Irrumpieron con tanquetas, los redujeron como si fueran delincuentes y se llevaron detenidas a 193 personas que al día siguiente fueron liberadas y ahora denuncian abusos policiales.

Servindi, 23 de enero, 2023.- Una intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sin fiscales e impidiendo el acceso de abogados expone nuevamente la vulneración de derechos en el país.

La universidad, que solicitó el ingreso policial, denuncia ahora el abuso de autoridad de los agentes que detuvieron a 193 personas, las mismas que fueron liberadas al culminar las diligencias policiales.

Entre los detenidos había estudiantes, ciudadanos que llegaron de provincias para unirse a las protestas contra el gobierno, una mujer embarazada y una madre con su niña de 8 años.

El operativo

La intervención policial inició la mañana del sábado 21 de enero, cuando los efectivos tumbaron con una tanqueta la reja izquierda de la puerta 3 de la universidad para ingresar al recinto.

Esto, pese a que la reja derecha de esa misma puerta, se encontraba abierta al momento en que la Policía llegó a la universidad, tal como ha revelado el medio periodístico La Encerrona.

Ya adentro, la Policía redujo a las personas que encontraron, las pusieron contra el suelo, boca abajo y manos en la espalda, y las obligaron a guardar silencio mientras las apuntaban con sus armas.

De ese momento, hay un vídeo en que un efectivo policial se graba denigrando a los reducidos. “Se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas, reventamos San Marcos”, se le escucha decir.

Todo esto ocurrió sin la presencia de fiscales y mientras en las puertas de la universidad se impedía el acceso de abogados que habían llegado para conocer la situación de los detenidos.

Afuera también se vio cómo policías se repartían los víveres que habían sido donados para las personas llegadas de provincias, y a dos ternas —policías vestidos de civiles— generando caos.

Finalmente, la Policía se llevó detenidas a 193 personas e inició las diligencias sin la presencia de abogados ni fiscales, motivo por el cual el Instituto de Defensa Legal (IDL) interpuso un recurso de amparo.

La Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también se pronunció recalcando que la supervisión fiscal en estas situaciones “es esencial”.

Liberación y descargos

Un día después, la noche del domingo 22 de enero, 192 de los 193 fueron liberados. Solo una persona quedó retenida por tener requisitoria por otro caso ajeno a la intervención en San Marcos.

Al ser liberadas, varias de estas personas denunciaron el maltrato por parte de la Policía: insultos racistas, agresiones físicas y tocamientos indebidos contra mujeres al momento de revisarlas.

Por su parte, la universidad San Marcos, ha dado dos versiones en dos comunicados. En el primero afirmaba que la Policía había actuado “de oficio” por una denuncia que presentaron.

La denuncia fue, según indicaron, porque un grupo de estudiantes, en colaboración con manifestantes, había arrebatado sus equipos al personal de seguridad y tomado las puertas de la universidad.

En un segundo comunicado, emitido la tarde del 22 de enero, la San Marcos reconoce que la Policía intervino el recinto a partir de la denuncia, pero esta vez denuncian el “abuso de autoridad” de los efectivos.

“En evidente uso de la fuerza, [la Policía] ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público” e intervino “arbitrariamente” a estudiantes, indican.

Además, rechazan la intervención de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía, “que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos”.

La rectora de la universidad, Jerí Ramón, que desde el primer momento se mostró en contra de que se albergue a ciudadanos de provincia en la San Marcos, dijo que no esperaba que la Policía ingrese con tanquetas.

Tras los últimos hechos, profesores, estudiantes y egresados de la Decana de América han salido a exigir la vacancia o renuncia de Ramón.

En tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, justificó la intervención policial porque había flagrancia. “Cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”.

Además, dijo que, de haber existido alguna irregularidad durante la intervención, “se establecerá si hay responsables”.

Por lo pronto, lo único que ha generado la intervención en San Marcos es que la indignación por el abuso policial crezca y se anuncien nuevas movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.

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