Servindi, 15 de abril, 2021.- Frente a los alarmantes asesinatos de dirigentes indígenas amazónicos la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) declaró la emergencia de derechos humanos de los defensores/as indígenas.

En el 2020 hubo 263 asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina, de los cuales 202 de ellos sucedieron en países de la cuenca amazónica: Brasil, Bolivia, Colombia y Perú.

El 69 por ciento de los crímenes en el 2020 fueron contra líderes y lideresas que trabajaban en la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

La violencia se ha agravado en el contexto de pandemia. Solo en el primer trimestre de 2021, se registran 19 asesinatos de indígenas de Colombia y Perú que amenaza la protección de la Amazonía.

“El dramático aumento de asesinatos en el marco de la pandemia, ha puesto en peligro a los defensores indígenas y sus comunidades, al tiempo que pone en riesgo la selva tropical más grande del mundo y la biodiversidad que protegemos”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de COICA.

“Exigimos a nuestros gobiernos y a las instancias internacionales que tomen acciones para proteger a nuestros defensores y a nuestras comunidades porque deben hacerlo, caso contrario se convierten en cómplices de un etnocidio” sentenció Díaz Mirabal.

“Deben estar conscientes y la ciencia muestra, que no van poder responder a las demandas de un mundo en crisis sin nuestra contribución como pueblos indígenas, sin reconocer nuestros derechos, y sin acabar con las amenazas que nos están poniendo en riesgo.” expresó Díaz Mirabal.

Exigencias a los gobiernos

La COICA es una instancia de convergencia internacional que representa a más de 511 pueblos indígenas, incluyendo a 66 Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Como tal presentó en rueda de prensa la mañana del 14 de abril un conjunto de demandas a los gobiernos amazónicos que inicia con el pedido de adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de los/as defensores/as indígenas.

Advierte que en los sectores fronterizos los/as defensores están expuestos a "situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal" que puede "llegar a constituir un genocidio por omisión".

Piden acciones urgentes de investigación de las actividades extractivistas ilegales en territorios indígenas, para su erradicación, lo que debe coordinarse entre diferentes niveles de gobierno y las autoridades indígenas.

Demandan también ratificar y priorizar la implementación del Acuerdo de Escazú, que debe garantizar "un entorno seguro y propicio" para quienes promueven los derechos humanos en temas ambientales.

Otras exigencias conciernen a la titulación de los territorios indígenas y el respeto a los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, entre otras demandas perentorias.

Contexto agravado de violencia sistemática

La COICA destaca que detrás de los asesinatos a defensores/as de derechos humanos y de la madre naturaleza existen problemas estructurales vinculados al avance de las actividades extractivas.

Tales actividades responden a intereses corporativos coludidos con acuerdos estatales que impulsan la extracción hidrocarburífera y la minería indiscriminada.

A ella se agrega la deforestación agresiva, el narcotráfico, la militarización y un conflicto armado "que ha sido silenciado diplomáticamente y que atenta contra la integridad física y cultural" de los pueblos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha establecido que la pérdida de los/as líder/esas "representan un daño al tejido social de los pueblos indígenas".

Además de intentar silenciar las voces indígenas, "se perturba la organización y la estructura organizativa porque se obstaculiza la capacidad para expresar las preocupaciones sobre las cuestiones que afectan a las comunidades".

Sino se respeta el derecho a la vida, "todos los derechos carecen de sentido"

La COICA remarca que de acuerdo a la CorteIDH el derecho a la vida es un “derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos".

"De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido” remarca la declaración de la COICA que cita otras fuentes que fundamentan el derecho a la vida como el derecho más importante del ser humano.

Una de las resoluciones adoptada por la COICA es fortalecer el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas, a través de una hoja de ruta trabajada en conjunto con nuestros aliados.

El propósito es evitar que los/as  líderes/as "sean carne de cañón de la represión extractivista, frenar la persecución, proteger a sus familias y comunidades, y desarrollar acciones legales, políticas y judiciales".

Peticiones a los organismos internacionales

La COICA no se queda en la declaratoria de emergencia sino que además formula un conjunto de peticiones específicas dirigidas a diversas instancias internacionales de acuerdo a sus funciones y competencias.

Por ejemplo, pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunciarse y requerir información a los gobiernos sobre las acciones para prevenir, atender y reparar a los/as indígenas víctimas de amenazas y asesinatos por la defensa de la vida y los territorios.

A las Naciones Unidas solicita presentar un informe de seguimiento sobre los asesinatos de defensores/as y formular recomendaciones a los Estados de los 9 países amazónicos, para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, que haga suya esta declaratoria en su 20 sesión e inicie un proceso para diseñar y adoptar una recomendación general sobre las defensoras y defensores indígenas.

A la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) peticiona que con los gobiernos de la región parte del Acuerdo de Escazú se inicie el proceso de negociaciones de la COP para Escazú.

Ello debe realizarse con la participación de las organizaciones indígenas e incluir en el comité de cumplimiento e implementación del Acuerdo a delegados de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Finalmente, exhorta a los organismos internacionales de derechos humanos, a las organizaciones y aliados a unirse e implementar un plan de acción para salvaguardar la vida de las lideresas y líderes de los pueblos indígenas de la Amazonía.

"Es hora de dejar de invisibilizar los hechos de sangre y dolor en nuestros territorios amazónicos, que mantienen los asesinatos de nuestras hermanas y hermanos en la impunidad y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblos indígenas" concluye la declaración.