Más de 80 organizaciones exigen mejoras en mecanismos de protección, de reparación y justicia ante ola de violencia contra personas defensoras. Durante la pandemia, fueron asesinados 19 defensores indígenas.

Servindi, 15 de julio, 2022. Organizaciones indígenas, feministas, de trabajadores y de la sociedad civil, demandaron cambios urgentes en las políticas de protección a personas defensoras de derechos.

Ante un incesante contexto de violencia, demandaron resolver problemas en mecanismos de protección, reparación urgente de víctimas y garantizar participación de defensores en articulación de políticas.

Igualmente, exigieron justicia para casos contra defensores, así como la ratificación del Acuerdo de Escazú, que permite reforzar medidas de protección para la protección de personas defensoras del ambiente y del territorio.

El pedido se realizó mediante un pronunciamiento suscrito por más de 80 organizaciones y difundido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) el último 14 de julio.

Como se recuerda desde el inicio de la pandemia 28 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas, 19 de ellas eran indígenas. Mientras tanto, la violencia contra sindicalistas, manifestantes y mujeres no se ha detenido.

PRONUNCIAMIENTO

Las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas, periodistas, trabajadores organizados, movimiento feminista y TLGBIQ+, colectivos juveniles, en el actual contexto de crisis y violencia generalizada contra las personas defensoras de derechos humanos, señalamos lo siguiente:

1. Desde el inicio de la pandemia, 28 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en el contexto de defensa de sus derechos; 19 eran indígenas que defendían su territorio de mafias vinculadas a la minería y tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Los asesinatos de sindicalistas y personas que protestan pacíficamente, así como la criminalización a periodistas, a mujeres que denuncian la violencia de género y a defensoras en el ámbito de influencia de las empresas, han seguido escalando.

2. Pese a la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la situación no ha mejorado. La falta de presupuesto y de la aprobación de protocolos sectoriales, el incumplimiento sistemático de los plazos de intervención normados, la falta de atención a temas estructurales que subyacen a la violencia, como el narcotráfico o la ausencia de titulación, así como la aplicación limitada de medidas de protección, son problemas que deben atenderse de manera urgente para que el Mecanismo realmente funcione. De la misma manera, exigimos una política de reparación para las víctimas y los familiares.

3. Denunciamos que pese a las solicitudes reiteradas, la Mesa de Personas Defensoras no se reúne desde diciembre de 2021. Exigimos que se institucionalice esta Mesa como espacio de participación de la sociedad civil y de articulación de las políticas estatales de protección. Según los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de garantizar la participación de las organizaciones de personas defensoras.

4. Respecto a la Impunidad de los ataques contra defensores, solicitamos al Poder Judicial y Ministerio Público que se aceleren y fortalezcan los procesos de acceso a la justicia, a la fecha, solo hay una sentencia del asesino material en un caso.

5. Finalmente, demandamos al Congreso la ratificación en la próxima legislatura del Acuerdo de Escazú, suscrito por el Perú en septiembre de 2018 y rechazado nuevamente por la Comisión de Relaciones Exteriores. La ratificación del acuerdo es de vital importancia porque permitirá, de manera coherente, reforzar las capacidades normativas, institucionales y de gestión de parte de todos los sectores del Estado en la protección de las personas defensoras del ambiente y del territorio.

Perú, 14 de julio de 2022

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