Bienes vinculados a Joaquín Ramírez y valorizados en más de mil millones de dólares vienen siendo incautados como parte de una investigación por lavado de activos y fraude.
Servindi, 12 de abril, 2023.- La justicia peruana asestó un duro golpe contra Joaquín Ramírez, quien habría financiado con dinero ilegal las campañas presidenciales Keiko Fujimori en 2011 y 2016.
Esto luego de iniciar con la incautación de bienes vinculados a Ramírez y valorizados en más de mil millones de dólares, como parte una investigación por lavado de activos y fraude que se le sigue.
Según la tesis fiscal, el otrora militante, representante legal y secretario de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, malversó dinero de la universidad Alas Peruanas para beneficios propios.
Lo hizo al usar la universidad para hacer negocios con empresas fantasmas, creadas por los hermanos Ramírez, con el fin de obtener dinero y bienes ilícitos, apunta el esquema fiscal.
Seguidamente, parte de ese dinero fue usado para financiar la campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016, por lo que se incluye a Keiko Fujimori y Pier Figari, líderes del partido, en la investigación.
La incautación de bienes relacionados a Ramírez inició el 11 de abril e irá hasta el 24 de abril, tiempo en que las autoridades planean incautar 162 inmuebles, 84 vehículos y 7 avionetas.
De acuerdo a la Fiscalía, estos bienes fueron obtenidos de manera ilícita por la presunta organización criminal liderada por Ramírez en el brazo criminal, y por Fujimori y Figari en el brazo político.
Este es el caso más grande lavado de activos en Perú, después del caso Orellana, otro megacaso de organización criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana, según el ministro del Interior, Vicente Romero.
El Ministerio del Interior informó que el monto involucrado en este caso supera los mil millones de dólares. Foto: OjoPúblico/Abel Cárdenas
Romero hizo estas declaraciones durante la presentación del caso, a cargo de la Policía el 11 de abril en la sede de Alas Peruanas, en Lima, en el que también participó el titular de Justicia, José Tello.
Tello, por su parte, acotó que todas las propiedades incautadas pasarán a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) con la intención de que sean usados por el Estado para nuevas actividades.
Tras las primeras incautaciones, Fuerza Popular emitió un comunicado intentando deslindarse de Ramírez, sobre quien dijeron “no es afiliado ni dirigente [del partido] desde hace varios años”.
Además, pidieron a las autoridades del actual gobierno que “eviten participar en conferencia de prensa relacionadas a operativos fiscales ya que podría interpretarse como una injerencia en las investigaciones a cargo del Ministerio Público”.
En respuesta, el premier Alberto Otárola afirmó que “el Gobierno ha intervenido ni intervendrá en ninguna intervención fiscal” y que son respetuosos de la “independencia de los poderes públicos”.
Cabe señalar que este caso actualmente se encuentra en etapa de investigación preparatoria, luego de que se extendiera el plazo de investigación por 27 meses en diciembre del 2022.
La investigación alcanza a 14 personas naturales y 15 personas jurídicas, en donde se encuentran Joaquín Ramírez, Osias Ramírez y doce familiares más del exfinancista de Fuerza Popular.
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