Servindi, 27 de febrero, 2021.- Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano son los dos dirigentes del pueblo Cacataibo asesinados esta semana en Perú por presuntos sicarios vinculados al narcotráfico y el tráfico de tierras.
La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denuncia que las regiones amazónicas Ucayali y Huánuco se han convertido en un espacio geográfico para los invasores de tierras que buscan cultivar coca destinada al narcotráfico.
A pesar de la pandemia por el Covid-19 el clima de violencia y muerte se acentúa en esta área de la selva central. ”El Estado es indolente ante tantas cosas que estamos pasando" expresó Berlin Diques, presidente de ORAU.
"Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas" lamentó el dirigente.
Herasmo García Grau (28) fue secuestrado el jueves en territorio de la comunidad nativa Sinchi Roca. Un día después apareció su cuerpo cruelmente victimado.
Según ORAU el dirigente cacataibo, el día de su secuestro, estaba haciendo un recorrido por las zonas “para ver si los invasores seguían en esas áreas comunales”.
Yenes Ríos Bonsano fue asesinado cuatro días antes que García Grau, según la información preliminar con la que cuenta Diques, pero su cuerpo no podrá ser recuperado hasta el lunes, reportó el diario El País.
Yenes Ríos Bonsano era miembro de la comunidad nativa Puerto Nuevo, en la provincia Coronel Portillo, a unas cinco horas de Pucallpa, capital de la región Ucayali.
La nota escrita por Jacqueline Fowks recoge algunas declaraciones del presidente de ORAU en las que exige a las autoridades proteger “de verdad los derechos colectivos y el territorio” para detener el avance del narcotráfico.
”Todos conocen y saben, sobre todo la policía, pero no hay acciones, hay mucha corrupción”, cita la nota de El País.
Según el líder amazónico, la autoridad forestal calcula que 42.000 hectáreas han sido deforestadas en las tierras de comunidades indígenas, principalmente por causa del narcotráfico.
Ricardo Pérez, miembro del equipo de Amazon Watch en Perú, indica que algunos de los apus amazónicos amenazados han solicitado garantías, pero la policía solo les da protección en las ciudades.
“En las comunidades están enfrentándose a los narcos que quieren sembrar coca, todos los días están frente al peligro”, afirma.
Impunidad instalada
En octubre de 2020 líderes indígenas participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y violación de derechos de defensores indígenas.
En la sesión se denunció que el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y la impunidad frente a estas ilegalidades tiene como consecuencia el asesinato de los líderes.
En diciembre, una comitiva indígena se reunió con autoridades peruanas en la capital pero “En la práctica el Estado ha hecho muy poco o nada, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana” indicó Magaly Ávila de la oenegé Proética.
A raíz de los asesinatos de García y Ríos, las organizaciones indígenas amazónicas temen por la vida del apu Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), quien ha vuelto a recibir amenazas.
Desde 2011, 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas en Perú según el informe ‘Socavando derechos’, que presentaron el jueves el Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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