Diecisiete comunidades del pueblo Kukama exigen reparación por compromisos incumplidos de la empresa Petrotal. Desde el 28 de febrero restringen la actividad petrolera como último mecanismo de presión para hacerse escuchar. 

Servindi, 22 de marzo, 2022.- El gobierno respondió con militarizar la zona del Lote 95 a la protesta de las comunidades del distrito de Puinahua, región Loreto, que paralizaron las actividades de la empresa PetroTal para exigir la atención del Estado y el cumplimiento de compromisos. 

“El viernes nos reunimos con el Premier y los ministros. Han condenado nuestra protesta y ahora ya han empezado a llegar militares”, señaló el Apu James Pérez, de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap).

Al respecto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó su respaldo a las comunidades y exigió al Estado detener la militarización, por medio de un pronunciamiento.
 

Desatención del Estado

Desde el 28 de febrero, 17 comunidades del pueblo Kukama impiden la actividad petrolera del Lote 95 como medida de presión para exigir la atención del Estado y reclamar por los compromisos incumplidos de la empresa PetroTal.

En vista de ello, el viernes 18 de marzo, representantes de las comunidades se reunieron con autoridades del Estado, quienes según declaraciones del Apu James Pérez condenaron la protesta y dispusieron el envío de militares.
 

Ante la situación, las comunidades anunciaron que mantendrán su lucha y que si hay represión por parte del Estado, podría pedirse la vacancia del presidente Pedro Castillo.

“La acción es de resistencia. Si hay represión al pueblo en un gobierno que se supone que representa al pueblo, se acabará la actividad petrolera y se pedirá la vacancia del presidente Catillo”, indicó Pérez.

Otra de las demandas que exigen es justicia por la muerte de tres indígenas del pueblo Kukama del Bajo Puinahua en agosto de 2020.

Pronunciamiento de Aidesep

Ante los acontecimientos, AIDESEP, la organización nacional que representa a nueve organizaciones indígenas regionales y más de 2300 comunidades nativas, emitió un pronunciamiento para rechazar la militarización de los territorios indígenas.

Alertó que las acciones que dañen la vida y salud de las comunidades indígenas violan el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, invocó al Estado a dialogar y ofrecer acciones concretas para atender la agenda social de las comunidades, recordando que son exigencias reclamadas durante siglos de acción petrolera.

El documento finaliza señalando que “(…) los pueblos de la Amazonía no permitiremos que nos sigan imponiendo por la fuerza proyectos de desarrollo sin nuestro consentimiento y sin participación directa de los beneficios económicos de los mismos”.

• Encuentra el pronunciamiento completo aquí.

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