Registro de la OEFA reveló multas de mineras cuyos representantes cuestionan anuncio de Primera Ministra de continuar con el plan de cierre.

Servindi, 22 de noviembre, 2021.- En los últimos diez años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso alrededor de medio millón de soles en multas a mineras que operan en el sur de Ayacucho.

Producto de 82 acciones de supervisión en las cuatro mineras que operan en el sur del departamento, las unidades de las compañías Ares y Apumayo suman multas por un total de 114.913 UIT.

Estos datos contradicen los argumentos de empresarios mineros en medios de comunicación respecto al cuidado ambiental de actividades extractivas en la región. Especialistas señalan carencias en el enfoque mediático con el que se aborda la problemática.

Registro de multas

Los proyectos mineros en Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara en el departamento de Ayacucho, contaban con multas por infracciones en sus actividades extractivas.

Como reportó la OEFA, solamente la Compañía Minera Ares S.A.C. agrupa más del 85% de estas multas, pues sus unidades Inmaculada y Pallancata, tuvieron que pagar 75.971 y 20 UIT, respectivamente.

Con 18.942 UIT, la unidad de la Compañía Minera Apumayo S.A.C. completa la lista de sancionados en una zona donde se ha venido alertando el conflicto por años.

Por otro lado, la OEFA señaló que viene verificando el cumplimiento de los planes de cierre que los mismos titulares de las compañías gestionaron ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En este proceso, también se identificó posibles incumplimientos de las ya multadas unidades mineras Inmaculada y Pallancata, de Ares; casos que fueron derivados al Minem.

Como se recuerda, los planes de cierre contienen medidas de control que permiten que el cese de actividades mineras se realice sin dejar pasivos ambientales. Aunque estos plazos pueden postergarse para realizar mayores exploraciones.

Como señaló el especialista Paul Maquet, una búsqueda en el portal de Registros de Actos Administrativos de la OEFA, permite ver las múltiples infracciones de las mineras en los últimos años.

Como se puede apreciar en el portal, las compañías mineras cometieron infracciones en el manejo de sustancias químicas y de afluentes, la remediación ambiental, incumplimientos con normativas ambientales, entre otros casos.

Los datos permitirían entender la negativa de la población del sur de Ayacucho frente a la ampliación para procesos de explotación y exploración minera en la región.

Argumentos bajo lupa

A pesar de que el anuncio del cumplimiento con el cierre de las unidades mineras se realizó hace 3 días, los conglomerados mediáticos han dado amplia cabida a las voces de los representantes mineros.

Gremios empresariales como la Confiep, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) o IPAE, condenaron lo que calificaron como una medida unilateral del gobierno y exigieron rectificación.

Ignacio Bustamante, de Hoschild Mining (propietaria de la multada compañía Ares), sostuvo que su compañía “trabajaba con los mejores estándares ambientales nacionales e internacionales, por lo que cuestionó el anuncio de “arbitrario”, “ilegal” e “injustificado”.

Durante su presencia en un dominical, Bustamante se limitó a responder por el caso de su compañía, alegó que las unidades mineras de Ares no generaron ningún tipo de contaminación, luego de ser consultado por las multas que OEFA le impuso.

Bustamante, dijo que la decisión de la Primera Ministra era “un claro atentado del derecho que tenemos las empresas mineras” de seguir con actividades de exploración y explotación; atribución que ha sido desmentida.

En concordancia con sectores empresariales, desde el fin de semana, los diarios del grupo El Comercio reforzaron su campaña en contra la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

Portadas de diarios Perú21, Correo y El Comercio del 21 y 22 de noviembre.

Intervención ministerial

La noche del domingo, el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, señaló que las empresas mineras pueden solicitar ampliaciones de sus actividades para que el gobierno las evalúe.

En esa línea sostuvo que se convocaría a una reunión con los representantes de las empresas mineras que desarrollan proyectos en las provincias del sur de Ayacucho, para dialogar sobre la situación del plan de cierre de minas.

Chávez Cresta indicó que las inversiones mineras están garantizadas por el marco normativo y legal, marco que el presidente y el Minem reafirmaron.

Cambio de perspectiva

Tras la cobertura mediática de la problemática, José De Echave, miembro del equipo directivo de Cooperacción, indicó la ausencia de un enfoque de sostenibilidad ambiental y derechos en el desarrollo de estos temas.

“Ayer solo se ha entrevistado a voceros empresariales y a un funcionario por allí. Ni una sola entrevista a un representante de la población afectada o algún especialista ambiental”, sostuvo el economista.

Ante la perspectiva de la seguridad jurídica de los inversionistas que asumen los medios, De Echave recordó que el conflicto lleva 10 años esperando una solución.

“El mensaje a la población no puede ser estás son las reglas de juego y si las empresas quieren quedarse 40 años, no se puede hacer nada”, apuntó.

“Hay que ajustar las reglas de juego para que tengamos un mayor equilibrio y respeto a las poblaciones y los ecosistemas”, finalizó.

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