A un año del mayor vertido de petróleo de los últimos años, las autoridades ecuatorianas no remedian los daños que afectan a las comunidades.

Servindi, 12 de abril de 2021.- Hace un año se vertieron más de 15 800 barriles de crudo en la Amazonía ecuatoriana. Este 7 de abril más de 100 comunidades indígenas se movilizaron para reclamar justicia.

Manifestantes marcharon frente a la Judicatura en Francisco de Orellana, para exigir que el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) reparen los daños causados.

Es considerado el mayor vertido de los últimos 15 años, señaló la agencia de noticias EFE. Se dispersó por los ríos Coca y Napo, afectando a 27 000 personas y 105 comunidades kichwas.

Las empresas aseguraron haber asistido a las víctimas tras el derrame, pero el presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), Carlos Jipa, expresó que fue insuficiente.

"Eso no es así, cada vez que llenamos el balde de agua, tenemos que esperar a que se asiente la suciedad para consumir", expresó en la convocatoria para la manifestación a un año.

El agua contaminada con petróleo afecta a las plantaciones de las comunidades y al turismo del lugar porque amenaza a los delfines de río, explicaron asistentes a la protesta a Mongabay Latam.

Tras no obtener respuesta favorable, las comunidades acudirán a la Corte Constitucional, máxima instancia judicial nacional, para exigir su pronunciamiento, señaló Lina Espinosa, coordinadora legal de la organización Amazon Frontlines, al mencionado portal.

Daños impunes

El 7 de abril de 2020, se produjeron roturas en dos oleoductos ubicados desde la Amazonía hasta la costa de Ecuador, a consecuencia de un corrimiento de tierra en una región altamente sísmica.

Se denunció a las empresas petroleras SOTE y OCP y se responsabilizó a los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública y a la Procuraduría del Estado.

La demanda, realizada el 29 de abril por organizaciones indígenas con apoyo de grupos civiles, solicitó protección y medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo.

Sin embargo, en septiembre, fue rechazada por el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Öña. Desde entonces, las comunidades han recurrido a varias instancias sin éxito.

Foto: Traslado de personas para participación en protesta - Diego Cazar Baquero

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