Comisión de Descentralización del Parlamento pretende aprobar dictamen para modificar Ley Piaci. Especialistas aseguran que iniciativa impulsa el genocidio de esta población vulnerable.

Por Gabriela Coloma*

Inforegión, 20 de diciembre, 2022.- En un nuevo intento por retroceder en políticas de protección social y ambiental, el congresista fujimorista y representante de Loreto Jorge Morante Figari ha presentado el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, el cual propone modificar la Ley 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto Inicial (Ley PIACI) para que la creación de las reservas indígenas sean aprobadas por Ordenanza Regional de los gobiernos regionales y no por Decreto Supremo del Gobierno Nacional. ¿Qué implica ello?

Recordemos que el Perú es el segundo país de Latinoamérica, luego de Brasil, con mayor presencia de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Piaci). A través de varios decretos supremos es que se ha reconocido la existencia de unos 20 pueblos. No obstante, organizaciones, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del país, confirman que en realidad serían 25.  

Con el fin de proteger a los Piaci es que en el 2006 se aprobó la ley N°28736 o conocida como Ley Piaci. No hay que olvidar que se trata de una norma aprobada y publicada por el Congreso de la República que busca proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento. Una de las políticas implementadas para ese fin fue la creación de las Reservas indígenas y territoriales. 
 

Como es sabido, el territorio nacional alberga siete reservas en beneficio de los Piaci, las cuales se establecieron entre los años 1990 y 2021, en el marco de la Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. Entre ellas están la Reserva Indígena Murunahua (Ucayali), la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (Cusco y Ucayali), la Reserva Territorial Madre de Dios (Madre de Dios), la Reserva indígena Yavarí Tapiche (Loreto), entre otras.

No obstante, actualmente existen actores políticos que buscan perjudicar a este grupo humano. Bajo esa mira es que para la sustentación de la modificación de la Ley Piaci se asegura que la creación de reservas territoriales que citamos le quita autonomía a los gobiernos regionales en relación a las políticas a realizar dentro de sus territorios.

«Si se aprueba este proyecto de ley los gobiernos regionales podrían extinguir todas las reservas indígenas»

– Apu Julio Cusurichi, ganador del Premio Ambiental Goldman 2007.

“Miles de pobladores loretanos que realizan sus actividades de pesca, caza y extracción de madera a pequeña escala para subsistir se ven obligados a abandonar sus territorios debido a la creación de reservas”, expresó el congresista citado al sustentar dicha modificación. No obstante, especialistas de la Aidesep recuerdan que al momento de promulgar dicha ley, sí se contó con la participación de diversos actores, entre ellos las organizaciones indígenas, así como del Ministerio de Agricultura, a través de sus Direcciones Regionales Agrarias, entre otras entidades.
 

Foto: FZS Perú

Por su parte, el apu Julio Cusurichi Palacios afirma que negar la existencia de esta población es caer en el genocidio y exterminio de los «hermanos Piaci». Por ello, advierte que «este proyecto pretende facultar a los gobiernos regionales a ‘determinar la revocatoria o extinción’ tanto de los reconocimientos de la existencia de los Piaci como de las reservas indígenas creadas a su favor. Es decir, si se aprueba este proyecto de ley los gobiernos regionales podrían extinguir todas las reservas indígenas creadas e inclusive desaparecer el reconocimiento de la propia existencia de estos pueblos, quienes son ciudadanos peruanos y sujetos de derechos igual que nosotros».

No olvidemos que estos grupos sociales son los más vulnerables en muchos niveles: sanitario, territorial, sociocultural y demográfico. Es decir, quitarles autonomía es un grave peligro no solo hacia su bienestar sino también a la protección de la naturaleza. «Se pone en peligro a gran parte de la Amazonía peruana al facultar a los gobiernos regionales para extinguir las protecciones de millones de hectáreas de bosque amazónico. Exigimos al Congreso de la Republica archivar este proyecto de ley», enfatiza el Apu.

La alianza antipiaci en acción 

El pasado 2 de agosto, el Gobierno Regional de Loreto (Gorel), con su actual gobernador Elisban Ochoa, mediante oficio dirigido al entonces ministro de Cultura, Alejandro Salas, solicitó la nulidad del reconocimiento de los Piaci ya que para él, estos no existen. «El gobierno es respetuoso de los pueblos no contactados, si los hubiere«, se enfatizaba carta suscrita en su gestión. Ello contradice el reconocimiento a dos Áreas Naturales Protegidas como el Parque Nacional Cordillera Azul y Parque Nacional Sierra Del Divisor, ubicadas en Loreto, como zonas de Concesión para Conservación con presencia de Piaci.

«El gobierno es respetuoso de los pueblos no contactados, si los hubiere»

– Elisban Ochoa Sosa (Gobernador Regional de Loreto)

Desde los inicios de este año, el Gorel reiteraba su rechazo a los alcances de la Ley Piaci, pues consideraba que afecta el desarrollo económico de la región, por lo que pedia su derogación o la restructuración de la Comisión Multisectorial, entidad de Ministerio de Cultura, encargada de los procesos de creación de las reservas indígenas para los pueblos aislados. En varios comunicados se observa cómo el Gorel buscaba, por cualquier medio, que esta importante norma sea modificada.

En medio de esas disputas, un aliado fundamental para la difusión de este mensaje de derogatoria fue una La Coordinadora por el Desarrollo de Loreto – CDL, una autodenominada organización para la conservación del medioambiente que ha promovido la campaña Vulnerables e invisibles, en la cual se niega la existencia de los Piaci la Amazonia peruana.

Gráfica compartida por la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto – CDL a través de su página oficial de Facebook.

Desgraciadamente, posiciones contra la Ley Piaci las hay en las que su base argumental son dignas de antología. “Los Piaci son una farsa para crear reservas infantiles en perjuicio del desarrollo de nuestra región”, comentaba en noviembre de este año el presidente de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), Christian Pinasco, para el diario español El País. 

Fuentes consultadas por el mismo medio afirman que CDL tendría fuertes intereses madereros y empresariales asociados a carreteras y al tráfico de tierras. En este sentido, especialistas de la Aidesep consultados por INFOREGIÓN también afirman que existen intereses económicos de por medio sobre el manejo de tierras en la Amazonía, pues la creación de las reservas impide el acceso de actividades como la tala a gran escala. Recordemos que esta actividad se ha intensificado en regiones como Loreto y Ucayali.

A ello se añade que, según una denuncia realizada por la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), desde el 2015 el Gorel ha entregado unas 47 concesiones forestales en al menos 300 000 hectáreas de territorios de pueblos indígenas en situación de aislamiento de la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y de la Reserva Indígena en solicitud Yavarí Mirim.
 

Gráfico realizado por SPDA.

Más voces piden archivamiento de ley contra los Piaci 

Desde el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-Piaci) se ha rechazado el proyecto pues representa un atentado contra los Piaci. Hablamos de una organización que está compuesta por 21 organizaciones indígenas y aliadas y líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam.

Además, el segundo juzgado civil del Poder Judicial ha sentenciado al Gorel a que no otorgue nuevas concesiones forestales en el ámbito de las reservas indígenas Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Napo Tigre y Sierra del Divisor Occidental, todas situadas en la región amazónica más grande del país. La medida responde al hecho de que los Piaci sufren las amenazas constantes de invasión de sus territorios de parte de madederos.

A todo ello se agrega que desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA se afirma que el proyecto de ley que se impulsa desde el Parlamento debe ser “desestimado al atentar directamente contra los derechos a la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”. 

Por su parte, la Aidesep, representante de nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y más de 2400 comunidades nativas, le exige también al Congreso a no aprobar el proyecto de Ley N° 3518/2022-CR, ya que «viola los derechos de nuestros hermanos y hermanas PIACI que se encuentran protegidos en el marco jurídico nacional: la Constitución Política del Perú, Ley N° 28736 (Ley PIACI) y su reglamento».
 

----
Fuente: Publicado el 20 de diciembre en el portal informativo de Inforegión. Es compartido por Servindi de acuerdo a un convenio de colaboración mutua: https://www.inforegion.pe/302137/insisten-en-poner-en-riesgo-la-existencia-de-pueblos-indigenas-en-aislamiento/

Te puede interesar:

Proyecto fujimorista sobre pueblos en aislamiento es inconstitucional

Foto: ORPIO

Servindi, 5 de diciembre, 2022.- El proyecto de ley del congresista Jorge Alberto Morante Figari que pretende modificar la Ley 29785, Ley de Protección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto, es inconstitucional y amenaza el derecho a la vida de los pueblos en aislamiento. Seguir leyendo...