criminalización de la protesta social

Desde 1994 hasta hoy se firmaron al rededor de 150 convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, para brindarles servicios de protección.

115 personas de la comunidad nativa de Fuerabamba han sido denunciadas y se encuentra con orden de captura por defender sus derechos.

En conferencia de prensa realizada el tres de mayo en el Congreso de la República, una delegación de dirigentes de las Bambas demandó acciones contra la criminalización

La represión violenta y sanguinaria de la policía dejó un saldo de 49 heridos,además seguida por el despliegue de las fuerzas armadas determinado por un decreto presidencial.