La posición del canciller Rodríguez MacKay y de la mayoría del Congreso contradice la reciente Resolución de Naciones Unidas que reconoce el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, que fue respaldada oficialmente por el Perú. Así lo explica Beatriz Salazar, del Cepes, en el siguiente artículo:

Acuerdo de Escazú, las “fake news” del Canciller

Por Beatriz Salazar*

Cepes, 24 de agosto, 2022.- Transcurrido un año del “gobierno del pueblo” liderado por Pedro Castillo, parece que el presidente ha dado la espalda a uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas y de organizaciones medioambientalistas del país: la ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como ”Acuerdo de Escazú”.

El nombramiento como canciller de Miguel Angel Rodríguez Mackay –que ya era conocido por sus opiniones en contra del Acuerdo de Escazú– es un golpe más tras el archivamiento del Acuerdo en el Congreso el mes pasado. MacKay comparte los argumentos dados por el Congreso para rechazar el Acuerdo, sobre todo, la supuesta pérdida de ía “capacidad soberana sobre nuestra política ambiental”, según manifestó McKay en una entrevista reciente.

Para comprender mejor los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú, y para refutarlos, revisemos algunas declaraciones del propio McKay en 2020:

“Escazú permite que los privados y públicos nacionales y extranjeros puedan intervenir en las decisiones sobre el territorio nacional, sobre la tala de bosques, sobre la conservación del medio ambiente, sobre Machu Picchu, sobre La Pampa”

“Aquí se abre el abanico y en el mismo nivel que el Estado están las ONG, que fácilmente van a engatusar, engañar y manipular a las poblaciones indígenas, los van a llevar a que pongan peros al contenido de un eje de desarrollo para promover una controversia”, dijo.

Con una controversia estamos expeditos, de acuerdo al artículo 19 de Escazú, para que se resuelva en la Corte Internacional de Justicia. Y ahí está el descalabro jurídico, que se quiera llevar a una instancia supranacional la gobernanza intraestatal. Mañana más tarde la Corte puede decir que se construya un puente sobre el Boquerón del Padre Abad, es decir va a decidir sobre la vida intraestatal de los peruanos. Eso no es admisible en ninguna parte del mundo”.

“Si mañana se aprueba Escazú vamos a tener 280 focos conflictuales latentes en el Perú inmediatamente en fase explosiva, porque todo el mundo va a querer opinar y decidir. Cuando todo el mundo quiere decidir, viene la anarquía y el desorden”.

En estas afirmaciones se percibe temor, rechazo y hasta desprecio hacia la participación informada y efectiva de la población en los asuntos públicos, lo cual es contrario a derechos reconocidos en la Constitución y otras normas legales que amparan el derecho a la información y la participación ciudadana (Ley 26300, entre otros).

Cabe destacar que el “Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria” DS 063-2021-PCM, hizo obligatoria la realización de consultas públicas, como las que promueve el Acuerdo de Escazú, y reconoce que, contrariamente a lo que argumenta MacKay, estas consultas “dotan de legitimidad a la decisión que se tome generando confianza y predictibilidad en el ciudadano sobre la actuación de las entidades públicas”.

la posición de MacKay (y del Congreso) contradice la reciente Resolución de Naciones Unidas que reconoce el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, que fue respaldada por el Perú

A nivel internacional, la posición de MacKay (y del Congreso) contradice la reciente Resolución de Naciones Unidas que reconoce el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, que fue respaldada por el Perú. Esta Resolución reconoce  que “el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos, así como el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.

 Con respecto al temor de que “se quiera llevar a una instancia supranacional la gobernanza intraestatal”, una revisión del texto del Acuerdo (ver el artículo 19 a continuación) deja clara la opción de los Estados para que se acojan o no a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje. No es obligatorio, como sostienen los opositores al Acuerdo.
 

Los tratados que sí incluyen cláusulas que permiten injerencia internacional en asuntos internos son los acuerdos comerciales, como los TLC, que contemplan capítulos de garantía de inversiones, que si establecen instancias internacionales de solución de controversias que están por encima de las instancias nacionales. Pero en estos casos no hemos escuchado objeciones, ni de MacKay ni de los opositores del Acuerdo de Escazú en el Congreso.

Contrariamente a los argumentos de MacKay y otros opositores, la ratificación del Acuerdo de Escazú contribuiría a prevenir la conflictividad ambiental, al fortalecer los mecanismos de protección de los defensores ambientales que han sufrido 29 bajas en sus filas por ataques de mafias que lucran con actividades que atentan contra la integridad ambiental. El Acuerdo contiene disposiciones que obligarían a las autoridades a defender y facilitar el acceso a la justicia para estos activistas que actualmente enfrentan la desidia del Estado.”

Por todo lo expuesto, respaldamos el Pronunciamiento de más de 100 organizaciones ambientalistas que exigen una rectificación en la posición del Canciller respecto al Acuerdo de Escazú, o su renuncia al cargo.
 

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*Beatriz Salazar es coordinadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sostenible del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

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Fuente: Cepes: https://cepes.org.pe/2022/08/19/acuerdo-de-escazu-las-fake-news-del-canciller/

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