Servindi, 16 de marzo, 2021.- ¿Por qué los delitos ambientales siguen en aumento sin que existan sanciones eficaces para los responsables? ¿Por qué tantos agentes económicos prefieren la ilegalidad?
Estos importantes temas son analizados por el documento de política titulado: Billetera manda: Incentivos económicos de la ilegalidad y barreras para la legalidad en la Amazonía Peruana.
El documento es editado por el Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
La publicación sostiene que un delito se convierte en un negocio atractivo y accesible cuando existen incentivos tanto para la ilegalidad como barreras para la legalidad.
Con énfasis en la tala ilegal, el documento explora los incentivos económicos que promueven los delitos ambientales y analiza diversas alternativas para remover las barreras que desincentivan la legalidad.
En la Amazonía peruana, los delitos ambientales más relevantes por su impacto a la biodiversidad son la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilegal de fauna silvestre (MINAM, 2019).
Estos delitos destacan entre las actividades criminales más rentables, de mayor crecimiento y que conllevan menores riesgos para los transgresores del ordenamiento legal (ONU, 2018; PNUMA & Interpol, 2016).
A nivel mundial, el comercio de productos forestales fue de US$522 mil millones en el 2014 y, referente a ello, se estimó que la tala ilegal está valorizada entre US$52 y 157 mil millones de dólares por año.
La falla en el control y sanción del delito por parte del Estado incrementa el beneficio económico de la ilegalidad las instituciones públicas son vulnerables ante la corrupción.
Pese a las grandes brechas, dificultades y vacíos que existen, el proyecto Prevenir de USAID apuesta por implementar medidas y políticas graduales que atiendan las peculiaridades vinculadas a los incentivos económicos de la ilegalidad y las barreras para la legalidad en la Amazonía peruana.
Recomendaciones
1. Para enfrentar los beneficios económicos ilícitos
Se proponen dos medidas efectivas: aumentar las compras responsables y fomentar medios de vida alternativos. Es necesario incentivar la compra de productos de origen legal, especialmente por parte de las entidades públicas.
No obstante, también es importante incrementar las acciones de educación ambiental y de comunicación dirigidas a generar una mayor conciencia por parte del mercado nacional para la compra de madera de origen legal.
El éxito de estas actividades alternativas exige brindar orientación, asistencia técnica y seguridad jurídica, así como acceso a financiamiento, tecnologías productivas y estrategias de articulación con mercados.
2. Para reducir los costos y los trámites de la legalidad
Brindar mayor agilidad a los procesos que deben cumplir los agentes económicos y proporcionarles apoyo técnico y financiero para dichos procesos y para la mejora de su rendimiento y productividad.
Los procedimientos de acceso legal a los recursos forestales deben simplificarse con requisitos adecuados a la realidad de los productores y, en aquellos trámites que no puedan hacerse más sencillos, se debe contar con el apoyo técnico para cumplir con dichos requisitos.
3. Para reducir las fallas de control y sanción
Se deben (i) mejorar la articulación e interoperabilidad entre instituciones, (i) dotar de recursos necesarios para la supervisión y control efectivos, (iii) fortalecer el monitoreo y vigilancia a través de los actores locales, y (iv) enfrentar de manera inteligente la corrupción.
La creación de una plataforma interinstitucional de estadísticas forestales permitiría sistematizar, actualizar y compartir información entre los actores clave, así como reducir los costos de transacción y desincentivar actos de corrupción. Por ello se necesitan recursos económicos, humanos y tecnológicos que les permitan contar con la logística oportuna.
El monitoreo y vigilancia realizado por comunidades nativas, federaciones indígenas, asociaciones de concesionarios, gremios agrícolas, veedurías forestales, custodios forestales, comités de vigilancia, entre otros, deben ser apoyados con marcos normativos, tecnología y equipos necesarios para el despliegue de las actividades.
De otro lado, se deben buscar formas integrales y sostenidas para prevenir, denunciar y sancionar de manera efectiva los casos de corrupción asociados a los recursos naturales, pues dicho flagelo pone en riesgo los esfuerzos por eliminar las fallas de control y sanción.
Además, se debe considerar la implementación de estrategias de priorización de zonas de mayor vulneración de los recursos forestales, la reestructuración del sistema de control (puestos fijos y móviles, patrullaje) y la institucionalización del uso de un sistema de trazabilidad en la demanda.
4. Para el acceso de pequeños extractores a mercados
Mejorar el marco normativo para el aprovechamiento de bosques locales. La asociatividad, la asistencia técnica y el acceso a tecnologías y financiamiento son elementos indispensables para la mejora de las actividades legales. Asimismo, se les debe apoyar en el posicionamiento de sus productos en el mercado nacional e internacional y en la homologación de estándares en la comercialización de madera.
Acceda al documento a partir del siguiente enlace:
- Documento de Política #03 - Incentivos para la ilegalidad (PDF, 13 páginas).