Organismo advierte mientras en Perú no se definan de manera objetiva figuras constitucionales como la vacancia presidencial y la disolución del Congreso, la crisis persistirá.
Servindi, 8 de diciembre, 2022.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las decisiones contrarias al orden constitucional en Perú, en alusión al intento de autogolpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, el 7 de diciembre.
Asimismo, en un comunicado el organismo reconoció la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llamó a garantizar la gobernabilidad en el país con apego al Estado de derecho.
“El Estado debe continuar sus esfuerzos para garantizar la gobernabilidad, así como asegurar que los enfrentamientos entre los poderes estatales no tengan impactos en la gobernabilidad y la vigencia de los derechos humanos”, expresaron.
Para la CIDH está claro que el expresidente Pedro Castillo vulneró la Constitución al anunciar el cierre del Congreso, pues desconoció “la previsión del artículo 134” de la Carta Magna.
Dicho artículo sostiene que el presidente solo puede disolver el Parlamento si éste ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros, hecho que no ocurrió en Perú.
En esa línea, el organismo reconoció cómo actuaron las instituciones del Perú “para evitar la concreción del quiebre constitucional”, impulsando la vacancia del mandatario y la posterior sucesión presidencial.
Ahora, el Estado debe defender la democracia en apego a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y respetando derechos fundamentales, como la libertad de expresión, añadieron.
Asimismo, alertaron que la sucesión de crisis constitucionales que vive el país continuará registrándose en tanto no se definan de manera objetiva una serie de figuras constitucionales.
Entre ellas, “la disolución unilateral del Congreso, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la acusación constitucional”, apuntó el organismo.
En efecto, Perú vive una crisis constante que se traduce en registrar seis presidentes en los últimos cinco años. La última, Dina Boluarte, juró al cargo ayer 7 de diciembre, tras la vacancia de Pedro Castillo.
Castillo fue vacado y detenido por la Policía luego de intentar disolver del Congreso de manera inconstitucional.
La Fiscalía ya lo investiga por el presunto delito de rebelión y el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar en su contra, este 8 de diciembre.
Este plazo será usado por la Fiscalía para determinar si pide la prisión preventiva del exmandatario ante peligro de fuga, riesgo de obstrucción a la justicia e indicios serios de comisión de delitos.
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