Servindi, 21 de agosto, 2022.- ​La Defensoría del Pueblo pidió al Ejecutivo no retroceder en el reconocimiento del Acuerdo de Escazú y incorporarlo al ordenamiento jurídico nacional en el marco de un proceso de diálogo objetivo y participativo.

En tal sentido lamentó las recientes declaraciones del actual ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez McKay, en oposición al Acuerdo de Escazú suscrito por el Estado peruano en setiembre de 2018, y pendiente de ratificación.

A través de un comunicado público la Defensoría del Pueblo destaca que el acuerdo de Escazú contiene “pilares para lograr una adecuada gobernanza ambiental y conseguir la paz social, previniendo la ocurrencia de conflictos, los mismos que suelen estar vinculados a las demandas ambientales”.

Al respecto, la Defensoría explicó que a julio de 2022, más del 60 % de los conflictos sociales registrados por ellos están vinculados a temas ambientales.

En Perú, solo en el transcurso de la pandemia por el COVID-19, entre los meses de marzo de 2020 y agosto de 2022, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de al menos 14 asesinatos de personas defensoras del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Los crímenes estuvieron vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y otros delitos conexos.

Lo positivo del Acuerdo de Escazú es que contiene disposiciones para asegurar la protección de las personas d, efensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, atendiendo a que América Latina es la región más riesgosa para su labor.

El Acuerdo de Escazú generará obligaciones que, de ser cumplidas debidamente, ayudarán a obtener los fines trazados por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, contribuirá al propósito del Estado peruano de ser incorporado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recomendó al Perú fortalecer el acceso y transparencia en materia ambiental.

La Defensoría del Pueblo también precisa que el Acuerdo de Escazú expresamente recoge el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, reafirmando así la soberanía de estos.

Esa afirmación es importante considerando con los grupos empresariales y operadores políticos opositores al Acuerdo de Escazú han esgrimido como principal argumento que suscribir dicho acuerdo vulnera la soberanía alimentaria.

Finalmente, puntualiza que el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por trece Estados de la región, dos de los cuales son países amazónicos, que junto con Guyana y Perú “tienen desafíos adicionales en materia de protección de la biodiversidad de la Amazonía”.

Además, se debe proteger los derechos de los defensores ambientales, crecientemente amenazados por las actividades ilícitas presentes en dicho territorio.