Servindi, 31 de enero, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.
Resumen nacional del 24 al 30 de enero, 2022
No se hacen cargo. El ministro del Ambiente Rubén Ramírez afirmó que el Estado peruano “está realizando el trabajo que no está haciendo la empresa (Repsol) con prontitud y eficacia”.
La declaración la efectuó luego de la alerta de un nuevo derrame en la misma refinería. En total, serían casi 12 mil barriles de petróleo los que se han vertido en las costas de Lima.
La sociedad civil realiza múltiples manifestaciones en Lima, Piura, Arequipa, Puno, San Martín y Madre de Dios. También se registraron en la sede de la empresa Repsol, en Madrid, España.
Falsa indignación. Keiko Fujimori de Fuerza Popular; César Acuña de Alianza para el Progreso y María del Carmen Alva, de Acción Popular, se indignaron por el desastre ecológico de Ventanilla, sin embargo, sus bancadas se opusieron a Escazú.
El Acuerdo de Escazú es un tratado ambiental regional que promueve el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Los pedidos para priorizar su aprobación en el congreso todavía no tienen respuesta.
Debilidad institucional. A pesar del desastre ambiental ocasionado por Repsol, el Estado no cuenta con un marco legal fuerte para obligar a la empresa a remediar los impactos de acuerdo con su magnitud.
La multa máxima que podría imponer el Estado es 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a 138 millones de soles. Una suma irrisoria frente a los daños ocasionados.
Así lo destaca Beatriz Salazar, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), quien remarca que el derrame afecta a cientos de kilómetros del ecosistema marino-costero.
Cinco derrames. Tras un nuevo derrame petrolero en el Lote 192, ya son cinco los derrames que se registran en las áreas de explotación petrolera de Loreto desde fines de diciembre.
Organizaciones indígenas denuncian una lenta acción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y demás órganos ambientales para atender estos casos en el territorio amazónico.
Sin atención oficial ni despliegue de autoridades, los derrames de crudo en la Amazonía afectan, principalmente, a las comunidades indígenas y al ecosistema de sus territorios.
“Se han retirado las empresas. Nunca han remediado. Se declaran en quiebra, en liquidación… Y el Estado solamente flexibiliza las leyes para favorecer la inversión en la extracción”, indicó el apu Alfonso López, de Acodecospat.
Deforestación en Madre de Dios. Desde 1999 a 2018, la deforestación producto de la minería de oro aumentó un 90 por ciento en el suroeste de la región Madre de Dios.
Así lo reveló un estudio científico que ubica a esta actividad extractiva como la segunda gran causante de la deforestación en la región, después de la agricultura.
Ambas actividades -la minería aurífera y la agricultura- han generado la pérdida de aproximadamente 6.000 hectáreas al año.
Violenta represión. La Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas (CUNARC), de Ucayali, denunció la violencia con que la policía reprimió sus protestas en Pucallpa.
Ronderos y agricultores del distrito de Campo Verde realizaban un paro y bloqueo de pistas contra el despojo de tierras. La policía respondió con armas de fuego y dejó en gravedad a varios manifestantes.
Ahora exigen reunión con las máximas del gobierno para abordar su pliego de demandas.
Inacción estatal. El Estado pone en riesgo la subsistencia de pueblos en aislamiento al incumplir con los acuerdos para anular y reubicar las concesiones forestales que se superponen a la Reserva Indígena Yavarí-Tapiche, en Loreto.
Así lo denuncia la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), pues no se registran avances en los compromisos suscritos por Serfor, el Gobierno Regional de Loreto y los ministerios de Cultura y de Desarrollo Agrario.
De las diez concesiones forestales superpuestas al área de la reserva, cuatro tienen que ser anuladas por haber sido otorgadas de forma irregular, y las restantes deben ser reubicadas.
Enfrentan cambio climático. La comunidad Cordillera Blanca en la provincia de Recuay, en Ancash, aplica conocimientos científicos y tradicionales para enfrentar los efectos del cambio climático.
Apoyados por el Instituto Montaña y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) han conformado un Comité de Investigación para curar el agua de su localidad.
Dicha iniciativa conocida como Alli Yaky, Alli Pastu -Buen Agua, Buen Pasto- les ha valido reconocimiento internacional.
Campaña de vacunación. Brigadas del Ministerio de Cultura y de la dirección Regional de Salud recorrieron las cuencas de los ríos Sheshea y Tamaya, en Ucayali, para vacunar a nueve comunidades asháninka contra el Covid-19.
La acción es parte de una campaña del Viceministerio de Interculturalidad que desplegó una red de gestores que respetan las costumbres, la lengua y la cultura de las poblaciones indígenas de las zonas priorizadas para la vacunación.
Canales ancestrales. Un equipo de investigadores polacos descubrió una red de canales fluviales en las afueras del sitio ceremonial de Chachabamba, parte del parque arqueológico nacional de Machu Picchu, en Cusco.
Un estudio reveló alrededor de una docena de pequeñas estructuras hechas de piedra y además un sistema de alcantarillado.
Patrimonio. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a “El Ojo que Llora”, por ser un espacio simbólico entre el pasado y el presente e invitar a mantener las demandas de afectados por la violencia.