Servindi, 15 de dociembre, 2022.- La iniciativa de promover el adelanto de elecciones para el mes de diciembre de 2023 cobra fuerza luego que la Pdta. Dina Boluarte admitiera esta posibilidad luego de dialogar ayer el martes en sesión del Consejo de Estado.

Ella enfatizó que la decisión está en manos del Congreso de la República, entidad a la cual envió una iniciativa legal proponiendo que las elecciones se realicen en abril de 2024.

Pero luego, de dialogar con diversos sectores sociales y en el Consejo de Estado admitió que es posible efectuar las elecciones en diciembre de 2023, plazo que permitiría hacer algunas reformas básicas y cumplir el calendario electoral que tiene su propia normativa.

El diario La República informa que fuentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no han sido consultadas de manera específica sobre las elecciones en este nuevo plazo, del cual no se habló en la sesión. 

“Por ahora, la interpretación de la demanda del adelanto de elecciones en el Jurado es: de aprobarse el dictamen de la Comisión de Constitución que propone nuevos comicos generales para abril del 2023 sería sin reforma alguna.”

Si el plazo fuera para abril de 2024 se pueden cumplir las etapas y se podrían incluir algunas reformas y la participación de organizaciones políticas en proceso de inscripción, indica la fuente del diario nacional.

Cabe destacar que la demanda de elecciones “inmediatas” no es atendible ni razonable debido a los plazos previos que requieren los organismos electorales y no permitiría efectuar ninguna reforma política ni electoral.

Gestionar crisis con “mayor urgencia y realismo”

El adelanto de elecciones coincide con el llamado que efectuó la Defensoría del Pueblo que a través de un pronunciamiento instó al Congreso de la República a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones.

“La representación nacional debe responder con sentido de pertinencia y urgencia a los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional, considerando el plazo más realista” indica la Defensoría.

Pidió asimismo, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, “implementar alternativas realistas de gestión de la crisis política, para restablecer, en un plazo razonable, la gobernabilidad y la paz social del país”.

Reafirmó que el país “fue víctima de un condenable golpe de Estado fallido” y las/los autoras/es de este grave delito deben responder ante la justicia con las garantías previstas por ley.