Servindi, 14 de febrero, 2022.- Organismos de Naciones Unidas y el Banco Mundial invocaron al Estado peruano, sociedad civil, sector privado y cooperación internacional asegurar el año escolar presencial porque la educación de las niñas, niños y adolescentes no puede esperar más.

El comunicado es suscrito por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En él afirman que en Perú las escuelas fueron las primeras en cerrar y serán las últimas en abrir, a diferencia de la situación de muchos países del mundo, 

A pesar de tener menor riesgo de contagio, niñas, niños y adolescentes están entre los más perjudicados de la pandemia debido a que durante dos años lectivos han perdido aprendizajes.

Ello se expresa en que han visto afectada su salud mental y han sufrido la carencia de espacios de socialización, nutrición y protección.

En tal sentido, urge que en Perú “nos unamos para abrir definitivamente las escuelas en marzo, asumiendo cada uno el rol que le corresponden para crear las mejores condiciones de retorno y resolver las barreras que persisten”.

Foto: Unicef

Los organismos internacionales saludan la decisión gubernamental de retornar a la presencialidad escolar desde marzo de 2022 y felicita los avances en la vacunación de docentes, personal de escuelas, niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, consideran oportuno efectuar algunas peticiones para asegurar el derecho a la educación de los casi 8.3 millones de niños, niñas y adolescentes que acuden a la escuela.

Las recomendaciones son:

1. Aumento de la demanda de servicio educativo presencial. Se estima que 350 mil escolares de la educación privada migraron en el 2020 y 2021 a escuelas públicas. Si bien el sector Educación ha realizado un notable esfuerzo para atender esta demanda, el regreso a la presencialidad requerirá más espacios, mobiliarios, docentes y materiales educativos. Esta situación amerita revisar los protocolos sobre el distanciamiento físico en el aula como lo han hecho otros países, porque un aforo reducido acrecienta el déficit de espacios.

2. Infraestructura y condiciones de bioseguridad. 7 de cada 10 escuelas públicas requieren mejor infraestructura. Si bien no es posible resolver todos los temas de infraestructura en el corto plazo, se necesita asegurar que todos puedan resolver la adecuación de sus espacios para que se asegure la debida ventilación de las aulas y de todas las medidas de bioseguridad.

3. Desvinculación escolar. Se estima que 700 mil escolares han dejado la escuela o han estado en riesgo de hacerlo debido a la pobreza generada por la COVID-19. Si bien hay esfuerzos para promover la reinserción, es indispensable que el regreso a la presencialidad permita sincerar las cifras y diseñar estrategias para la reincorporación de todas las y los estudiantes, sobre de quienes han tenido menos oportunidades de aprendizaje en los dos últimos años.

4. Información a las familias. Hay muchas familias que aún tienen temores sobre el regreso a la presencialidad de las escuelas, y están expuestas a información incompleta sobre el regreso y sobre los efectos en el corto y largo plazo de no enviar a sus hijos a la educación presencial. Se requiere llegar a ellos con la información adecuada.

5. Responsabilidades compartidas. El año anterior fuimos testigos de algunos casos de descoordinación entre instancias nacionales y regionales que impidieron abrir presencialmente más escuelas cuando ya existían condiciones para hacerlo. Es fundamental mejorar el flujo de información, compartir los riesgos y asumir decisiones con más claridad.

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