Servindi, 25 de marzo, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena, ambiental y climático del mundo. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Marlene Huamán y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 25 de marzo de 2018
El agua en peligro. Para 2050, una de cada cuatro personas vivirá en un país donde la falta de agua dulce será crónica o recurrente.
Así lo advirtió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con motivo del Día Internacional del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.
El organismo mundial señaló que actualmente más de 663 millones de personas viven sin suministros de agua potable cerca de su hogar.
Ante ello, la Década de Acción del Agua, que se inicia el 22 de marzo, busca enfrentar los desafíos relacionados con los recursos hídricos, el desarrollo sostenible y una mejor gestión del agua.
Cuenca amazónica. Organizaciones indígenas de nueve países amazónicos demandaron coherencia a los países en sus políticas de desarrollo y respetar los derechos y territorios de los pueblos originarios.
Denunciaron la enorme presión de inversiones en la Amazonía, especialmente chinas, que no cumplen estándares mínimos internacionales y causan graves impactos ambientales y sociales.
Se trata del Comité Directivo de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) reunida durante la semana pasada en Ecuador.
COICA suscribió la Declaración de Quito donde remarca el aporte de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica para enfrentar el cambio climático global.
La organización presentó la creación del Programa de Defensores Indígenas de la Cuenca Amazónica para enfrentar la criminalización y persecución de los defensores de derechos indígenas.
De otro lado, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), anunció la firma de un convenio entre organizaciones indígenas de Perú y Ecuador.
La finalidad es defender las cuencas sagradas desde el Napo al Marañón, y evitar los impactos ambientales y sociales de los proyectos de inversión.
Agresiones a la prensa. Un informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia las agresiones cometidas contra la prensa en 2017.
El documento indica la muerte de 22 comunicadores, más de 200 agresiones a periodistas y 50 ataques a los medios de comunicación.
El 15 por ciento de los casos se relacionan con actos de represión o uso desproporcionado de la fuerza durante manifestaciones y protestas.
Peligrosa definición. La definición de "bosque" de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) tiene graves consecuencias sociales y ambientales.
Así lo indica el Movimiento por los Bosques Tropicales quien señala que tal definición beneficia a las empresas de plantaciones de monocultivos industriales de árboles.
La FAO considera "bosque" a cualquier área cubierta por árboles, permitiendo que plantaciones industriales de rápido crecimiento cuenten como “bosques plantados”.
Bajo esta definición, monocultivos de árboles están siendo promovidas para capturar carbono y dudosos programas de reforestación o restauración están siendo introducidos.
España. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició una investigación en España por no adjudicar licencias a las televisoras comunitarias.
Organizaciones civiles de dicho país denunciaron que al negar licencias a medios comunitarios se vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Pese a que existe una normativa que obliga al gobierno a planificar frecuencias para TV local, el Plan Técnico Nacional de TV digital de 2014 no incluyó frecuencias para operadores comunitarios.
Brasil. Organizaciones sociales y especialistas destacaron la importancia de garantizar el acceso al agua, durante el Foro Alternativo Mundial del Agua, realizado en Brasilia.
Al respecto, la activista Isolete Wichinieski, resaltó que el agua es fundamental para la garantía de los derechos humanos como un todo.
No reconocer el agua como derecho humano es, por lo tanto, una contradicción, indicó.
Como se recuerda, el uso del agua en Brasil por empresas y otros grupos económicos afecta a comunidades como los afrodescendientes, indígenas, pescadores y agricultores familiares.
Migración. El cambio climático provocaría el desplazamiento de 140 millones de personas en África al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina.
Así lo indica un informe del Grupo Banco Mundial (GBN), que sostiene que la migración provocaría una crisis humanitaria y amenazaría el proceso de desarrollo.
Sin embargo, indica que la migración podría reducirse en un 80 por ciento con la reducción de gases de efecto invernadero y una sólida planificación del desarrollo.
México. Los padres de los 43 normalistas asesinados de Ayotzinapa exigieron excluir de las investigaciones los testimonios obtenidos bajo mecanismos de tortura.
Tomaron esa decisión luego de que el informe de las Naciones Unidas revelara que al menos 34 de los 129 testimonios fueran conseguidos de este modo.
El director del Centro de Derechos Humanos, Mario Patrón, subrayó que la investigación del Gobierno "es hoy la más tachada y construida en una teoría de caso basada en la tortura".
Los representantes legales de los familiares señalaron que el Gobierno no sigue las recomendaciones de los organismos independientes sobre las investigaciones del caso.
Colombia. El 15 de marzo se instaló la Mesa de Diálogo y Negociación entre la empresa minera Cerrejón y la Nación Wayuu, en cumplimiento de una sentencia judicial.
El fallo de la Corte Constitucional ordena a Cerrejón un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales y culturales en la zona, por sus actividades.
La sentencia también ordena "compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades”.
El objetivo de la mesa es construir una agenda de desarrollo social, encaminada a atender las iniciativas y propuestas de las comunidades, mediante alianzas público-privadas.
Bolivia. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza solicitó al Gobierno una “moratoria” en la construcción de puentes y la carretera que une Cochabamba y Beni.
El pedido se efectuó al admitir la denuncia de Fabián Gil y Marqueza Teco por violación a los derechos indígenas y derechos de la Madre Tierra.
El tribunal también solicitó al gobierno responder a las “graves acusaciones” de violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en el caso del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El gobierno de Evo Morales debe demostrar su compromiso con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra adoptada en Bolivia el año 2010, indica el citado tribunal.
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