Infografía del Proyecto Prevenir de Usaid expone el rol de defensores de la Amazonía peruana para proteger los ecosistemas y recuerda la ratificación pendiente del Acuerdo de Escazú como medida de protección.
Servindi, 8 de febrero, 2022.- En Perú se ha registrado 12 asesinatos relacionados a la defensa de derechos ambientales entre los años 2020 y 2021, la mayoría en la Amazonía donde persisten constantes atentados contra la vida silvestre.
Ante ello, el Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) comparte una infografía donde detalla el rol crucial de defensores y defensoras ambientales. Puede descargarse aquí.
También resalta la ratificación pendiente del Acuerdo de Escazú como una medida pendiente que permitiría garantizar la protección a las personas defensoras y la participación ciudadana en la justicia ambiental.
Actualmente América Latina es considerada la región más peligrosa para quienes defienden el derecho humano a vivir en un ambiente sano y sostenible, a partir de las cifras de asesinatos a estos líderes y liderezas en los diferentes países.
Siete países latinoamericanos, entre los que figura Perú, fueron incluidos en la lista de 10 países con mayor cantidad de ataques a personas defensoras ambientales a nivel mundial, en 2020 según la organización Global Witness.
Entre las diversas formas de violencia a las que se exponen quienes defienden los ecosistemas naturales donde habitan pueblos indígenas, están amenazas, detenciones ilegales y agresiones.
Cabe resaltar que las mujeres defensoras sufren formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual, cuya información no está completa debido a la dificultad para reportar casos.
Pendiente peruano: Acuerdo de Escazú
En Perú existen ciertas medidas para resguardar el rol de los defensores y defensoras, como la creación del Registro sobre situaciones de riesgo en personas defensoras de derechos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
No obstante, está pendiente la creación de una agenda que permita una defensa realmente efectiva. La infografía señala la ratificación del Acuerdo de Escazú como una medida necesaria para garantizar la protección de derechos de defensores.
Con ello, el Estado deberá implementar medidas para mejorar su institucionalidad, así como intercambiar experiencias y aprendizajes entre países, en un trabajo conjunto de 24 estados hacia la mejora de las estrategias.
Asimismo, la ratificación exige mejorar las condiciones en la gestión de información ambiental y promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia ambiental.
- Encuentra la infografía completa aquí.
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