Servindi, 3 de octubre, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del mundo. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Renzo Anselmo y Jimena Rodríguez.
Resumen internacional del 25 de setiembre al 2 de octubre
¡Hasta siempre don Bartolomé! El viernes 30 de setiembre falleció don Bartolomé Clavero Salvador, un apóstol jurídico de la descolonización y la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas, en especial del derecho a la libre determinación.
Don Bartolomé, un hombre visionario, militante y comprometido con la causa indígena fue vicepresidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Como experto independiente por los Estados europeos dio batalla por que se conozca, valore y respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de setiembre de 2007.
Defensores asesinados. Un total de 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2021, revela el nuevo informe anual de la oenegé Global Witness.
México es el país con el mayor número de asesinatos registrados (54), seguido de Colombia (33) y Brasil (26). Más de tres cuartas partes de los ataques ocurrieron en América Latina.
Además, más del 40 % de todos los ataques fatales estuvo dirigido a pueblos indígenas, reportándose casos predominantemente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.
Conservación efectiva. El reconocimiento de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia y Perú es la estrategia más efectiva para proteger la biodiversidad en la Amazonía.
Así lo sostiene un estudio presentado por la coalición Rights and Resources Initiative (RRI) que identifica oportunidades hacia la integración de un enfoque de conservación basado en derechos.
El estudio titulado se presentó esta semana en la Universidad Javeriana en Bogotá.
Venezuela perdió un promedio anual de 138.493 hectáreas de áreas boscosas entre 2016 y 2021, una deforestación que equivale a tres veces la extensión de su capital.
Pero lo más preocupante no es la extensión perdida, sino que la principal afectación está en los bosques naturales sin intervención previa.
Así lo explicó el biólogo Alejandro Álvarez al presentar el estudio “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” publicado por Clima 21 y el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (Ovdha),
“La pérdida de bosques naturales en Venezuela ocurrió a una velocidad mayor que en cualquier otro país amazónico. Son bosques que no tienen uso forestal, ni agrícola, ni de ningún tipo” dijo Álvarez.
Australia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) dictaminó que Australia no actuó para defender a pueblos indígenas de los efectos del cambio climático, por lo que pidió que los indemnice.
El país también debe “entablar consultas significativas para realizar una evaluación de las necesidades”, señaló la ONU en una de sus primeras decisiones que enlaza el calentamiento global con las libertades fundamentales.
El dictamen de la ONU, no vinculante, da la razón a la denuncia interpuesta ante el Comité por ocho habitantes indígenas de cuatro pequeñas islas del estrecho de Torres, en el año 2019.
Formosa. La radiografía del agro en Formosa, Argentina, muestra el avance del agronegocio transgénico y la ganadería, previo desmontes masivos, y una política de Estado que desoye a los productores agroecológicos, campesinos y pueblos originarios.
Los establecimientos productivos de menos de 100 hectáreas, que representan el 54% del total, cuentan con solo el 2 por ciento de la tierra.
Así lo expone un informe de Anabel Pomar publicado por la agencia Tierra Viva que califica de gobierno feudal al gobierno de Formosa.
Salud mental. Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo reveló que la desatención de la salud mental en los espacios laborales está causando efectos perjudiciales y a largo plazo.
Trastornos como depresión y ansiedad generan una pérdida de 12.000 millones de días de trabajo cada año y de casi un billón de dólares a la economía mundial, según indican ambos organismos.
Grandes cargas de trabajo, conductas negativas y otros factores están asociados a situaciones de angustia y son un riesgo para los trabajadores.
Costa Rica. El relator especial de las Naciones Unidas José Francisco Calí Tzay expresó su preocupación por el racismo estructural y la impunidad que afectan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Costa Rica.
Afirma que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas están en la falta de una política adecuada de restitución de tierras.
Asimismo, en la ausencia de un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus propias autoridades.
México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a garantizar la independencia e integralidad de la investigación por el caso Ayotzinapa.
El pedido fue hecho el 26 setiembre al cumplirse ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y en medio de una presunta interferencia al órgano que investiga el caso.
Según información recibida por la CIDH, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) “estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales”.
Acceso a la información. Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información, incluyendo el fortalecimiento a la autonomía de órganos garantes de acceso a la información pública.
Así lo señaló la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
La Relatoría recordó que el acceso a la información pública es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, al prever el derecho de la ciudadanía a “buscar” y a “recibir informaciones” de toda índole, es un pilar fundamental para la democracia, la transparencia y la buena gestión pública.
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