Cuestionado por indicios de corrupción, el gobernador regional de Loreto viene armando propuestas anti-indígenas en coordinación con sectores empresariales que buscan depredar territorios indígenas.
Servindi, 30 de mayo, 2022.- El Gobernador Regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, quien cuenta con cuestionamientos por corrupción, sigue insistiendo en sus maniobras contra los pueblos indígenas de la región.
Una de sus últimas acciones es presentar en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado programado para el lunes 30 de mayo, en Iquitos (Loreto), una propuesta en contra las reservas creadas en favor de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
A esta sesión, donde participará la cuestionada autoridad, no se encuentran invitadas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la región, quienes vienen solicitando al Presidente Castillo pronunciarse y respetar el marco legal que protege a los pueblos en aislamiento.
Funcional a grupos empresariales articulados en la autodenominada Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), el gobernador ha llegado al límite de negar la existencia de estos pueblos en extrema vulnerabilidad para favorecer las actividades sobre los territorios intangibles por donde se desplazan.
Como se recuerda, esta coordinadora de intereses privados tiene operadores en el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) y el Congreso, espacios donde generan presión para eliminar la protección a los PIACI.
Junto al excongresista fujimorista, Juan Carlos del Águila Cárdenas, estos grupos buscan asegurar el recambio político en la gestión del Gorel y favorecer intereses privados de personajes con antecedentes judiciales.
En esa línea, Ochoa Sosa culpa a los PIACI de supuestamente “impedir el desarrollo” de Loreto. Sin embargo, esta sería una maniobra distractora para desviar la atención sobre su cuestionada gestión pública en el GOREL.
Maniobra distractora
El viernes 27 de mayo, Elisbán Ochoa convocó a una reunión para coordinar una agenda anti-indígena y así presionar a la sesión descentralizada del Consejo de Ministros.
La sesión descentralizada está programada para este lunes 30 de mayo en Iquitos, Loreto, y como primer punto el gobernador discutirá sobre las reservas para PIACI.
Cabe mencionar, que la CDL y el Gobernador Regional sostienen una campaña para negar la existencia de los PIACI. Intentan desconocer los numerosos estudios, avistamientos e informes en manos de las autoridades y exigen “pruebas científicas” de su existencia.
Buscan ignorar y no les importa admitir que los PIACI son grupos extremadamente vulnerables que buscan precisamente el no contacto por diversos episodios traumáticos vividos en el pasado.
Precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene “el respeto al principio de no contacto y a su elección de permanecer en aislamiento” es una de las premisas fundamentales para respetar los derechos de los PIACI (1).
En este oficio, el gobernador extiendió la invitación para una reunión anti-PIACI a decanos de colegios profesionales y “representantes de la sociedad civil”.
Negando todo
En su súbita posición actual por negar a los PIACI, Elisbán Ochoa también se contradijo con las pasadas posiciones adoptadas por el mismo Gorel que encabeza.
En declaraciones para un medio local, desconoció la inicial posición del mismo Gorel a favor de la creación de la Reserva Indígena Yavarí-Tapiche. Sin embargo, las pruebas lo desmienten.
Así se aprecia, por ejemplo, en el acta de la sesión número 27 de la Comisión Multisectorial, encargada del reconocimiento de los PIACI y categorización de reservas.
En dicha sesión se presentó, sustentó y aprobó la propuesta del Estudio Adicional de Categorización para delimitar la solicitud de Reserva Indígena Yavarí Tapiche incluyendo la conformidad del Gorel.
Es importante recordar que el 1 de diciembre de 2021 la Fiscalía intervino el Gobierno Regional de Loreto, la casa del gobernador Elisbán Ochoa Sosa y el municipio de Nauta (Loreto), entre otras dependencias.
La intervención se efectuó como parte de una investigación a 23 presuntos miembros de una organización criminal dedicada al pago y cobro de coimas para la ejecución de obras públicas.
Entonces se halló en la vivienda de Elisbán Ochoa S/ 50.000 y documentación importante que provendría de presuntos pagos de algunos alcaldes por los cuales intercedía para que se les apruebe proyectos de inversión pública de manera irregular.
En marzo de 2022 el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto pidió prisión preventiva –por nueve meses– contra Elisbán Ochoa Sosa y otros 11 investigados por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.
El avance de estas investigaciones, el poco avance de diversas obras públicas y su salida del gobierno en el marco del nuevo contexto electoral serían los desencadenantes de estas acciones desesperadas contra los indefensos pueblos en aislamiento voluntario.
Sin duda, la relación entre Elisbán Ochoa Sosa y Christian Pinasco Montenegro, quién encabeza la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto (CDL), es más cercana y estrecha de lo que uno podría imaginar.
Problemas con la ley
Cabe recordar que Christian Pinasco es un exfuncionario provincial en Monsefú, Lambayeque, donde ha sido condenado por el delito de colusión, en 2018 y aprendió las malas mañas.
Aunque su historial de denuncias es mucho más amplio, entre las que se encuentra un proceso por beneficiar a un familiar mientras era funcionario municipal en Maynas, Loreto.
Además, este personaje tiene una abierta posición anti-indígena, a quienes califica de “minoría”, se opone al derecho a la consulta previa y culpa a los pueblos y organizaciones indígenas por los problemas de la región.
El discurso de Pinasco, director de la CDL, es claramente anti-indígena. Sin embargo, no menciona sus propios antecedentes judiciales.
Con intereses empresariales y de cara a las elecciones regionales de este año, la CDL buscaría llevar al exparlamentario fujimorista Juan Carlos del Águila Cárdenas como próximo gobernador.
Previamente, se ha recordado cómo este exparlamentario, que difundía ideas falsas sobre los tratados ambientales, fue cuestionado por haber influido para que le den trabajo a su hermano, quien actualmente labora en el Gobierno Regional de Loreto.
Hermanos Juan Carlos y Juan Manuel del Águila Cárdenas. Es claro el vínculo de sectores fujimoristas con el GOREL. Sus objetivos contra la Amazonía, los PIACI y sus defensores también son evidentes.
En realidad hay mucho que hurgar sobre estos personajes malévolos y sin escrúpulos. Por esto, se espera que el gobierno no caiga en el juego de este grupo empresarial con vínculos fujimoristas, que buscan depredar la Amazonía en nombre del “desarrollo sostenible” sin preocuparse por los derechos de los pueblos indígenas que la habitan.
Nota:
(1) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”, informe aprobado el 30 de diciembre de 2013 y publicado con el apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Descargar publicación en el siguiente enlace: https://bit.ly/3PJ1Vap
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