Servindi, 12 de agosto, 2019.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Indira Armendariz y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 12 de agosto de 2019
Suspenden licencia a Tía María. El Consejo Nacional de Minería dispuso la suspensión de la ejecución de los trabajos de construcción del proyecto Tía María.
Esa medida temporal se adopta mientras se resuelve una medida cautelar presentada por la municipalidad distrital de Islay ante el Ministerio de Energía y Minas.
“Es una decisión importante, trascendental y es parte de la plataforma de los reclamos de nuestros hermanos de la Valle del Tambo”, refirió Omar Candia Aguilar, alcalde provincial de Arequipa.
Si bien la población tomó con júbilo la decisión, insiste en que se suspenda no temporal, sino definitivamente la licencia del proyecto.
Solidaridad amazónica. Cabe destacar que la Aidesep exigió al gobierno anular la licencia de construcción del proyecto minero Tía María y que dejen vivir en paz al Valle del Tambo.
La organización nacional indígena amazónica expresó su solidaridad con la lucha del pueblo de Arequipa y reivindicó el derecho a la sobrevivencia y a la Vida Plena o Buen Vivir del pueblo tambeño.
El Estado peruano debe respetar la decisión del pueblo de tener su propia forma de progreso, sin la imposición del actual tipo de “desarrollo minero”.
Esta visión de "desarrollo" sigue siendo una barrera "ante los desafíos ambientales, climáticos y sociales del país, y anulará los compromisos internacionales al respecto", indicó Aidesep.
Emiten normas para pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura publicó, el viernes 9 de agosto, dos nuevas normas legales referidas a temas indígenas.
Una de ellas es un decreto que incorpora el enfoque intercultural en la protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas.
La otra establece el Régimen Sancionador por Incumplimiento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial.
La norma considera como infracción “muy grave” aprovechar recursos naturales dentro de las Reservas Territoriales o Reservas Indígenas por causales distintas a la necesidad pública o con fines de subsistencia.
Melka investigado. Alberto Caraza Atoche, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, reveló que investiga al empresario checo-estadounidense Dennis Melka como cabecilla por deforestación en Loreto.
Ello, luego de lograr que se condenara a directivos de la empresa de Melka Cacao Perú Norte SAC por tráfico ilegal de madera y obstrucción del procedimiento en su forma agravada.
Atoche afirmó que ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Melka y que se están haciendo esfuerzos para que el empresario venga al país.
Niños expuestos. Más de 4 mil niños, de entre 1 a 11 años de edad, estuvieron expuestos a metales pesados en el año 2018, informó en un audiovisual el portal periodístico Gran Angular.
El reporte indica que la mayor parte de los niños en riesgo se encuentran en la región de Cerro de Pasco y Junín.
El vídeo denuncia que en ocho regiones se ha identificado 48 distritos que tienen cuerpos de agua que sobrepasan los valores de los Estándares de Calidad Ambiental para plomo, cadmio y arsénico.
Reducen deforestación en La Pampa. Entre febrero y junio de 2019, durante la Operación Mercurio, la deforestación por minería ilegal en La Pampa, Madre de Dios, descendió en un 92% respecto a 2018.
Así lo indica el reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos sobre la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
Pese a este avance, el documento registró una pérdida de algo más de 67 hectáreas de bosque en dicha zona, demostrando que la minería ilegal sigue latente.
Hidrovía cuestionada. El Centro de Investigación y Tecnología del Agua (CITA) observó ocho enormes vacíos técnicos en el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto Hidrovía Amazónica.
Entre las deficiencias se señala que el área de estudio no es integral ni considera las dinámicas morfológicas de los ríos.
Asimismo, el periodo de análisis de las modelaciones no considera el escenario crítico o la época de vaciante.
Tampoco se ha medido el transporte de sedimentos del fondo del río y, en consecuencia, no se puede evaluar el efecto del dragado, ni definir la operación de mantenimiento del canal.
De otro lado, la especialista Mercedes Lu observó la ausencia de un marco legal y de una base de conocimientos para tomar una decisión informada sobre los impactos potenciales del proyecto Hidrovía Amazónica.
Cuestionó que el Estado, mediante el organismo SENACE, admita el proyecto para evaluación, aun sin haberse concluido el Estudio Definitivo de Ingeniería que aportaría información esencial para evaluar los impactos.
Lu concluyó que la falta de información técnica implica una gran incertidumbre sobre los efectos del proyecto en la diversidad de peces, ecosistemas, áreas protegidas y comunidades que dependen de los ríos.
Los vacíos y deficiencias técnicas y legales del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica quedaron en evidencia durante las audiencias públicas del consorcio COHIDRO y el Senace.
Los representantes del Estado y de la empresa debieron admitir que aún no se ha logrado medir el impacto real del dragado sobre las comunidades locales, los ríos y la pesca.
Pese a que en el estudio se reconoce que habrá un “leve descenso en la pesca”, no se han proporcionado datos específicos sobre la pérdida del recurso en los 20 años del proyecto, ni las medidas de mitigación.
Las comunidades advirtieron que el dragado afectará las migraciones de peces, hecho que tendrá impactos en su reproducción, por tanto, en la alimentación de la población.
Otra gran preocupación es el aumento del oleaje debido al mayor tránsito fluvial, que se generaría sobre las riberas, afectando a los cultivos que las comunidades realizan en las playas.
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