Con más de 10 mil firmas respaldan acción contra retroceso educativo

Más de 10 mil firmas respaldan demanda por inconstitucionalidad tras la aprobación de ley que pone en riesgo la calidad educativa universitaria

Servindi, 15 de julio, 2022.- Entidades de la sociedad civil y estudiantil han reunido más de 10 mil firmas de la ciudadanía para presentar una demanda por inconstitucionalidad de la ley denominada ley de la “contrarreforma universitaria”.

La norma fue aprobada el miércoles 13 de julio por insistencia del Pleno del Congreso debido a que el Poder Ejecutivo se rehusó a promulgarla por considerarla lesiva a los intereses de la comunidad universitaria.

La norma denominada “Ley que restablece la autonomía de la universidad peruana” rediseña la conformación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) integrando a tres representantes de las universidades en su directorio sin concurso público.

De espaldas a las peticiones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo y el estudiantado el Congreso tomó la decisión con 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones.

Esdras Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación y principal impulsor de la “contrarreforma universitaria”, sostiene que el nuevo consejo directivo permitirá pluralidad y mayor representación universitaria.

Lo que no dice, es que la función fiscalizadora de la Sunedu se debilita fuertemente al incorporar a representantes de las entidades universitarias que ahora serían “juez y parte” cuando deberían ser fiscalizadas.

“Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo es la más alta autoridad de la entidad, con esta medida surge el riesgo de someterla a intereses particulares”, comentó Severo Cuba, presidente de Foro Educativo.

Precisamente, el Foro Educativo junto con “La Educación Se Respeta” y otras organizaciones de la sociedad civil, reunieron más de 10 mil firmas ciudadanas para defender la “Reforma Universitaria”.

La norma aprobada por insistencia vulnera el principio constitucional de separación de poderes y de competencia. Esto considerando que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que toda entidad pública debe estar adscrita a un ministerio.

“Tal como lo sostuvo el Poder Ejecutivo en su observación a la autógrafa de ley, la propuesta del Congreso anula la vinculación de la Sunedu al Minedu" agregó Severo Cuba.

Ello “causaría la pérdida de financiamiento para universidades públicas y la existencia de una única estrategia para la mejora de la calidad universitaria en el país”, agregó Cuba.

Paulo César Santos, del colectivo estudiantil La Educación Se Respeta observó que la mencionada ley vulnera el derecho de las y los jóvenes a una educación universitaria de calidad”.

“Deja a los estudiantes sin garantía de recibir una formación profesional con mínimos estándares que les permitan el acceso al mundo laboral en igualdad de condiciones y oportunidades”, agregó Santos.

Sin transparencia

Cabe mencionar que el predictamen de insistencia pasó a votación en el pleno sin un adecuado y público debate, y a pesar de la negativa de federaciones de estudiantes y expertos
educativos.

“Los legisladores mienten al decir que los estudiantes los están respaldando. No existe ninguna federación ni asociación a favor, todos estamos en contra” afirmó Ian Martínez, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao.

“No es posible que se esté ignorando a los más de 40 gremios y 58 universidades públicas y privadas a las que representamos. Los congresistas deben legislar a favor del pueblo, no en su contra”, aseveró Martínez

Intereses privados detrás de la norma

“Estamos ante una eventual reincorporación al mercado de las universidades que no pasaron los estándares mínimos de calidad educativa y a la reducción de calidad de aquellas que ya han mejorado, perjudicando a miles de estudiantes”, dijo Paulo César Santos. 

Entre los congresistas promotores de la ley, varios tienen vínculos directos con universidades no licenciadas o sancionadas por la Sunedu como los siguientes:

• Roselli Amuruz, vicepresidenta del directorio de la Universidad Politénica del Amazonas, universidad NO LICENCIADA.
• José Luna Galvez, dueño de la universidad TELESUP, universidad NO LICENCIADA.
• José Elías Ávalos, dueño de la Universidad San Juan Bautista, universidad SANCIONADA.
• David Jiménez, presidente de junta de accionistas de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, universidad SANCIONADA.
• María Acuña Peralta, dueña de la universidad Señor de Sipán y hermana de César Acuña, dueño de la universidad César Vallejo. Universidades SANCIONADAS.
• Esdras Medina: actual presidente de la comisión de educación, realizó maestría en la universidad Néstor Cáceres Velasquez, universidad NO LICENCIADA.

Todo parece indicar que la calidad educativa y, en definitiva, el desarrollo del país y el futuro de todos los peruanos, estaría en manos la respuesta que dará el Tribunal Constitucional ante las demandas de inconstitucionalidad que presentará la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.

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