Servindi, 17 de marzo, 2021.- Enorme revuelo ha causado la denuncia de un grupo de juristas que presume que el gobierno de Canadá presionó al gobierno de Guatemala y a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un proyecto minero.

Las presiones habrían sido promovidas y alentadas por la empresa Goldcorp para favorecer su proyecto minero Marlín en Guatemala, una iniciativa cuestionada por sus impactos sociales, culturales y ambientales. 

Primero lo hicieron directamente ante el gobierno de Guatemala y miembros de la CIDH; pero al fracasar en su propósito, habrían recibido el respaldo de autoridades canadienses.

El 2 de marzo, el Tribunal Federal escuchó el caso presentado por Shin Imai, profesor emérito en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, contra Canadá.

Shin Imai sostiene en su demanda que funcionarios canadienses intervinieron en nombre de Goldcorp presionando a los tomadores de decisiones en Guatemala y en la Comisión Interamericana.

Imai exige que se revelen documentos que demostrarían que Peter Kent, ministro canadiense entonces titular de Asuntos Exteriores, llamó para hablar directamente con el presidente de Guatemala.

Al no poder hacerlo habló con el vicepresidente de ese país unas horas antes de que Guatemala tomara la decisión final de no acatar la medida de suspensión cautelar del proyecto minero dictada por la CIDH.

Correos electrónicos del entonces embajador de Canadá ante la OEA, Allan Culham, dirigidos a altos funcionarios canadienses en el Ministerio de Asuntos Exteriores, indican que el representante de Ottawa se reunió con Santiago Cantón, entonces secretario ejecutivo de la CIDH, para tratar el caso Goldcorp.

Los documentos que explican el contenido de esa reunión entre Culham y Cantón están totalmente censurados.

Para salir de cualquier duda, Shin Imai y Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (Canadá), exigen que Canadá revele la totalidad del contenido de los documentos ocultos.

Ellos solicitan una orden judicial para que Global Affairs Canada revele la información tachada en 20 páginas de documentos que el departamento entregó luego de una solicitud de acceso a la información.

Shin Imai es profesor emérito en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York y cofundador y director del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa. Ha trabajado para Keewaytinok Native Legal Services en Moosonee y para el ministerio del fiscal general de Ontario. También se ha desempeñado como director académico en Parkdale Community Legal Services, director de educación clínica y codirector de la Red Latinoamericana de Investigación y Educación en Derechos Humanos, y director del Programa Intensivo sobre Tierras, Recursos y Gobiernos Aborígenes. Fuente de la imagen: https://www.canadianlawyermag.com/

¿Por qué Guatemala cambió de decisión ante medida cautelar?

La CIDH solicitó en mayo de 2010 la suspensión cautelar de la explotación de la mina Marlín de Goldcorp, ubicada en el departamento guatemalteco de San Marcos.

La CIDH tomó la decisión a petición de 18 comunidades locales y tras verificar que la mina Marlín causó daños a la salud de los pobladores, así como a sus fuentes de agua y al medio ambiente.

En junio de 2010, el Gobierno guatemalteco anunció su decisión de acatar la orden de CIDH, pero, un año después, las autoridades del país centroamericano dieron marcha atrás.

Entonces dijeron que la mina Marlín continuaría operando a pesar de la decisión de la CIDH y la oposición de las comunidades.

"Hay un intercambio de correos electrónicos que indica que Goldcorp tuvo una reunión que ellos llaman 'no oficial' con algunos comisionados de la CIDH. Y otros que hablan de una recepción en la casa del embajador con Goldcorp para celebrar su éxito", dijo Imai a la agencia Efe.

Charis Kamphuis dijo a la agencia española que Goldcorp recurrió al Gobierno canadiense después de intentar ejercer presión por su cuenta ante la CIDH.

"Goldcorp intentó abrir esa puerta por su cuenta con un bufete de abogados argentino y no le funcionó. Y de ahí fueron a los funcionarios canadienses", explicó.

Todo parece indicar que "Canadá logró negociar una audiencia informal o secreta entre Goldcorp y uno de los comisionados más pro-mineros. Por lo que Canadá logró aumentar la influencia y participación de la empresa en el proceso" explicó Imai.

Un caso de interés internacional

Si bien el caso puede tardar meses en resolverse es "de gran importancia para América Latina" afirmó Shin Imai, porque afecta a instituciones fundamentales de la Organzación de Estados Americanos (OEA), como la CIDH.

Canadá sostiene públicamente que es importante la independencia de la CIDH y que los Estados no deben interferir en sus decisiones.

Pero el caso de Goldcorp, demuestraría que Canadá intervino como Estado para que el Gobierno de Guatemala no cumpliese con la orden de la CIDH.

La demanda presentada por Shin Imai y Charis Kamphuis es apoyada por varias organizaciones de la sociedad civil, como Above Ground y MiningWatch Canada.

Emily Dwyer, coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa, dijo que a las organizaciones les preocupa que los funcionarios de Canadá hayan intentado influir de manera inapropiada en los tomadores de decisiones.

“Aunque muchos detalles están borrados, estos registros pintan un cuadro condenatorio”, dijo Dwyer en comunicados de prensa de varias organizaciones, incluidas Amnistía Internacional Canadá y Mining Watch Canadá.

"Los funcionarios canadienses, incluidos embajadores y ministros del gabinete, hicieron todo lo posible para presentar la posición de Goldcorp al gobierno de Guatemala y la CIDH" indican en un comunicado.

“Las comunidades afectadas por la mina nos dicen que todavía están lidiando con ríos contaminados, la destrucción de sitios sagrados y daños a la propiedad”, dijo Jean Symes de Inter Pares.

"La decisión del gobierno canadiense de acudir a los tribunales en lugar de revelar esta información adicional plantea la pregunta: ¿qué más hizo para apoyar a Goldcorp?" preguntó Imai. 

Imai y Kamphuis son cofundadores del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés).

Todos ellos solicitan a los tribunales que ordenen al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá hacer públicos la totalidad de los documentos censurados y que detallan la relación de funcionarios canadienses con Goldcorp, el Gobierno de Guatemala y la CIDH.

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