Servindi, 29 de noviembre, 2022.- La ilegalidad no solo se encuentra en el narcotráfico, la minería o la tala ilegal, sino también en la pesca predatoria que busca influir políticamente a favor de grupos específicos de interés.

Esto se observa en la campaña desatada contra la Ley 31622 promulgada el 16 de noviembre y que busca fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada dedicada al tráfico de flora y fauna silvestre y a la extracción ilegal de especies acuáticas.

Una nota de la asociación CooperAcción detalla cómo se busca utilizar a los pequeños pescadores artesanales para intentar bloquear la norma promulgada con el apoyo de bancadas como Fuerza Popular y Perú Libre, entre otras.

Las presiones de la ilegalidad: el caso de la Pesca

Por CooperAcción

29 de noviembre, 2022.- En los últimos años, un conjunto de actividades ilegales se ha venido consolidando, con el respaldo cada vez más abierto de grupos de interés que tienen capacidad de influencia en las altas esferas del poder político. Narcotráfico, tala y minería ilegal, son algunos ejemplos de influencia política que les permite obtener legislación favorable o neutralizar algunas iniciativas contrarias a sus intereses.

Una actividad que comienza a avanzar en esta perspectiva tiene relación con la pesca abiertamente ilegal que, según algunos expertos, mueve aproximadamente 100 mil toneladas de recursos hidrobiológicos por año, a través de más de cincuenta plantas de procesamiento que funcionan abiertamente al margen de la ley.

Por ello es importante hacer notar la fuerte campaña que se ha desatado en contra de la ley 31622 (1), que fue promulgada el pasado 16 de noviembre y que busca, precisamente, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada que se dedica al tráfico de flora y fauna silvestre y a la extracción ilegal de especies acuáticas.

Sin discusión, esta norma representa un claro avance en la lucha contra el crimen organizado que depreda nuestros recursos hidrobiológicos. Sin embargo, a pocos días de promulgada la norma se desataron un conjunto de iniciativas que buscan derogarla y que han tenido eco en congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular, entre otras agrupaciones políticas y en el ahora ex ministro de la Producción, Jorge Prado.

¿Qué se viene argumentando en contra de la ley?

Uno de los argumentos apunta a señalar que la norma va a afectar a los pescadores artesanales y va a criminalizar su actividad. Sin embargo, esto no es exacto porque, como ha mencionado Juan Carlos Sueiro, director de Pesquería de Oceana, “no todas las actividades ilegales en el mar se cometen por la modalidad de crimen organizado” (La República). Es importante precisar que hay una serie de requisitos –que establece la ley de crimen organizado– que permiten diferenciar las actividades de pescadores artesanales de las mafias que operan depredando la flora y la fauna marina.

El propio procurador del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, ha señalado que la Ley 31622 no busca afectar la producción ni el trabajo que realizan los pescadores artesanales en el país. “Los pescadores deben estar tranquilos. Ellos realizan su trabajo con la autorización que le brindan las autoridades competentes” (Andina).

Las propias organizaciones representativas de los pescadores, como es el caso de la Asociación de Pescadores Artesanales y Armadores Almirante Grau, han sido claras en señalar a las organizaciones criminales y los anchoveteros como los que estarían detrás de los lobby en el Congreso. “Los que protestan son los anchoveteros, la mayoría que practica la pesca ilegal y desproporcionada. En Chimbote es vox populi que los harineros son los que están detrás de esta protesta (...) Yo sí estoy de acuerdo con la ley. Los verdaderos pescadores artesanales no le tenemos miedo porque actuamos en el marco de la ley”, declaró el presidente de esta organización, César Díaz (La República, 21 de noviembre).

En este sentido es preocupante la posición que ha tomado el Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias. El presidente del mencionado comité, Alfonso Miranda, ha repetido los mismos argumentos de grupos opositores, en el sentido de que ley criminalizaría a los pescadores artesanales y, supuestamente, no perseguiría “la pesca negra”. Ambos argumentos han sido claramente refutados.

¿Qué grupos parlamentarios estarían detrás de la derogatoria de artículos claves de la ley? Congresistas como Cruz Zeta Chunga de Fuerza Popular y Waldemar Cerrón de Perú Libre (otra vez ambas fuerzas políticas aparecen juntas) han estado liderando la derogatoria, con el respaldo del ministerio de la Producción. Según La República, también se habrían mostrado a favor de la derogatoria los congresistas Ilich López (Acción Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Diana Gonzales (Avanza País) y Guillermo Bermejo (Perú Democrático).

Cabe señalar que la propia Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y ha exigido a Produce que informe los reales alcances de la ley y enfrente la grave campaña de desinformación que se viene promoviendo.

Nota:

(1) Ley que modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal, con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales.

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Fuente: Publicado el 28 de noviembre en el portal web de la asociación CooperAcción y recibido para su difusión: https://cooperaccion.org.pe/las-presiones-de-la-ilegalidad-el-caso-de-la-pesca/

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