Contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone sin tapujos la responsabilidad del Estado en la muerte de ciudadanos durante protestas.

Servindi, 3 de mayo, 2023.- El Estado peruano cometió graves violaciones a los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre diciembre y enero pasado.

Así concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe final sobre la situación en Perú que presentará públicamente este 3 de mayo, en Washington (Estados Unidos), y al que accedió Servindi.

El informe sostiene que las violaciones perpetradas por agentes estatales en Ayacucho podrían calificarse como una “masacre” e insta al Estado a investigar con celeridad, sancionar a responsables y reparar a víctimas.

Este contundente estudio va en línea con los informes publicados previamente por las reconocidas organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional que también encuentran responsabilidad del Estado por muertes en protestas.
 

Descargue aquí el informe: Situación de los derechos humanos en Perú (PDF, 113 p.)

Lima, Ica, Arequipa y Cusco

Según el documento, de 113 páginas, “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.

En los casos de Lima, Ica, Arequipa y Cusco apuntan que esta respuesta “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.

Así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad, indican.

Ayacucho y Puno

La CIDH hace un apartado en las conclusiones de su informe para los casos de Ayacucho y Puno, regiones ubicadas al sur del país que fueron las más afectadas por la violencia estatal.

Sobre Ayacucho, donde hubo 10 muertos, sostienen que “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.

Asimismo, señalan que, “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, un escenario no visto en el país desde la época de Alberto Fujimori (1990-2000).

“Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, anota la Comisión Interamericana.

En tanto, en el caso de Juliaca (Puno), la CIDH observa que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”.

Esto habría resultado “en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”.
 

Informe de la la CIDH contradice rotundamente la defensa de la mandataria Dina Boluarte, quien aseguraba que fuerzas estatales actuaron en el marco de la ley.

Estigmatización

La CIDH también afirma haber constatado un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales mediante ciertos mensajes.

Estos mensajes aluden a las personas indígenas y campesinas como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas de catalogarlos.

“Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población”, anotan.

Por ello, recomiendan al Estado diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.

Investigación, sanción y reparación

Finalmente, señalan que las graves violaciones de derechos humanos reportadas en el informe “deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos.

“Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”.

Para las investigaciones, la CIDH pone a disposición del Estado la posibilidad de solicitarle asistencia técnica, ya sea mediante capacitación a funcionarios, mecanismos de seguimiento de recomendaciones o la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes.

De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sancionadas penalmente como corresponde y las víctimas de violaciones reparadas de manera integral, apuntan.

También recomiendan proveer de atención médica inmediata e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, tanto médica especializada como psicológica.

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