Roberto Castillo, exejecutivo de la hidroeléctrica DESA, podría pasar entre 20 y 25 años de prisión por ser el coautor intelectual del asesinato de la reconocida ambientalista.
Servindi, 8 de julio, 2021.- Roberto Castillo Mejía, exdirectivo de la hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) fue declarado culpable de ser coautor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido en 2016.
Castillo habría trabajado en la organización y logística para asesinar a Cáceres, quien se opuso a los planes de DESA para construir una represa en el río Gualcarque por sus impactos ambientales.
El exejecutivo, que podría enfrentar entre 20 y 25 años de prisión, es la octava persona condenada por el asesinato de la ambientalista que en 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman.
Empresario condenado
La condena contra el expresidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, fue ordenada de forma unánime por el Tribunal de Sentencia de Honduras el pasado lunes 5 de julio.
La responsabilidad de Castillo en el crimen de Berta Cáceres se estableció luego de meses de análisis de pruebas, que incluyó la extracción de información de celulares, informó el Ministerio Público.
Castillo, quien fue un alto ejecutivo de DESA, se había declarado inocente de los cargos en su contra desde que fue detenido en 2018.
Ahora, se ha previsto para el 3 de agosto la audiencia en la que autoridades judiciales darán a conocer la duración de la pena que deberá cumplir el exejecutivo.
Justicia decidirá el 3 de agosto los años que Roberto Castillo pasará en prisión por el asesinato de Berta Cáceres.
Octava persona condenada
Roberto Castillo es la octava persona condenada por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
En 2019, fueron sentenciadas otras siete personas, entre ellas Douglas Bustillo, exjefe de seguridad de DESA, que tuvo comunicación con Castillo sobre el tema, según la justicia hondureña.
Berta Cáceres fue una reconocida activista ambiental que en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Cáceres se opuso activamente a los planes de DESA para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, por los impactos ambientales que podría ocasionar.
La activista, que en 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman, denunció que, tras oponerse a la construcción de la mencionada represa, empezó a recibir amenazas de muerte.
Las amenazas se concretarían el 2 de marzo de 2016 cuando terceros ingresan de madrugada a su vivienda, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, y le dispararon a muerte.
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