Mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas responden a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien señaló que todo se trató un plan de “planificación familiar”.

Servindi, 17 de mayo, 2021.- “¿Qué política pública se aplica sin consentimiento informado, en su propio idioma, con presión, engaños, amenazas, secuestro, tortura y en condiciones infrahumanas? ¡Sí fueron esterilizaciones forzadas! Un crimen de lesa humanidad, que no prescribe”.

Esta fue la respuesta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) luego de las declaraciones de Keiko Fujimori, candidata presidencial e hija del exdictador que podría afrontar un nuevo juicio por este caso.

En un comunicado publicado el 17 de mayo, la organización que congrega a víctimas de estos abusos rechazó también el anunciado indulto a Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Rute Zuniga, presidenta de la Asociación, señaló que la candidata Fujimori solo evidencia “su desprecio hacia las mujeres pobres del país”, ya que no ha mostrado hasta la fecha ninguna preocupación por las afectadas.

El documento termina con la exigencia de que no se presenten mayores dilaciones para el avance de las audiencias, para que se abra el juicio lo antes posible y de manera transparente.

“Estamos más vivas y más presentes que nunca, con más fuerza para que la justicia se dé y las víctimas sean reparadas”, sostuvo María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Lima y Callao de AMPAEF, en comunicación con Servindi.

Comunicado de AMPAEF publicado el sábado 15 de mayo. Foto: Facebook de AMPAEF

Indulto y audiencias

Cabe recordar que, el viernes 14 de mayo, en el anuncio público del respaldo del Partido Popular Cristiano (PPC), la excongresista (2006-2011) y actual candidata a la presidencia tuvo declaraciones en contra del caso.

“El proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, ese fue un plan de planificación familiar (sic)”, respondió Fujimori al ser consultada por el anunciado indulto a su padre y las consecuencias de este.

Recordó además que el proceso lleva 20 años y se ha archivado cuatro veces. Luego de ello, dijo que iban a ser respetuosos de las decisiones de las instancias judiciales.

No obstante, no dejó claro si el proceso que está llevando su padre por esterilizaciones forzadas cambie su decisión de seguir con el indulto.

A lo largo de esta campaña electoral, la candidata de Fuerza Popular ha reivindicado el legado de Alberto Fujimori.

A su vez, no ha tenido problemas en presentar como parte de su equipo técnico a varios defensores del régimen de su padre y sentenciados por corrupción.

Entre ellos están Carlos Baca Campodónico, Carmen Lozada, Martha Moyano o el excongresista Alejandro Aguinaga, también implicado en el caso de esterilizaciones forzadas.

Palabras y pruebas

Tras las críticas, el último domingo en una entrevista televisiva, Fujimori Higuchi continuó cuestionando el caso y sostuvo que hubo una “malinterpretación” de sus declaraciones.

En Canal N, mencionó reiteradamente que los casos de esterilizaciones forzadas, “si es que los hubieran”, se tratarían de “hechos aislados”, ya que el objetivo de esta política fue la “salud reproductiva y planificación familiar”.

Por esta razón, siguió Fujimori, “se entregó información y acceso a métodos anticonceptivos a hombres y mujeres para que, de manera voluntaria, pudieran acceder a ellos”.

No obstante, la información de más de 15 años de investigación y recopilada por el fiscal Pablo Espinoza dista mucho de presentar ‘casos aislados’.

“Hay 182 pruebas que muestran que esto fue masivo y que salió de Palacio de Gobierno”, dice María Elena Carbajal.

“Además, la señora Keiko Fujimori fue la primera dama en el gobierno de su padre, por lo que ella ha debido de saber de todo esto. No puede decir que fueron situaciones aisladas”, agregó.

Delitos de lesa humanidad

Entre 1996 y 2000, más de 270 mil mujeres y 22 mil hombres fueron esterilizados.

Hasta el momento, el registro del Ministerio de Justicia tiene inscritas las denuncias de 8 mil mujeres como víctimas de estas intervenciones contra su voluntad.

Por ello, la Fiscalía ha presentado una acusación penal contra Alberto Fujimori, los exministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como contra Ulises Aguilar, exdirector de salud.

La imputación del fiscal Espinoza, que recoge los testimonios de más de 1300 mujeres, señala que esta fue una política de Estado selectiva.

Y que, además, estaba dirigida, en su mayoría, a mujeres en situación de pobreza que tenían el quechua como única lengua.

Como señala la denuncia, las víctimas fueron inducidas mediante ofrecimientos, engaños, amenazas y diversos tipos de violencia.

A esto se le suma las presiones e incentivos que recibía el personal médico para llevar a cabo estos procesos.

“Fueron a los más apartados lugares, muchos de ellos en provincia, donde a las mujeres se las tomó como animales”, recuerda Carbajal.

Además, las intervenciones se hicieron en deplorables condiciones, sin el personal indicado, ni evaluaciones previas y seguimiento posterior.

A causa de estas malas prácticas, muchas de ellas presentaron secuelas con las que, aún ahora, tienen que lidiar.

Justicia que tarda

Luego de 25 años del inicio de estas políticas y tras varias reprogramaciones por la ausencia de traductores en quechua, en marzo se presentaron los cargos contra Fujimori, Yong, Costa, Aguinaga y Aguilar.

Actualmente, las mujeres de AMPAEF vienen siguiendo el caso, realizan manifestaciones y continúan exigiendo por una justicia que, esperan, no siga demorando ni se vea afectada por indultos indebidos.

“Las mujeres estamos vivas y gritamos a fuerza que queremos justicia. Vamos a salir a las calles, antes de las elecciones y luego de ellas. Exigiremos verdad, justicia y reparación y que sea ahora”, finaliza firme María Elena Carbajal.

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