Norma fue impulsada por el ultraderechista alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pese a que el TC ya confirmó antes la inconstitucionalidad de este tipo de medidas.

Servindi, 15 de febrero, 2023.- La Municipalidad de Lima publicó la ordenanza que declara el Centro Histórico de Lima como zona intangible para el desarrollo de protestas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública.

Medida es cuestionada pues ya en 2005 el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda presentada contra una norma municipal similar que prohibía cualquier tipo de concentración pública en esta zona.

Pese a esta jurisprudencia, el ultraderechista alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, impulsó la iniciativa que se oficializó con la publicación del Acuerdo N° 026 en el diario El Peruano, este 15 de febrero.

Lo hizo pese a que él mismo utilizó el espacio del Centro Histórico de Lima para las marchas que convocaba en apoyo a Keiko Fujimori y contra Pedro Castillo, durante la segunda vuelta electoral, en 2021.

Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, prohíbe manifestaciones en zona de Lima que antes uso para las marchas donde pedía votar por Keiko Fujimori. Foto: LR

La reciente norma, además, genera controversia pues se da en un contexto donde se realizan manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales.

Y cuando se observa que, desde el Congreso, los grupos políticos de derecha son los que brindan soporte al actual gobierno, deslegitimado por la brutal represión con la que responde a las movilizaciones.

Las zonas que han sido declaradas intangibles son el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la plaza de Armas, plaza San Martín, plaza Bolívar, el Congreso de la República y la plaza 2 de Mayo.

Así como la plaza Ramón Castilla, plaza Bolognesi, la Alameda de los Descalzos, el Cuartel Militar Barbones, el hospital Almenara, el Instituto Superior Tecnológico José Pardo y la Iglesia María Auxiliadora.

Se detalla que la Municipalidad de Lima velará por el cuidado de estas zonas intangibles en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Prefectura de Lima y el Ministerio de Cultura.

Para la abogada constitucionalista, Beatriz Merino, el problema de esta norma es asumir que todas las reuniones son violentas para restringirlas “por poner en riesgo la seguridad y/o salud pública”.

Por ello, considera que la ordenanza “debería ser declarada inconstitucional”, aunque advierte que, considerando las decisiones del actual TC, lo más probable es que quede “incólume”.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que como la norma solo hace referencia a las protestas que “ponen en riesgo la seguridad”, no restringe el derecho a la protesta pacífica.

“Una interpretación extensiva de esta restricción resultaría contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”, indicó la coalición de organismos civiles de Perú.

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