Servindi, 6 de octubre, 2022.- Aunque sea difícil de admitir los intentos de evadir las propias responsabilidades en el mantenimiento del Oleoducto Norperuano (OPN) e incriminar a los dirigentes indígenas no conoce límites.
Esto ocurre con la acusación contra Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum), por haber supuestamente atentado contra el ONP para beneficiarse con los trabajos de remediación.
La acusación proviene de la Asociación de armadores navieros y actividades afines de Loreto, mediante una carta enviada al presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres el 29 de setiembre.
Galo Vásquez Silva y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) han publicado un artículo en el portal del IDL donde rebaten los infundios de la acusación.
Pero en aras de esclarecer la verdad solicitan al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) investigar la causa del derrame de petróleo ocurrido en la quebrada Cuninico el 16 de setiembre.
De igual manera exigen se sancione con la mayor severidad posible, con todas las garantías del debido proceso, a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra el citado oleoducto.
Indican, que los autores intelectuales son “aquellas malas empresas que instigan a la población a atentar contra el Oleoducto para luego beneficiarse con contratos de remediación”.
Otro pedido es que se sancione “a aquellos funcionarios responsables penal y administrativamente de la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano”, hecho clave para que ocurran los derrames.
El OEFA debe investigar e informar oficialmente cuáles han sido los impactos negativos producidos por el derrame en las comunidades indígenas afectadas, ya que no han sido analizados ni valorizados adecuadamente.
El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deben asimismo identificar y procesar a todos los responsables de los derrames de petróleo ocurridos en años recientes.
Los autores del artículo piden a la prensa y a la opinión pública a no olvidar que el OEFA estableció la responsabilidad de Petroperú en el derrame de 2500 barriles de petróleo en junio de 2014 en la Quebrada de Cuninico, por falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano.
Asimismo, citas otros casos en los que el OEFA determinó la responsabilidad de Petroperú también por el mismo motivo: no darle mantenimiento al Oleoducto Norperuano.
Los casos citados son el derrame de Chiriaco en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas en enero de 2016, y el derrame de Morona en la provincia de Datem del Marañon en la región de Loreto, en febrero de 2016.
Finalmente, exigen a Petroperú cumplir con darle mantenimiento pleno e integral al Oleoducto Norperuano, como lo exige el D.S. 081-2007-MINEM, y cuyo incumplimiento ha sido advertido y verificado por OEFA en los derrames de Cuninico, Morona y Chiriaco.
El gobierno debe instalar una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados, a efectos de dar una solución integral al problema de los constantes derrames de petróleo.
La mitad de derrames ocurren por falta de mantenimiento del oleoducto
El documentado artículo de Galo Vásquez y Ruiz Molleda demuestra que la mitad de los derrames ocurren por falta de mantenimiento del oleoducto y esta es una responsabilidad atribuíble a Petroperú.
La otra mitad de los derrames ocurren por atentados cuyos autores deben ser investigados y sancionados, incluyendo a las personas vinculadas a las empresas de remediación.
Una conclusión es que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmim) “viene encubriendo a Petroperú por los continuos derrames de petróleo en la Amazonía”.
En vez de fiscalizar a Petroperú para que realice el mantenimiento, “se dedica a restar responsabilidad a Petroperú, mientras las comunidades afectadas “deben tomar agua contaminada, comer peces contaminados y bañarse en agua contaminada”.
Es importante advertir que una Comisión Investigadora del Congreso de la República emitió en diciembre de 2017 un informe en el que halla incumplimientos, responsabilidades e indicios de corrupcción.
Por ejemplo, Petroperú no exigía legalmente proveedores calificados al momento de contratar empresas para trabajar en la remediación de zonas afectadas y contrató empresas sin suficiente experiencia, capacidad financiera y tiempo de actividad.
Asimismo, encontró indicios del delito de corrupción por favorecimiento de empresas ligadas a funcionarios de Petroperú quienes se favorecieron con contratos millonarios.
El proceder negligente de Petroperú ha ocasionado graves pérdidas no solo a Petroperú sino al propio Estado peruano. Como precisa el informe en sus conclusiones:
“El daño económico también alcanza a Petroperú y al Estado peruano, pues a consecuencia de la paralización de las actividades del Oleoducto ordenada por OSINERGMIN a partir del año 2016, Petroperú habría dejado de percibir la suma de S/ 274,5 millones por ingresos operacionales al mes de julio del presente año (cifra estimada en base a la tarifa de US$ 10 por barril, precio extremadamente superior a lo facturado por los oleoductos de Colombia y Ecuador)” (Pág. 124).
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