Las familias tsotsiles atravesaban situaciones de amenaza y violencia armada por una disputa territorial.

Servindi, 28 de abril, 2021.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano proteger a familias indígenas de doce comunidades en Aldama, Chiapas, con medidas cautelares mediante la Resolución 35/2021 emitida el 23 de abril.

Coco´, Tabac, Xuxch´en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama se encontraban en situación de riesgo por un conflicto territorial en la zona, señaló la solicitud.

Ante la presencia de civiles armados desde Santa Martha, Chenalhó, limitante con Aldama, la CIDH consideró que la situación reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del artículo 25 de su Reglamento.

Años de peligro

La situación de violencia es producto de una disputa, que data de 1975, por un territorio de 60 hectáreas ubicado entre terrenos colindantes en Chenalhó y Aldama.

El área fue asignada al ejido de Santa Martha, en Chenalhó, por la Secretaría de la Reforma Agraria. Sin embargo, pobladores de Santa María Magdalena, en Aldama, reclamaron la adjudicación de dicho territorio.

Años después se agravó el conflicto, pues grupos de civiles armados de Santa Martha, Chenalhó, atacaban a pobladores de Aldama en los terrenos donde realizaban su labor agrícola, explica el portal infobae.

Debido al clima de miedo, las comunidades no podrían salir a sembrar maíz, frijol, cosechar café, lo cual afectaría sus ingresos económicos, se señaló en el pedido de protección a la CIDH.

Los solicitantes señalaron eventos concretos que datan desde febrero de 2018, donde se incluye el uso de armas de fuego, desplazamientos forzados, personas heridas y asesinatos, incluso durante la pandemia de 2020.

Intervención internacional

Frente a estos hechos, la CIDH emitió su Resolución 35/2021 otorgando medidas cautelares para proteger a las familias indígenas de doce comunidades en Aldama.

El organismo internacional observó que las agresiones armadas continuaron presentándose, incluso pese a las acciones adoptadas por el Estado para atender la situación, incluyendo un Acuerdo de No Agresión.

El Acuerdo, firmado el 27 de noviembre por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señalaba que atendería y repararía a las víctimas, como afirma la publicación en su blog.

No obstante, los solicitantes expresaron que el Estado solo continuaba administrando el conflicto agrario con “acuerdos de pacificación”, cuando para ellos “ha rebasado la paz social” por la presencia de grupos armados.

Foto: Acuerdo de Paz entre Chenalhó y Aldama - Cuartoscuro

En 2021, los hechos de violencia continuaron, presentando ataques con armas de fuego en más de siete ocasiones, lo cual fue observado por la CIDH y es descrito en la Resolución emitida recientemente.

La Comisión solicitó al Estado de México que adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes para proteger la integridad de las familias y garantizar la seguridad al interior de las comunidades.

Asimismo, se le pide que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiadas y sus representantes.

De acuerdo al artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el Estado también deberá elaborar un informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos detonantes y prevenir su repetición.

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