Colombia, con casi la tercera parte de los asesinatos en el mundo, fue en 2020 el país más letal para ambientalistas. México, Filipinas, Brasil y Honduras le siguen en el listado.

Servindi, 13 de setiembre, 2021.- Los asesinatos de personas ambientalistas alcanzaron la cifra récord de 227 víctimas fatales en 2020, la mayoría en Colombia y México, según denunció este lunes la ONG Global Witness en su informe anual sobre estos ataques.

"Casi tres de cada cuatro ataques ocurrieron" en América Central y del Sur, según el documento. Colombia, con casi la tercera parte de los asesinatos (65), fue -por segundo año consecutivo- el país más letal para ambientalistas.

México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17) y otra decena de naciones le siguen en el listado. Los centroamericanos Guatemala (13), Nicaragua (12) y Costa Rica (1) también figuran en el conteo, al igual que Argentina (1).

• Informe anual de Global Witness puede descargarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3EipMIm (baja resolución)

Las personas defensoras son nuestra última línea de defensa contra el colapso climático. Podemos celebrar el hecho de que, incluso después de décadas de violencia, la gente siga defendiendo su tierra, nuestro planeta. En cada historia de desafío contra el robo y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, la contaminación mortal y el desastre ambiental, hay esperanza de que podemos cambiar el rumbo de esta crisis y aprender a vivir en armonía con el mundo natural. Hasta que eso suceda, la violencia continuará.

Personas defensoras de los bosques bajo amenaza

En los casos en que las personas defensoras fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y del desarrollo industrial.

En Brasil y Perú, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país.

Casi el 30% de los ataques están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura.

De ellos, la explotación forestal fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos. México experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, registrando nueve en 2020.

Impacto desigual en contra de indígenas y mujeres

Una vez más se mantuvo el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas: más de un tercio de los ataques fatales perpetuados fueron contra pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5% de la población mundial.

A su vez, los pueblos indígenas fueron el blanco de cinco de los siete asesinatos en masa registrados en 2020.

Como ha sido el caso en años anteriores, en 2020 casi 9 de cada 10 de las víctimas de ataques letales fueron hombres. Sin embargo, las mujeres que actúan y se manifiestan también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual.

Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias.

En México, donde los ataques aumentaron 67% frente al año anterior, el pueblo Kumiai se organizó para denunciar que una empresa cervecera estaba acaparando el agua potable de su región. Oscar Eyraud, uno de sus líderes, fue asesinado en septiembre del 2020.

La responsabilidad es de las empresas

Global Witness lleva la estadística desde 2012 y en los últimos tres años ha registrado un incremento sostenido de estos crímenes (167 en 2018 y 212 en 2019).

Este año, pone el foco en "las industrias que están causando la crisis climática y los ataques contra defensores ambientales", como se titula el informe.

La extracción de madera (23), la construcción de represas (20), la agroindustria (17) y la minería (17) son los sectores vinculados a la mayoría de los crímenes.

"La exigencia de tener las mayores ganancias (...) al menor costo posible parece traducirse eventualmente en la idea de que quienes obstaculizan el proyecto deben desaparecer", anota en el documento el ambientalista estadounidense Bill Mckibben.  

El poder corporativo irresponsable de las empresas es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras.

En muchos países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las empresas operan casi con total impunidad.

En un contexto en el que el equilibrio de poder se inclina a favor de las corporaciones, no es frecuente que alguien sea arrestado o llevado ante la justicia por matar a personas defensoras.

Cuando esto ocurre, suelen ser los hombres los que aprietan el gatillo, los que sostienen las armas, los que pagan, y no aquellos que podrían estar implicados de otra forma, directa o indirectamente, en el crimen.

Los gobiernos deben detener la violencia

Todos los gobiernos han estado extremadamente dispuestos a evadir e incumplir su mandato fundamental de defender y proteger los derechos humanos, indica Global Witness.

No protegen a las personas defensoras: en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellas y, en otros, posiblemente, son cómplices de las empresas.

Peor aún, Estados de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, Colombia y Filipinas, utilizaron la pandemia de COVID para fortalecer medidas draconianas para controlar a los ciudadanos y cerrar el espacio cívico.

El informe señala que muchos Gobiernos "no están protegiendo a los defensores ambientales: en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas" interesadas en silenciar a activistas.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, Global Witness urge a Naciones Unidas que "reconozca formalmente el derecho a un medio ambiente saludable", un "vacío protuberante" en el sistema actual de derechos humanos. 

La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Estados miembro, debe garantizar que los compromisos para cumplir con el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos.

Asimismo, implementar las recomendaciones de la Relatora Especial sobre personas defensoras de derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarlas.

De igual modo, deben exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales.

Finalmente, investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras.