Servindi, 5 de marzo, 2023.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con una edición especial dedicada al tema: ¿Qué pasa en el Perú? al cumplirse dos meses del inicio de las protestas. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Melissa Rubio y Sergio Zanabria y redactado por el equipo de prensa de Servindi.
Resumen nacional del 27 de febrero al 5 de marzo
Represión en Juli. Las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso continúan en Lima y regiones del país que exigen la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones.
La desmedida presencia policial y militar en Juli, en Puno, provocó un enfrentamiento que dejó por lo menos veintisiete heridos, entre estos un civil herido de bala, el sábado 4 de marzo.
Las protestas se iniciaron cuando cientos de pobladores reclamaron por cuatro aimaras heridos en Lima y pidieron el retiro de los efectivos cuya presencia consideran ofensiva.
Las protestas en la capital se han visto fortalecidas con nuevas delegaciones, especialmente de Puno, que llegaron para sumarse a las manifestaciones.
Protestas en Lima. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que el 77 % de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta y su aprobación cae del 17 % al 15 %.
Mientras que nueve de cada diez peruanos desaprueban el desempeño del Congreso.
Silencio cómplice. El Estado peruano prefiere el silencio y las medias verdades para responder a los expertos del Cte. de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra.
En la sesión del 3 de marzo, autoridades afirmaron que fuerzas armadas actuaron “en irrestricto respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, guardaron silencio sobre los allanamientos policiales en la Universidad San Marcos y la Confederación Campesina del Perú.
Mientras que cada vez se exponen más pruebas del accionar excesivo y desproporcional de las fuerzas del orden para contener las protestas.
Lo llamativo es que la Policía no interviene cuando grupos de ultraderecha, como La Resistencia, atacan a instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como ocurrió esta semana.
Rechazan protocolo. Un amplio rechazo recibe el protocolo para periodistas publicado por el Gobierno que busca controlar cómo los trabajadores de prensa cubren las protestas en el país.
El documento establece que la Policía decidirá donde pueden ubicarse los reporteros y no considera periodistas a los que trabajan en medios independientes y los deja sin protección si no acatan las indicaciones policiales.
Gremios periodísticos e instituciones de derechos humanos exigen el archivamiento del protocolo debido a que amenaza la libertad de expresión, prensa e información.
Dina Boluarte publicó el protocolo el 28 de febrero y ha dado 10 días para recibir comentarios y afinar el documento, con el fin de publicarlo posteriormente como decreto.
No al estado de emergencia. La International Land Coalition pidió al gobierno de Dina Boluarte levantar el Estado de Emergencia y poner fin a las violaciones de derechos humanos y a la criminalización del derecho a la protesta pacífica y libre expresión.
La alianza mundial de más de 300 organizaciones de la sociedad civil e instituciones intergubernamentales que trabajan en 78 países también pidió investigar muertes, sancionar a responsables y reparar a víctimas.
Por la plata. Además de sus exuberantes sueldos y beneficios por ser congresistas, otra razón por la que no quieren adelantar las elecciones en el Congreso son los fondos públicos que sus partidos políticos reciben de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Reportes revelan que Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Perú Libre hicieron mal uso del dinero al pagar a sus investigados por la justicia y capacitaciones inventadas.
Deudoras beneficiadas. Un fallo del Tribunal Constitucional favorece a grandes empresas que tienen deudas con el Estado al prohibir aplicarles intereses moratorios si vence el plazo legal para su resolución.
300 grandes empresas deudoras se verán beneficiadas y el Estado dejaría de recaudar alrededor de 12 millones de soles, lo que representa el 1,5 % del Producto Bruto Interno.
Figuran empresas del sector de telecomunicaciones, como Telefónica; de minería, como las compañías Buenaventura y Cerro Verde; y de banca, como Scotiabank, Interbank y BBVA.
Lote 192. La organización indígena nacional Aidesep denunció que la suscripción del contrato del Lote 192 viola el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, e incumple estándares internacionales que garantizan estos derechos.
El contrato se suscribió entre las empresas Perupetro S.A. y Petroperú S. A. y el lote se superpone a territorios de los pueblos Achuar, Quechua y Kichwa de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, respectivamente.
Educación en riesgo. La educación de menores indígenas en el único colegio bilingüe de Lima corre riesgo debido a que la UGEL del Rímac pretendería imponer docentes que no hablan el idioma Shipibo Konibo para este año escolar.
Con ello, la UGEL estaría desconociendo la categorización de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que tiene la Institución Educativa Comunidad Shipiba, ubicada en Cantagallo, distrito del Rímac, advirtió la organización indígena nacional Aidesep.
Piden protección. Las viudas de los líderes ashéninkas asesinados en la comunidad Alto Tamaya Saweto, en Ucayali, demandan protección para ellas y sus familias a más de ocho años del crimen.
Aunque saludaron que el Poder Judicial sentencie a 28 años de prisión a los acusados del cuádruple asesinato, alertan que las amenazas por la tala ilegal continúan en sus territorios.
El pedido lo hicieron Julia Pérez, Lita Rojas y Ergilia Renfigo, viudas de Edwin Chota, Leoncio Quintísima y Jorge Ríos, respectivamente, y Lina Rengifo, hija de Francisco Pinedo.
Anuncian paro. Federaciones indígenas de la Amazonía acordaron iniciar un paro si el Congreso no archiva el proyecto de ley que pone en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
La medida de lucha iniciaría los primeros días de marzo y conllevaría el cierre de “todas las actividades amazónicas”, adelantó el presidente de la federación indígena Orpio, Beltrán Sandi Tuituy.