Servindi, 15 de octubre, 2019.- En el Día Internacional de las Mujeres Rurales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a reconocer y proteger sus derechos humanos y a garantizarles una vida libre violencia.
La Comisión insta a los Estados de la región a reconocer la situación de las mujeres y niñas en zonas rurales, abordar sus necesidades específicas y tomar las medidas para erradicar la violencia y la discriminación que siguen enfrentando.
La Comisión observa que a nivel mundial y con pocas excepciones las mujeres rurales encuentran mayores desafíos para el pleno goce de sus derechos, en comparación con los hombres rurales y con las mujeres y hombres urbanos.
Enfrentan una discriminación sistemática en el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Asimismo, soportan la mayor parte de la carga de trabajo no remunerado en los hogares, debido a roles estereotipados asignados a su género.
Aún cuando tienen un empleo formal, desempeñan con mayor frecuencia trabajos inseguros, peligrosos, mal remunerados y no siempre cubiertos por garantías sociales.
Su acceso a agua, a educación y a servicios de salud es también limitado, a la vez que persisten barreras para su acceso a servicios bancarios, administrativos y de documentación civil.
En nuestra región, la diversidad de las mujeres rurales se expresa por las actividades que desarrollan: son mujeres agricultoras, recolectoras, pescadoras, o desarrollan sus actividades en el medio rural.
“Las mujeres rurales también tienen interrelaciones culturales y territoriales que las definen como tales y muchas de ellas son también mujeres indígenas y afrodescendientes" afirmó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH.
"Sin embargo, sus derechos y sus necesidades no han sido aún plenamente atendidas por los Estados de la región y aun cuando existen leyes o políticas que tienen en cuenta su situación, a menudo no se aplican” puntualizó Arosemena.
Violencia
Las mujeres y niñas corren riesgos adicionales de ser víctimas de violencia a causa de la persistencia de actitudes discriminatorias subordinándolas a los hombres. A esto se suman los desafíos para acceder a la justicia, y a la impunidad y tolerancia social que caracterizan estos actos.
Las mujeres y niñas corren un riesgo especial de sufrir actos de violencia, de explotación, trata y acoso cuando dejan sus comunidades para buscar trabajo en las ciudades.
Además, en situaciones de conflicto, las mujeres de zonas rurales se ven particularmente afectadas por desplazamientos forzados y por actos de violencia basados en su género, incluyendo asesinatos y violencia sexual.
“En nuestra región, la justicia resulta en gran medida inaccesible para las mujeres rurales cuando se combinan prácticas y marcos jurídicos discriminatorios con falta de información, con escasez geográfica de instancias de atención y con ausencia de servicios apropiados cultural y lingüísticamente”.
Así lo observó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.
“El acceso a la justicia, así como a servicios básicos de educación, salud, agua y a aquellos servicios para ejercer plenamente su ciudadanía han de serles garantizados siguiendo criterios de integralidad y proximidad, con perspectiva de género y de forma intercultural,” concluyó la Comisionada Macaulay.
Añadir nuevo comentario