Servindi, 1 de noviembre, 2022.- El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y las cooperativas mineras acordaron la explotación minera en el área protegida Madidi, Cotapata y Apolobamba.

Así lo denunció la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que advierte que el río Madidi pertenece a la cuenca del río Amazonas.

En conjunto con el Corredor de Conservación Madidi, Cotapata y Apolobamba “engloban territorios indígenas, cuencas, bosques íntegros y una alta biodiversidad”.

Dicha región se encuentra en constante amenaza debido a las altas tasas de contaminación de mercurio utilizadas por la minería ilegal que ha avanzado por años, dañando parte de esta reserva.

El convenio suscrito el 27 de octubre “formaliza la destrucción de estos territorios y da luz verde a la extracción desmedida y la aniquilación de vida en el sector”.

Con ello se pone en riesgo no solo la biodiversidad sino la vida de los pueblos indígenas que en él habitan, indica la COICA.

La COICA llama al gobierno de Bolivia a tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestros territorios megadiversos y actuar en congruencia con la crisis climática que aqueja a la humanidad y demanda acciones urgentes.

“Luchamos por una Amazonía viva, para una humanidad segura y para lograrlo es indispensable la voluntad política de los gobiernos” culmina el mensaje de la COICA.

Sociedad civil boliviana se pronuncia

Organizaciones de la sociedad civil, plataformas, colectivos, investigadores, científicos emitieron un pronunciamiento en el que exigen al presidente Luis Arce, anular el acuerdo firmado.

“Exigir la anulación inmediata del acta y acuerdos del 27 de octubre del 2022 entre Fecoman, Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para ingresar a destruir las AP Madidi, Cotapata y Apolobamba”, señala el documento.

Advierten que el negocio del comercio de mercurio, la minería legal, ilegal y artesanal van adquiriendo características que son muy propias del crimen organizado, con complicidad de autoridades.

“La minería cooperativizada no puede ser considerada como una actividad "productiva social" (...) ya que sus impactos negativos en la salud y los ecosistemas limitan seriamente el desarrollo de las actividades productivas agropecuarias y pesqueras en toda la Amazonía Norte de Bolivia” indica el pronunciamiento.
 

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