Es urgente que los gobernantes y las personas honestas trabajen para debatir y proponer cambios sobre el secreto bancario. En un Estado postmoderno la privacidad económica no es relevante. Entonces, ¿Es posible que compartamos en público nuestros ingresos y egresos mensuales? Es una alternativa a tener en cuenta para superar el poder del sistema o la industria offshore.

Por Antonio Peña Jumpa*

10 de febrero, 2022.- El año 2021 ha traído una novedad socio-jurídica de gran importancia dentro de la construcción del Estado postmoderno en el mundo: los Pandora Papers. ¿Qué son y qué efectos pueden tener en nuestro Estado y en nuestra sociedad? Son preguntas que tratamos de absolver en los siguientes párrafos.

Los Pandora Papers son un conjunto de documentos obtenidos en forma extraordinaria de los sistemas de información de instituciones dedicadas a la conformación de empresas “fantasmas” o empresas ficticias en lugares denominados paraísos fiscales con el fin de ocultar dinero y no pagar impuestos. Si bien, no es la primera vez que se obtiene o filtra este tipo de documentos, la dimensión de su número y peso (11.9 millones de documentos en cerca de 3 Terabytes) y su relación con líderes mundiales que dirigen o intervienen en la dirección de la política, la economía o el arte de los países del mundo no deja de sorprendernos (ver Pandora Papers en línea).

Estos papeles o documentos fueron filtrados de al menos 14 despachos de abogados internacionales que, a su vez, se encuentran relacionados con decenas de despachos o bufetes de abogados nacionales, y fueron entregados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), institución prestigiosa que anteriormente develara documentos semejantes. El Consorcio, a través de sus agremiados, comenzó a distribuir, sistematizar, publicar y denunciar, desde setiembre del 2021, las fortunas ocultas de políticos, empresarios, artistas, funcionarios públicos y personas vinculadas a actividades ilícitas (de todas las tendencias políticas, de todos los rubros empresariales y de distintos cargos públicos).

En el proceso, aparecen involucrados Bancos, empresas multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables con sede en Estados Unidos y Europa principalmente, en adición a los cientos de empresarios, políticos (algunos presidentes y expresidentes de países latinoamericanos como el Perú), artistas, funcionarios públicos, personas vinculadas a actividades ilícitas, antes mencionadas. A todo ello se le ha denominado sistema o industria offshore: constitución y administración de empresas de papel (ficticias o aparentes utilizadas para transferir u ocultar dinero) en paraísos fiscales.

Estos hechos, nos conduce en sus efectos por varios caminos de análisis.

En primer lugar, cabe resaltar que los estudios o bufetes de abogados actúan conscientemente a partir de una premisa constitucional en cada país: constituir una empresa “fantasma” o de papel en un paraíso fiscal, no es un delito. La libertad de trabajo, como la libertad de empresa garantiza esta labor.

En segundo lugar, es conocido por los mismos estudios o bufetes de abogados que lo ILÍCITO o EL DELITO sobre los hechos anteriores se encuentra en el momento que se oculta el dinero o la información del dinero que depositan los accionistas o los titulares de estas empresas fantasmas o de papel. Sin embargo, nuevamente, el ardid legal aflora: los accionistas o aparentes titulares de las empresas de papel no son los dueños del dinero, sino jóvenes practicantes de los estudios de abogados o testaferros. Se comete un doble delito: no solo se oculta información sobre el dinero sino se encubre a los principales titulares dueños o propietarios del dinero oculto.

En tercer lugar, la labor legal de los estudios o bufetes de abogados involucrados se desarrolla bajo el principio del secreto bancario y el juego de jurisdicciones internacionales. Los multimillonarios y sus testaferros que contratan estos servicios de abogados tienen el derecho fundamental al secreto bancario en su país de origen, por ejemplo en el Perú. Pero, además, dado que los estudios o bufetes de abogados constituyen las empresas de papel en un país extranjero, donde existe otro sistema jurídico, es difícil detectarlos y denunciarlos. Al final, se burlan del derecho o el sistema jurídico nacional.  

¿Qué hacer?

Los hechos muestran el reto que compromete no solo a los gobernantes de cada país, sino a la sociedad del país perjudicado, desde donde se oculta o transfiere el dinero. Es la sociedad nacional o internacional la primera que puede detectar y controlar los hechos anteriores. Esto aparece demostrado en el trabajo realizado por quienes filtraron la información y lo trasmitieron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Pero, los gobernantes de cada país están en la obligación también de actuar. Si estos gobernantes son honestos, no tienen porque temer elaborar una norma jurídica extraordinaria para enfrentar a los estudios y bufetes de abogados, así como todo profesional que se dedique a la constitución de empresas de papel con ocultamiento de dinero. En el mismo sentido, nuestros gobernantes honestos tienen que emprender una política internacional que busque extinguir los países que se constituyen en paraísos fiscales.

Sin embargo, el punto central se encuentra en el secreto bancario. Es urgente que los gobernantes y las personas honestas trabajen para debatir y proponer cambios sobre el secreto bancario. En un Estado postmoderno la privacidad económica no es relevante. Entonces, ¿Es posible que compartamos en público nuestros ingresos y egresos mensuales? Es una alternativa a tener en cuenta para superar el poder del sistema o la industria offshore.

(escrito en Lima, el 31 de diciembre de 2021)

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* Antonio Peña Juma es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD in Laws.