gendarmes pudieron haber mentido.
No obstante, la presencia de Noceti en el lugar no fue casual, como lo intentó justificar Bullrich desde el primer momento. El abogado, que reivindica la dictadura cívico-militar, había viajado a la Patagonia a fin de coordinar las fuerzas represivas provinciales de Río Negro, Chubut y las federales, para llevar adelante operativos contra comunidades mapuches, en particular contra la Lof de Cushamen. En 2016, había tomado contacto con funcionarios judiciales y del ministerio público fiscal, federal y provinciales, para que calificasen los hechos que tuvieran como protagonistas a mapuches como federales y les indicó que se debía utilizar las leyes antiterroristas. Noceti dijo que no habló previo al operativo represivo del 1 de agosto con los responsables de gendarmería que estaban en el procedimiento. Mintió. Nuevamente nos encontramos con prueba que afirma que Noceti habló por teléfono previo al ingreso a la comunidad, durante y también luego, tanto con el Jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, como con el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel. Aún más, el 3 de agosto, a 48 horas de la desaparición de Santiago, Noceti informó al responsable de gendarmería de Esquel que se iban a realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo. Esto, claro está, antes de que se realicen las pesquisas sobre los vehículos que fueron lavados.
Gendarmería ingresó a la lof sin orden judicial, sin que exista hecho alguno que habilite la utilización del procedimiento de flagrancia y después de que sus responsables hablaran telefónicamente con Pablo Noceti. Ingresaron por lo menos 20 agentes, demoraron a mujeres y niñxs, prendieron fuego objetos, secuestraron herramientas de trabajo comunitarias y persiguieron a hombres que se dirigían hacia el río. Les dispararon. Santiago estaba allí. Ingresó un Unimog hasta la zona cercana al río: el Unimog no ha sido peritado aún, pero fue corroborado su tránsito en el primer rastrillaje realizado por las huellas que dejó.
Hasta aquí solo presento un relato y un contra-relato a base de pruebas que se sostienen y otras que se desploman.
La disputa por la verdad hace que frente a lo evidente se eche mano a la más antigua de las herramientas del poder político: la construcción del enemigo. La RAM concentra el epicentro del enemigo político. El Gobierno habla de esa organización, relata que los están investigando, que saben quienes la integran, aseguran que los testigos forman parte de ella, incluso se refieren a la comunidad de la RAM y no a la comunidad en Resistencia Depto. Cushamen –invisibilizando su nombre y sus reivindicaciones territoriales–.
Santiago, militante de la causa indígena y en particular de la comunidad Lof en Resistencia Cushamen y de su longko, fue convertido en enemigo.
El discurso y el mensaje que esto transmite es contundente: se niega al ser humano y se elimina toda posibilidad de empatía, es decir, de colocarse en el lugar y la perspectiva del otro y comprenderlo.
Las hipótesis de que Santiago está vivo y escondido o que fue asesinado por la comunidad mapuche y que se mantiene en secreto por la oscura finalidad de desestabilizar al gobierno -únicas que explicarían que no lo haya matado y desaparecido la Gendarmería- son tan burdas que ni siquiera el peor de los mercenarios llamados periodistas se ha animado a esgrimir.
A pesar de ello, en la época de la posverdad lo que importa es mediar en la emocionalidad de la gente, aun al costo de banalizar y pervertir la realidad y también el mal que ella puede encarnar –capaz de desaparecer personas–.
De ese modo, el hilo que se intenta presentar es que el kirchnerismo esta atrás del caso de Santiago. Por lo tanto, todo aquel que esté del otro lado de la grieta debe dudar de la desaparición forzada de él. No importa que el joven fuese anarquista o que la agenda de los pueblos indígenas no entrara en los 12 años de la gestión del anterior gobierno –Facundo Jones Huala fue investigado de modo ilegal por más de un año por un agente de la AFI en 2014 y 2015–. Alcanza con que el reclamo masivo por la aparición con vida lo hagan los organismos de derechos humanos y que dirigentes políticos de diferentes fuerzas –incluida las del FPV– se sumen a esa demanda.
Por último, quiero hacer una breve mención a mi caso personal, que ilustra con claridad el tipo de maniobra predilecta por el gobierno de turno.
En el mundo binario de la grieta, si defendes a Milagro Sala sos kirchnerista, no defensora de derechos humanos. De allí que estos días, algún diario afirme que soy candidata a diputada nacional por el kirchnerismo, lo que no solo es falso porque soy militante de Patria Grande, sino que es un error muy fácil de chequear –suponiendo que pudiera serlo–. Además, se afirmó que soy abogada de Quebracho; también es falso. Se aseveró que tomé declaraciones a los miembros de la comunidad encapuchados y que me ofrecí como vínculo entre los testigos y el juzgado por el caso de Santiago, también todo ello es falaz. Aunque fuera kirchnerista y defensora de todos sus referentes y dirigentes nada cambiaría la verdad de los hechos en el caso de Santiago; pero, como tampoco importa que le pasó a él, menos va a importar una mentira más en relación a todo lo que lo rodea.
La desaparición forzada es un delito que se configura por medio de dos acciones diferentes que deben estar en cabeza de un funcionario público –o de una persona que actúa con la autorización o el apoyo del Estado–: a) debe privar de la libertad a una persona y b) luego de ello, se debe omitir dar la información o negarse a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre su paradero.
Sobre la segunda de las acciones habla este artículo. Sobre una serie de discursos esgrimidos por el Gobierno que no solo no guardan relación con la verdad de lo sucedido, sino que entorpecen su averiguación, mientras la desaparición forzada de Santiago continúa cometiéndose.
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* Elizabeth Gómez Alcorta es abogada de derechos humanos y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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