Servindi, 6 de febrero, 2017.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Rafael Ponte.
Mundo Indígena al 6 de febrero de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Agua en peligro. Por acelerar las inversiones en el sector Agua, el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1285 que pone al mencionado sector en riesgo.
La asociación DAR explicó que la norma prescinde de la opinión de las autoridades ambientales para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua continental o marítima.
Dicha facultad se concentra ahora únicamente en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
DAR considera que la participación del sector Salud es fundamental pues de no cumplir con los estándares adecuados, los vertimientos pueden impactar la calidad del agua.
Decreto contra indígenas. El Decreto Legislativo 1333 representa una amenaza para las tierras y territorios de aproximadamente 9 500 comunidades campesinas y nativas del Perú.
Así lo advirtieron el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
Explicaron que el referido decreto crea un organismo que dispondría de predios saneados para entregarlos a proyectos de inversión priorizados.
Por ello, pidieron al Estado peruano reconocer la inconstitucionalidad de la norma y que el Poder Ejecutivo titule y brinde seguridad jurídica a las tierras y territorios indígenas.
Acceso a información pública. La Defensoría del Pueblo anunció la presentación de un proyecto de ley que busca derogar la norma que confiere un carácter confidencial a los estudios técnicos de las Asociaciones Públicas Privadas (APP).
Se trata de derogar la segunda disposición complementaria y final del Decreto Legislativo 1224, que arbitrariamente restringe el acceso a la información pública.
El proyecto de ley se presentará al amparo de las facultades legislativas de la Defensoría del Pueblo.
De no prosperar la iniciativa la Defensoría presentará una demanda de inconstitucionalidad.
Reunión de trabajo sobre DCI. Respuestas generales a asuntos que necesitan respuestas específicas. Así se resume la primera reunión de trabajo de 2017 sobre la implementación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI).
La reunión se llevó a cabo el miércoles 1 de febrero y fue conducida por funcionarios del Programa Bosques quienes citaron a organizaciones de la sociedad civil y presentaron los avances de la DCI y su propuesta de Plan de Trabajo para el 2017.
Las intervenciones y consultas de los asistentes giraron sobre el carácter participativo de las actividades propuestas. Sin embargo, al parecer de los mismos las respuestas fueron muy generales.
Banco Mundial. En lugar de apoyar iniciativas sobre energías renovables, los préstamos del Banco Mundial al Perú se invierten en obras que traerán emisiones y deforestación.
Un análisis del Bank Information Center reveló que un fondo de 2.500 millones de dólares del Banco Mundial se ha destinado a proyectos energéticos y de infraestructura.
Entre ellos se encuentran la construcción de una planta hidroeléctrica y de tres gasoductos que atravesarían la selva peruana.
De este modo, el Banco Mundial no estaría cumpliendo sus principios rectores en el Perú que exigen financiar proyectos con criterios de sostenibilidad.
Cuestionan aeropuerto. Especialistas en aviación indicaron que el proyecto del Aeropuerto de Chinchero es inviable por ser inseguro ante emergencias debido a su cercanía a los cerros además de ser muy costoso.
Así lo afirmaron en el programa televisivo "Todo se sabe" el General de la Fuerza Aérea Peruana Alberto Sonday y el piloto Victor Yirau.
Entre otras cosas, señalaron que el proyecto ha sido formulado con estudios deficientes y que el terreno comprado para el aeropuerto es insuficiente.
Huaycos y viviendas. El abogado Antonio Peña Jumpa consideró que el problema central por el que se producen los desastres tras los huaycos en las quebradas del Perú es la necesidad de vivienda.
Explicó que al no tener dónde vivir, por la migración o los altos costos de viviendas seguras, o al estar muy incómodos en el lugar de origen, las familias o personas pasan a ocupar lugares vulnerables a los huaycos.
Al ser un derecho fundamental el Derecho a la Vivienda, el Estado está obligado a comprender y atender a las familias necesitadas, pero la población tiene que prever y controlar la aplicación de ese derecho en sus zonas de riesgo, indicó.
Educación intercultural. Representantes de organizaciones indígenas regionales participarán en la contratación de docentes para las escuelas interculturales bilingües, según lo dispuso el Ministerio de Educación.
Con la presencia de indígenas como veedores se busca contribuir a garantizar que los postulantes cumplan con el nivel de dominio requerido de la lengua originaria, a la vez que podrán verificar la transparencia del proceso.
De igual forma el ministerio dispuso la presencia de veedores de organizaciones indígenas para la contratación de acompañantes de soporte pedagógico intercultural para dichas escuelas.
Inspección a derrames. Un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará del 22 al 24 de febrero las comunidades nativas Mayuriaga, San Pedro y Cuninico, pertenecientes a la cuenca del río Marañón.
Como se recuerda, las citadas comunidades resultaron afectadas por derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano ocurridos entre el 2014 y 2016, cuyos daños aún no han sido remediados.
Pese a la expectativa por la llegada del CIDH, las autoridades nativas sostienen que la visita debería llegar también a otras comunidades que fueron igualmente afectadas.
Rechazan consulta. Un amplio rechazo recibió el supuesto proceso de consulta que desarrolla el Banco Mundial para elaborar la estrategia 2017-2021 para el Perú así como las reformas neoliberales en curso.
Mediante un comunicado, organizaciones laborales, indígenas y de la sociedad civil nacional e internacional demandan conocer y comentar el borrador del Marco de Alianza entre el Banco Mundial y el Gobierno de Perú antes de que esté finalizado.
Pidieron que se publique el texto para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer su retroalimentación.
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