Airados y vociferando insultos, al menos 20 personas del grupo violento de ultraderecha “La Resistencia” irrumpieron en la presentación del informe, el 25 de mayo.

Servindi, 26 de mayo, 2023.- Un nuevo intento por silenciar las voces defensoras de derechos humanos se registró la noche el 25 de mayo durante la presentación de un segundo informe sobre muertes en Perú de Amnistía Internacional.

Airados y vociferando insultos contra familiares de las víctimas, al menos 20 personas del grupo violento de ultraderecha “La Resistencia” irrumpieron en la presentación para evitar que se desarrolle el evento.

Uno de los que encabezó el ataque fue Roger Ayachi, quien días atrás se reunió con el nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionado por irregularidades en su designación y posturas antiderechos.

Pese a las agresiones verbales, el informe se llegó a presentar a la prensa peruana e internacional, aunque fue necesario formar una cadena humana para proteger a las víctimas de la agresión.

Foto: Amnistía Internacional

Desde Amnistía Internacional rechazaron el ataque y afirmaron que esto solo refuerza su lucha por los derechos humanos y el pedido de justicia para las víctimas y cese de la represión policial.

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el hecho violento de “profundamente perturbador” y expresó su solidaridad con víctimas.

“Lamento que al dolor de la violencia que ya pesa sobre las familias de las víctimas se sumen actos que lastiman su voluntad de alzar la voz sin temor”, señaló Vaca en su cuenta de Twitter.

Los intentos de la ultraderecha peruana por silenciar los informes que exponen el uso excesivo de la fuerza estatal durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte no son recientes en el caso de Amnistía Internacional.

En marzo, horas antes de que la organización presentara su primer informe en el Lugar de la Memoria (LUM), la Municipalidad de Miraflores, a cargo del partido ultraderechista Renovación Popular, clausuró el museo.

A continuación, presentamos los hallazgos del segundo informe de Amnistía Internacional titulado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú.

Segundo informe

El informe analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca. Estos casos abarcan un total de 25 muertes, de las cuales 20 pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales.

No solo hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, sino que hay indicios que sugieren la posible complicidad criminal de altos mandos en la ocultación de las armas utilizadas en los casos de homicidio.

El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana (...) Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los registros entregados a Fiscalía no proporcionaban detalles sobre el tipo de munición ni qué personal fue el encargado de disparar. También se ocultó el uso de perdigones de plomo, munición prohibida para hacer cumplir la ley.

Pese al llamado, la fiscalía sigue sin confiscar las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las protestas, tampoco se ha interrogado a ninguno de los posibles agentes involucrados a pesar de la disponibilidad de sus nombres.

Foto: Amnistía Internacional

Víctimas y racismo letal

Además, según el análisis estadístico de las muertes registradas, sugiere un fuerte sesgo racial por parte de las autoridades peruanas. En este, se encontró que un mayor número de muertes fueron en las zonas más marginadas del país.

Queremos vivir, queremos tener paz en nuestro corazones (...) Sentimos que nuestras fuerzas se van día a día, minuto a minuto, no sabemos cuándo terminará, manifestó Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, Puno.

Se pide a la fiscalía llevar a cabo investigaciones inmediatas que garanticen justicia a las víctimas y que soliciten asistencia técnica de organizaciones expertas para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos

“Las investigaciones deben realizarse en el lugar de los hechos”, señaló Raúl Samillán como un pedido de las comunidades de Juliaca, pues es importante que se realicen investigaciones en el mismo lugar de los hechos.

Se evidencia el uso de la fuerza letal para castigar. A pesar de la violenta represión en la capital, donde se hizo uso de armas de manera indiscriminada, no se observó el mismo despliegue en las provincias mencionadas.

El estado y el discurso de la presidenta Dina Boluarte posibilitó un contexto para legitimar un estigma colectivo hacia las poblaciones más marginalizadas, y enaltecer el accionar de las fuerzas de seguridad.

Por ello, el gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales, sostiene el documento al que puede acceder ingresando aquí.

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