Perú: Desafíos de la agenda institucional para pueblos indígenas del nuevo gobierno

Por Jorge Agurto

La aprobación de la Ley de Consulta Previa ha dado una señal importante del nuevo gobierno a fin de trabajar con seriedad una agenda pública con los pueblos indígenas. En esta perspectiva es importante contribuir a reseñar algunos de los principales desafíos institucionales en ciernes para llevar a cabo con éxito dicho propósito que también requiere del presupuesto que la respalde.

1. Institucionalidad pública

La necesidad de una instancia política y técnica de alto nivel, que aborde con solvencia la agenda pública sobre pueblos indígenas está en el tapete.  Debe evitarse que se repitan los gruesos errores de los gobiernos anteriores que maltrataron hasta el absurdo esta situación. Desde la Conapa, que en los hechos fue una comisión creada ex profeso para Eliane Karp, hasta el Indepa que fue ninguneado hasta el cansancio por el gobierno de Alan García.

El viceministerio de Interculturalidad tiene en sus manos consolidarse y fortalecerse como una instancia política rectora de políticas públicas interculturales transversales a todo el Estado peruano que promueva y garantice el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Para lograrlo debe asumir un alto y atinado perfil político, capaz de lidiar con el resto del aparato estatal a fin de persuadirlo para avanzar en la necesidad (de derecho) y conveniencia (política, y a la larga económica) de aplicar la interculturalidad como política de Estado, aun a riesgo de demorar algunas acciones públicas, pero que una vez logradas tendrán la virtud de concretar una gestión de calidad en términos de participación, diversidad y derechos.

Para fines de la gestión técnica dicha instancia política tiene la misión de diseñar -con inteligencia, estrategia y participación ciudadana- un organismo técnico especializado (OTE) (1)  que recoja las mejores características y calidades del diseño institucional propuestas por las organizaciones indígenas para un organismo público descentralizado (OPD) pero que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) (2) vigente, no es posible concretar.

Los OTE tienen en su diseño la posibilidad de instituir un Consejo Directivo que los dirija y en el que pueden y deben participar representantes de los pueblos indígenas a fin de canalizar su contribución en una gestión eficaz y pertinente.

Es importante advertir, que por su naturaleza y ubicación sectorial ni el viceministerio de Interculturalidad ni el OTE serán de por sí suficientes para lograr su cometido. Además, el proceso de instituir un OTE a la altura de las necesidades y en el contexto político peruano no podrá lograrse acertadamente en el corto plazo. Por esto, es fundamental crear en lo inmediato un adecuado, eficiente y fructífero mecanismo de diálogo  Estado–Pueblos Indígenas que permita manejar de forma transparente, concertada y multisectorial la agenda prioritaria para los pueblos indígenas y que organice el tratamiento de la agenda no prioritaria o de mediano y largo plazo.

2. Mecanismos de diálogo y concertación

La mejor experiencia conocida -en términos de eficacia, eficiencia y calidad de la gestión pública- fue la breve actividad de la Comisión Especial Multisectorial para Comunidades Nativas y su Mesa de Diálogo y Cooperación creada durante el breve gobierno de Valentín Paniagua, quien asumió la presidencia de la República ante la huida al Japón y renuncia de Alberto Fujimori (en este orden, no es un error).

La comisión fue creada por el DS 015-PCM-2001 y la Mesa de Diálogo trabajó tres meses de forma transparente, abierta y colaborativa sobre ocho temas considerados prioritarios (3). Quienes conocen de cerca esta experiencia pueden dar cuenta de la energía y entusiasmo de funcionarios, dirigentes indígenas, asesores y especialistas que en solo tres meses de trabajo culminaron su labor con un Plan de Acción para Asuntos Prioritarios que finalmente fue presentado públicamente por la titular del Mimdes de ese entonces, Susana Villarán, y Carlos Amat, del sector Agricultura, y que fue publicado como separata especial en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2001 (4).

Casi al término de su mandato, Paniagua expidió el DS 072-2001-PCM (5) mediante el cual institucionaliza esta experiencia como Mesa de Diálogo Permanente para las Comunidades Nativas. Esta mesa tenía como uno de sus objetivos “evaluar la aplicación del Plan de Acción” resultado del DS 015-2001-PCM, establecer “Mesas de Diálogos Regionales” y elaborar y proponer “el Plan Integral para el Desarrollo de las Comunidades Nativas, coordinando su aplicación”. Lamentablemente ningún gobierno posterior la tomó en consideración a pesar de las alertas enviadas en esta dirección, por celo, desidia y desinterés político.

El viceministerio de Interculturalidad debería revisar esta norma a fin de recrearla y relanzar una nueva Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas, que se amplíe además a los pueblos y comunidades costeñas y andinas y que tenga como animador principal al propio viceministerio de Interculturalidad, en ausencia temporal de un organismo técnico especializado (OTE) para pueblos indígenas.

La importancia estratégica de esta Mesa de Diálogo es que debe integrar a los ministros más involucrados con la agenda de los pueblos indígenas  y al Defensor del Pueblo, tal y como se instituyó en la Comisión Especial Multisectorial (DS 015-2001-PCM) y el DS 072-2001-PCM. El involucramiento al mayor nivel de las carteras ministeriales  permitirá trabajar y consensuar algunos nudos, de difícil resolución, y contribuir a que los ministerios jóvenes -Ambiente y Cultura- logren mejor su propósito de influir positivamente y hacer más permeables a los ministerios viejos y rígidos a favor de aplicar una gestión pública intercultural y ambiental, sostenibles.

Una Mesa de Diálogo Permanente bien conducida por el viceministerio de Interculturalidad permitiría crear un espacio y un ambiente proactivo, abierto, colaborativo, eficaz, en el que subgrupos o comisiones, aborden, construyan y desarrollen una agenda pública para pueblos indígenas que recoja los mejores aportes del sector público y privado, y en el que se perfilen planes adecuados y se afiancen compromisos, de uno y otro sector, sin los cuales no habrá una política pública concertada ni exitosa.

La necesidad de un espacio colaborativo de la naturaleza descrita es mayor aún si consideramos los grandes vacíos técnicos del sector estatal que, solo a manera de ejemplo, no posee actualizados ni un catastro de  comunidades indígenas ni un directorio de organizaciones representativas a nivel nacional, regional y local.

3. Planes de acción pública

Este no es el lugar para resumir los diversos planes elaborados en los últimos años por diversas iniciativas y espacios de concertación surgidos en diversos formatos y en diversos contextos o situaciones, pero es importante destacar que además del Plan de Acción para Asuntos Prioritarios para las Comunidades Nativas del 2001 es necesario no partir de cero y retomar además –y en especial- los resultados de la Mesa 4 de la instancia de diálogo (6) conformada por el anterior gobierno a raíz de los sucesos de Bagua y que elaboró una propuesta de desarrollo para los pueblos amazónicos.

Una de las primeras tareas de una Mesa de Diálogo sería precisamente actualizar los diagnósticos y evaluar la aplicación de los planes existentes, identificar nuevos temas de agenda y prioridades y organizar el tratamiento de otros temas no prioritarios. El diseño de un organismo técnico especializado (OTE) encaja en esta tarea a fin de prevenir y corregir los vicios y errores del Indepa, reducido por el gobierno aprista a una unidad ejecutora.

Los mecanismos para implementar la Ley de Consulta Previa también requieren de un espacio de diálogo concertado con la participación de las organizaciones indígenas, instituciones y especialistas a fin de superar el desafío de alcanzar procesos ejemplares de consulta previa, pertinentes culturalmente, que demuestren en los hechos que es posible realizar planes de desarrollo respetando los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y cumpliendo las normas que protegen el ambiente y la diversidad biológica y cultural.

4. Algunas acciones generales de urgencia

Al margen de los planes de acción urge que el gobierno lance iniciativas que coloquen en relieve la agenda pública indígena y generen condiciones para que el Estado, la opinión pública y la sociedad en general adopten actitudes favorables hacia  una gestión pública intercultural entre las cuales podemos mencionar:

4.1. Plan de difusión.

• Difusión masiva y culturalmente apropiada de los principales instrumentos nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas: Ley de Consulta Previa, Convenio núm. 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Incorporar en el currículo escolar el conocimiento básico de los derechos de los pueblos indígenas.

4.2. Calendario de acciones.

Institucionalizar y poner de relieve el calendario nacional e internacional asociado a la agenda indígena y ambiental, como por ejemplo: el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día de la Tierra (22 de abril), el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo), entre otras fechas.(7)

4.3. Inclusión de la agenda indígena en planes oficiales en curso.

Incorporar la participación, la agenda y la visión indígenas en los siguientes planes y procesos:

• El Acuerdo Nacional y el seguimiento de las Políticas de Estado.
• El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
• Plan Bicentenario: Perú al 2021.

4.4. Impulsar estrategias de capacitación intercultural a sectores públicos involucrados.

Por ejemplo, el MEF, Agricultura, Vivienda, Ambiente, Energía y Minas, Salud, gobiernos regionales y en entidades como Poder Judicial, Reniec, Ministerio Público, en coordinación con Defensoría del Pueblo y organizaciones especializadas en derechos humanos nacionales e internacionales para gestar políticas públicas interculturales y atender la formación de mediadores interculturales.

Notas:

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