Servindi, 14 de mayo, 2023.- Defensores de derechos denuncian maltratos en el juicio interpuesto por Pluspetrol y el Estado peruano contra 18 comuneros kichwas.
El proceso judicial debió reanudarse el miércoles 10 de mayo, pero la audiencia se suspendió por que los jueces de la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Loreto no garantizaron la presencia de un traductor.
Los 18 miembros de las comunidades llegaron a Iquitos después de cinco días de viaje desde la frontera con Ecuador, donde casi no hay conexión a internet, gestionando sus propios recursos y dejando a sus familias y trabajos.
El sacrificio del traslado lo hicieron conscientes de que su inasistencia podría resultar en una orden de internamiento en el Penal de Iquitos hasta que termine el juicio, según advirtió la Sala Penal Liquidadora de Loreto.
La audiencia se inauguró a las 10 de la mañana por el tribunal y los comuneros se presentaron debidamente vía virtual ante los jueces superiores Atarama Lonzoy, Bendezú Cigarán y Del Rosario Cornejo.
Sin embargo, la audiencia no se pudo desarrollar porque no se contaba con la presencia de un traductor que garantice el derecho fundamental de los procesados a expresarse en su lengua nativa. Por tal razón, fue suspendida hasta el próximo viernes 19 de mayo.
Los comuneros han calificado estos hechos como un maltrato. “Si no nos presentamos nos van a poner en orden de captura” dijo Venancio Sandi (47), de la comunidad 12 de Octubre.
“Y venimos casi cinco días en ruta surcando. Vivimos en las comunidades de la frontera con Ecuador, el camino es muy riesgoso, pero debemos presentarnos al juicio, aunque sea una causa injusta” agregó Sandi.
Por su lado, Ricardo Canelos (39), de la misma comunidad, declaró en la Plaza 28 de Julio: “Venimos del último pueblo de la frontera, tenemos que ir y venir cuando ellos pongan la fecha, no es justo”.
“Tampoco hay presupuesto, nada es gratis ¿Quién está viendo a nuestra familia? estamos aquí lejos por la injusticia del Estado” agregó Canelos.
Venancio Sandi y Ricardo Canelos fueron dos de las víctimas del abuso policial que se cometió en los días posteriores a la movilización de 2008, destaca la nota de Puinamudt.
Foto: Puinamudt
Criminalización y represalia
Como lo reporta el Observatorio Petrolero Puinamudt el caso se remonta a una denuncia de Pluspetrol y el Estado peruano contra los comuneros kichwas que busca criminalizar una movilización.
La protesta se efectuó ante el reiterado incumplimiento de convenios sociales suscritos entre Pluspetrol y las comunidades y la falta de remediación ambiental en 2008.
En lugar de atender las demandas comunales la empresa y el Estado denunciaron extorsión, secuestro, robo agravado, entre otros cargos, que implican hasta 31 años de prisión y más de medio millón de soles de reparación civil.
En marzo de 2021, luego del dictamen fiscal acusatorio presentado por la Fiscalía Superior Penal de Loreto, el Poder Judicial ordenó iniciar el Juicio Oral el 10 de mayo luego que el proceso se encontrara suspendido más de un año.
Los testimonios indican que miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) intervinieron con detenciones y encarcelamiento arbitrarios, además de situaciones de tortura que generaron perjuicio a la integridad física y psicológica de los indígenas kichwas.
La Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE), organización que representa a sus comunidades, ha exigido una investigación profunda de estos atropellos que parecen no ser considerados en el proceso.
Emerson Sandi, presidente de la OPIKAFPE, acompañó la audiencia frustrada en Iquitos y exigió “que se implemente la traducción para que en otras audiencias no vuelva a suceder esto”.
Denuncia ante la ONU
La audiencia coincidió con la visita oficial a Perú del togolés Clément Voule, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación.
El representante de las Naciones Unidas recibió en Lima a Venancio Sandi el mismo 10 de mayo en horas de la tarde y el delegado kichwa expuso la desproporción y arbitrariedad del proceso judicial que vienen afrontando por la defensa de sus derechos y su territorio.
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